El proyecto de reforma tributaria que se radicó en el Congreso el pasado 28 de julio parece escrito para otro país. No para uno como Colombia, con serias premuras sociales y fiscales, azotado por una profunda desigualdad, y con la necesidad de atraer inversión extranjera. 

La medida que más ha despertado críticas, y no es para menos, es la extensión de un IVA del 10% a algunos productos de la canasta familiar básica, como la papa, el arroz y la raspadura de panela. Consciente de lo regresivo de este gravamen, dado que los colombianos más pobres tendrán que pagar lo mismo que los consumidores más ricos, el gobierno propone devolverle de manera anticipada 233 mil pesos a cada hogar del Sisbén 1 y 2. Pero, ¿cómo compensarán a aquellos ciudadanos no “sisbenizados”? O, más bien, ¿será que esto estimulará que se “sisbenice” a más de los que realmente tienen derecho? Peor aún, si este aumento generará 0,7 billones de pesos en 2007, pero devolverles el IVA a los pobres representa 1,2 billones de pesos, a fin de cuentas, se pierde más de lo que se gana. Por lo demás, el IVA del 10% también será para insumos agrícolas como plaguicidas, insecticidas y abonos materiales. Si en el marco del TLC firmado con Estados Unidos el gobierno prometió compensar a los pequeños agricultores que se vean afectados por la entrada de los productos estadounidenses, es absurdo que el proyecto de reforma tributaria empeore la situación aumentando el precio de los insumos agrícolas. 

Como si no fuera suficiente, el proyecto propone suprimir algunos beneficios tributarios, tales como las deducciones por donaciones a entidades sin ánimo de lucro. Esta medida equivale a decretar la muerte de las fundaciones y las instituciones educativas, cuyo sustento económico proviene principalmente de donaciones. Si bien es cierto que dichas donaciones tienen un móvil altruista, también es verdad que en muchos casos hay motivaciones fiscales que las incentivan (lo cual no es para nada reprochable). De manera que si llegan a eliminar estos beneficios, tales instituciones se verán impedidas para continuar prestando aquellos servicios sociales que de por sí el Estado colombiano no tiene la capacidad para proveer y que nuestra sociedad demanda con urgencia.
Para rematar, aunque al gobierno no le parezca un tributo “bueno” y “sensato”, la reforma mantiene el impuesto del 4 por 1.000 y además reduce el monto de la transacción sobre el cual se aplica. Lo ridículo es que diga que se vio obligado a mantenerlo debido a que “no se han podido sustituir los recursos que actualmente se reciben”, cuando existen soluciones equitativas que no se incluyeron, como el impuesto a las pensiones. 

En un primer instante, este gravamen puede parecer regresivo y poco equitativo. Todo lo contrario. Si las pensiones se tratan como un ingreso más y se aplica el principio de progresividad, es decir, que a mayor nivel de ingresos, mayor la contribución, la medida resulta equitativa y redistributiva. Dicho de otra manera, las pensiones más bajas no causan impuestos, pero a medida que vaya aumentando el monto, se gravan proporcionalmente y en concordancia con la totalidad de los ingresos del contribuyente. Restaría determinar a partir de qué monto serían gravadas. 

Lo contradictorio es que con la reforma, un colombiano que gana entre 2,8 y 10,2 millones de pesos, es decir, entre 7 y 25 salarios mínimos mensuales, pague un impuesto del 15%, pero que pensiones que superan los 20 salarios mínimos mensuales estén exentas de todo gravamen. Además, si una de las preocupaciones del gobierno es disminuir la evasión, nada es más fácil que saber quiénes son los beneficiarios de las pensiones, pues existe un registro de los pensionados tanto de las entidades públicas como de las privadas. Ahora bien, por ser un impuesto que afecta directamente a los parlamentarios y porque, como decía, parece regresivo en un primer instante, podría ser una medida complicada de aprobar por el legislativo. Pero es inaudito que el gobierno no sea capaz de dar la batalla por una medida equitativa y redistributiva cuando el presidente Uribe cuenta con un capital político de siete millones de votos y una “aplanadora” en el Congreso. 

En el cuatrienio anterior hubo un primer intento de reforma tributaria que fue retirado por el gobierno. El actual, ya tiene tufo de fracaso por la cantidad de contradicciones y medidas inequitativas. ¿Cuándo nos encaminaremos realmente a un sistema tributario fundado en los principios de equidad y progresividad?