De una parte, algunos magistrados, incluso actuando como presidentes de sus corporaciones, tienen una actitud mediática proactiva que a veces corresponde a quien busca votos. Es clara la torpeza política y jurídica, y además el despropósito ético, del espantajo de denuncia penal contra Orozco. Adicionalmente, en los últimos años hemos visto a magistrados soltando afirmaciones de tipo político, que independientemente de su veracidad, son ajenas a sus funciones judiciales.

Algunos ejemplos de esta imprudencia ante los medios, incluyen apoyar la propuesta de los centros de consumos de drogas; afirmar que congresistas “resentidos” intentaban una “revancha” contra la Corte Suprema; señalar que existía una “convivencia entre paramilitares y asesores de palacio”; indicar que Uribe traicionó a la Corte Suprema en el debate de la tutela contra providencias judiciales, como consecuencia del apoyo de la Corte Constitucional a la reelección; o sugerir que el Gobierno capturó a la Fiscalía General de la Nación (ver minuto 5:50).

Estas acciones mediáticas de los magistrados no son propias de la mesura que exige su investidura; y le resta dignidad a su cargo de jueces imparciales que deberían estar por encima de las riñas políticas cotidianas.

Pero esto no quiere decir que las altas cortes le hayan apostado a una relación dinámica y cercana con la ciudadanía. Al revés: cuando se trata del escrutinio público de su desempeño, las cortes dejan mucho qué desear. Así, aunque probablemente el principal papel de las cortes es la toma de decisiones judiciales que guíen al Estado y a los particulares en la solución de problemas jurídicos, los sistemas de búsqueda de jurisprudencia de la Corte Suprema y el Consejo de Estado son desastrosos – cuando no están caídos- (el de la Corte Constitucional es menos malo, pero está lejos de ser ideal). Igualmente, cada vez se demora más la publicación de sentencias -así sea de decisiones ya tomadas y de altísima sensibilidad pública-.

Tal vez el control más importante de un tribunal es la crítica pública a la calidad de sus sentencias, que a su vez son su principal mecanismo de expresión. Pero es difícil acceder de forma ordenada y completa a la jurisprudencia.

También, como ya se ha repetido, el servicio que presta el Consejo Superior de la Judicatura en la producción de datos y el acceso a información acerca de la conducta del sistema judicial es muy limitado. Lo mismo sucede con el monitoreo y la evaluación de políticas judiciales, que son casi inexistentes, por lo que la ciudadanía tiene muy poca información acerca del desempeño de los funcionarios judiciales y del manejo de los recursos de la Rama.

Por último, los ciudadanos desconocen los criterios, si es que existen, con los cuales seleccionan algunos de los funcionarios de las altas cortes, o se eligen a los ternados para otras corporaciones (al parecer, la Corte Suprema se sacó del sombrero la desafortunada nominación de Ordoñez para repetir en la Procuraduría).

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Los magistrados deberían ser parcos en el debate mediático (así el cubrimiento de algunos medios sea frustrante); y a la vez, ser abiertos, pacientes y accesibles frente al examen público de su desempeño. No al revés. Y este desacierto acerca de cómo expresarse puede eclipsar su rol positivo en los últimos años, de protección activa de los derechos constitucionales y de preservación de su independencia frente a fuertes presiones de la política o la criminalidad.