El alimento del conflicto

El tráfico de drogas y la violencia asociada con el mismo han jugado un papel central en el conflicto armado colombiano. Por ello no es extraño que hoy uno de los puntos de la agenda de negociación entre el Gobierno y las FARC sea la “solución al problema de las drogas ilícitas”.

La pregunta es entonces cómo las partes habrían de abordar el debate y hasta dónde podrían llegar en este asunto. Dado que el tema es jurídica y políticamente complejo, es importante empezar a aclarar el panorama. Como un intento de contribución, en este artículo identificamos cinco tesis básicas que serían premisas para el debate, y luego las aterrizamos en cinco propuestas para la agenda futura.

Presupuestos del debate

1. En primer lugar, las negociaciones no podrían desconocer que el prohibicionismo ha fracasado. Las políticas de drogas desarrolladas por los Estados, y sustentadas en un régimen de fiscalización internacional que le apuesta a la prohibición de la producción, distribución y tráfico de estupefacientes han mostrado ser ineficaces y altamente costosas en términos de derechos humanos.

Así, por ejemplo, aunque las medidas y acciones punitivas han venido en aumento, las redes de tráfico siguen funcionando y quienes acaban por pagar largas sentencias en las cárceles alrededor del mundo son los eslabones débiles de las cadenas de comercialización.

El fracaso de estas políticas es estructural y, de hecho, no podría ser de otra forma, pues están afectadas por el “efecto globo”, ya que un éxito geográficamente localizado frente a las redes de producción y distribución solo implica el desplazamiento de la misma a otra zona del mundo, pero no su eliminación.

El objetivo de tener un mundo libre de drogas es irrealizable y solo ha generado enormes costos para las democracias modernas, pues ha implicado violaciones graves de los derechos humanos.

El objetivo de tener un mundo libre de drogas es irrealizable y solo ha generado enormes costos para las democracias modernas, pues ha implicado violaciones graves de los derechos humanos.
2. Las partes en la negociación deberían reconocer los enormes costos que ha tenido que pagar Colombia por las políticas prohibicionistas que ha adoptado en materia de drogas de uso ilícito.

La lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, ha conllevado enormes costos económicos y democráticos para Colombia, pues ha justificado la limitación de garantías procesales y la adopción de penas desproporcionadas.

3. El tercer presupuesto es metodológico y se funda en la distinción propuesta por Ethan Nadelman y Louk Hulsman entre problemas primarios y secundarios de las drogas de uso ilícito. Mientras que los primeros resultan directamente del consumo de dichas sustancias, los segundos surgen de las políticas adoptadas por los Estados para controlarlas.

Al tomarse en serio la distinción, se hace evidente una paradoja, pues el narcotráfico, lejos de ser un problema primario de las drogas de uso ilícito, es un problema secundario, pues se deriva de las políticas prohibicionistas, ya que son estas las que crean un mercado lucrativo y los incentivos para participar en el mismo.

Colombia debería apostarle a la adopción de estrategias diferentes, que pasen, como lo está haciendo Uruguay, y como se ha hecho frente al tabaco, por hacer el consumo legal y regular la distribución.
Metodológicamente, entonces, una política sensata debería reconocer esta distinción y adoptar medidas que enfrenten los problemas primarios, sin causar o minimizando los problemas secundarios.

4. Frente a las constataciones anteriores, las negociaciones deberían apostarle a la adopción de políticas alternativas. Si el prohibicionismo ha fracasado porque no ha logrado acabar con las drogas de uso ilícito, y por el contrario ha propiciado el surgimiento del narcotráfico y ha contribuido a crear espacios de violencia, acarreando enormes costos en términos de derechos humanos, ¿para qué insistir con la prohibición y sus medidas?

Colombia debería apostarle a la adopción de estrategias diferentes, que pasen, como lo está haciendo Uruguay, y como se ha hecho frente al tabaco, por hacer el consumo legal y regular la distribución. Hoy por hoy, con la abrumadora evidencia empírica del fracaso del prohibicionismo, no existen razones para persistir en él.

Los Estados cuentan con un margen de acción, y es posible hacer cambios en las políticas nacionales en el corto plazo.
5. Pero la regularización plena puede enfrentar restricciones jurídicas, derivadas del régimen internacional. Sin embargo, y esto nos lleva a un quinto presupuesto, los Estados cuentan con un margen de acción, y es posible hacer cambios en las políticas nacionales en el corto plazo.

Las negociaciones abren un espacio interesante para, por un lado, reafirmar las críticas del país a las políticas existentes y fortalecer el compromiso del Estado con el debate internacional sobre la necesidad de modificar el régimen internacional; y por el otro, discutir cómo, reconociendo los límites que los acuerdos nacionales puedan tener en este tema, el Estado puede avanzar hacia políticas que permitan enfrentar mejor los problemas asociadas con la demanda y oferta de drogas de uso ilícito, mientras se dan los cambios en el plano internacional.

Las políticas alternativas en el marco de la prohibición

Aunque el régimen internacional de fiscalización de drogas de uso ilícito ha sido aplicado en el marco de un entendimiento extremo de la prohibición, y por tanto ha implicado adoptar políticas altamente represivas, punitivas y estigmatizadoras de los consumidores, no es tan rígido como lo ha querido presentar la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

El régimen ofrece espacios para la interpretación de los Estados y, en todo caso, debería ser interpretado en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En este sentido, el camino para las políticas alternativas puede abrirse a partir de una reinterpretación de las obligaciones internacionales en materia de drogas, en clave de derechos humanos.

Esta sería posible al reconocer que las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos están llamadas a prevalecer sobre las de la persecución a las drogas. De acuerdo con el derecho internacional, esta prevalencia se explica al menos por dos razones:

Primero, porque muchas de esas obligaciones de derechos humanos se derivan de normas del ius cogens, normas que tienen una mayor jerarquía normativa y en consecuencia son prevalentes.
Segundo, porque los tratados de derechos humanos son una expresión de la Carta de Naciones Unidas, y las obligaciones derivadas de esta tienen prevalencia sobre cualquir otra obligación de derecho internacional (Artículo 103).
Con una interpretación de las obligaciones de drogas en clave de derechos humanos se abren márgenes de maniobra para adoptar políticas más razonables. Veamos algunas de estas políticas posibles.

Las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos están llamadas a prevalecer sobre las de la persecución a las drogas.
En materia de oferta

En primer lugar, acabar con la fumigación aérea de cultivos. Como lo han mostrado diversas investigaciones esta política, además de una eficacia casi nula, ha tenido importantes repercusiones negativas para el medio ambiente y para las comunidades que viven cerca de las zonas fumigadas.

En segundo lugar, es importante repensar la política criminal en materia de delitos relacionados con drogas de uso ilícito. Así, deben promoverse una investigación y una judicialización estratégicas, que se enfoquen en la criminalidad organizada, y no en acabar con la oferta, pues eso es imposible. Para hacerlo, por ejemplo, debería evitarse la judicialización de los pequeños cultivadores, pues esta no enfrenta globalmente el fenómeno.

En sentido similar, sería más razonable enfocar la persecución policial en los distribuidores que ejerzan violencia y en aquellos que expendan a niños y niñas, y no en todas las personas que porten drogas de uso ilícito.

Aunque todo esto se puede hacer en el marco de la autonomía interna, Colombia debería seguir liderando la discusión internacional.
Una intervención inteligente de Policía y Fiscalía, con prioridades adecuadas, evitaría que las personas que constituyen los eslabones débiles de las cadenas de tráfico, sean quienes acaben pagando sentencias desproporcionadas, y podría ser más eficiente para desarticular las redes de tráfico existentes. Aunque esto no evite el efecto globo que acompaña al tráfico, al menos implicaría menos costos en términos de derechos humanos.

En materia de demanda

Las políticas del Estado deberían fortalecer la idea de la despenalización del porte para consumo y ofrecer mejores garantías para los usuarios de drogas de uso ilícito. Aunque en Colombia el porte para consumo de dosis personal está despenalizado desde 1994, la persecución policial de la sustancia hace que algunos consumidores acaben privados de la libertad, pagando penas equivalentes a las que recibiría un distribuidor, o incluso un traficante. Esto es indeseable, pues limita de manera desproporcionada sus derechos, y aumenta el estigma que recae sobre ellos.

Por eso, las políticas de drogas deberían fortalecer las garantías que se ofrecen a los usuarios, mediante estrategias de reducción de riesgos y daños, y disminuir los componentes represivos y punitivos de las mismas.

En materia de discusión internacional

Aunque todo esto se puede hacer en el marco de la autonomía interna, Colombia debería seguir liderando la discusión internacional, con el fin de promover la transformación del régimen internacional de fiscalización de estupefacientes.

El reto para las negociaciones es entonces enfrentar el fracaso estructural y los costos enormes del prohibicionismo, apostándole a adoptar políticas alternativas. Aunque las políticas de drogas podrían no ser modificadas radicalmente en lo nacional, debido a las restricciones internacionacionales, hay márgenes de actuación que Colombia, hasta ahora, no ha aprovechado.

Aunque el desafío es enorme, resulta fundamental que el país transforme sus políticas en la materia y adopte medidas más razonables.