El título de esta columna se inspira en aquel estribillo que cantaba el salsero Héctor Lavoe en su popular canción Mi Gente. Lo que probablemente Lavoe nunca se imaginó fue encontrar una fanaticada tan fiel entre muchos dueños de bares y discotecas de Colombia.

Quienes acostumbran rumbear en estos sitios conocen bien los denominados “filtros” que más allá de pedir la cédula y evitar el ingreso de armas a las discotecas se han convertido en un incontrolado micro-poder social. En muchos lugares sólo quienes demuestren estar identificados con determinada marca de ropa, zapatos, accesorios, y ademanes propios de una clase social característica pasan el examen de ingreso.

Al son que nos tocan, muy pronto antes de salir a rumbiar habrá no sólo que entregar las llaves, sino además, alistar el paz y salvo de Datacrédito y el pasaporte con visa vigente a uno de los países del norte.

Pero hay colombianos, como demostró una investigación adelantada por estudiantes de derecho de la Universidad de Los Andes, que aun vistiendo los mejores zapatos Ferragamo no pasan el “filtro”, pues como dice el anuncio de la tarjeta de crédito: hay cosas que el dinero no puede comprar.

Eso fue lo que experimentaron hace algunas semanas varios jóvenes afrodescendientes cuando intentaron ingresar a tres reconocidos bares del norte de Bogotá. Los jóvenes –profesionales exitosos, educados en prestigiosas universidades de Colombia y del extranjero- estaban “bien vestidos” y sobrios. Aun así, no les fue permitida la entrada a ninguno de estos lugares. La negativa en este caso no pareció motivarse en la clase, sino más bien en el color de piel.

Días después el diario El Tiempo publicó una nota en la que denunció los hechos (El Tiempo, Mayo 17 de 2008). Dos socios de los establecimientos entrevistados por el periódico reconocieron la situación de manera desafiante. La Directora del Instituto de la Participación y Acción Comunal de la Alcaldía de Bogotá reconoció que hechos como estos a pesar de ser comunes son difíciles de sancionar debido, entre otras razones, a la falta de denuncias.

Por ello debe resaltarse la valentía de estos jóvenes que se negaron a que el suceso terminara convirtiéndose en un periódico de ayer y le llevaron su voz cantante a un juez de tutela. Más allá de resolver su situación particular, los denunciantes buscan que las autoridades adopten medidas generales que eviten que este tipo de situaciones se presenten en el futuro.

El racismo se ha entronizado en la vida diaria gracias a nuestra indiferencia. Poco hemos hecho como sociedad, y como individuos, para oponernos a estas prácticas. Tendemos a creer que el Estado debe resolver estos problemas y no somos conscientes de la enorme influencia que podríamos ejercer, como ciudadanos y como consumidores, frente a estos establecimientos.

Así, una medida que como consumidores podríamos utilizar es el boicot comercial a estos lugares. Podríamos seguir el ejemplo de cientos de ligas de consumidores alrededor del mundo que han incluso promovido la creación de normas internacionales para poner en cintura a empresas transnacionales acusadas de fomentar o permitir violaciones a derechos humanos y la destrucción del medio ambiente.

Complementariamente, una medida ciudadana que estamos moralmente obligados a adoptar es romper el silencio detectando y denunciando estas prácticas. Oponernos a que pasen desapercibidas y a que sean tranquilamente aceptadas e incorporadas en nuestra cotidianidad. En otras palabras, lo que nuestra responsabilidad social nos exige es que cuando hechos de este tipo sucedan le hagamos caso al Cantante de los Cantantes repitiendo ese coro que dice: cuando la discriminación se presente, que cante mi gente.