Por estos días, dos discusiones aparentemente inconexas están en el centro del debate público. La primera se ha dado en las calles, gracias a que los estudiantes universitarios nos han recordado, con sus creativas manifestaciones en favor de una educación gratuita y de calidad para todos, que el espacio público también debe ser un escenario democrático. La otra se da en un lugar donde la democracia se ha mostrado impotente: en las frías oficinas del Ministerio del Trabajo en donde la Comisión de Concertación Salarial repite su ya conocido ritual de final de año para analizar -y ojalá por fin acordar- cuánto debe subir el salario mínimo.

Estos dos debates, en apariencia tan distintos, están, sin embargo, estrechamente relacionados. Sin que parezcan reconocerlo, las preocupaciones de los miembros de esta Comisión por diseñar estrategias que contribuyan a reducir la informalidad hallan su respuesta, felizmente, en las reivindicaciones de los estudiantes. En efecto, la mejor estrategia, actuando por el lado de la oferta laboral, para reducir la informalidad y mejorar los ingresos de los trabajadores consiste en apostar por una política ambiciosa de educación superior. ¿Cómo se explica esta conexión?

Según la teoría económica tradicional, un empresario del sector formal decide contratar a una persona si el aporte que ésta hace al proceso productivo equivale al menos al salario que debe pagarle, en este caso, al salario mínimo (SM). Para una empresa formal no resulta rentable contratar a personas cuya productividad es insuficiente para generar un valor agregado equivalente al menos al SM. Una buena parte de los trabajadores sin educación superior –que representan un 67% de la fuerza laboral en Colombia- tienen productividades inferiores a las del SM. Por esa razón, al sector formal no le interesa contratarlos.

En los últimos 4 años, en las 13 áreas metropolitanas del país no se ha creado un solo empleo formal para trabajadores sin educación superior. Antes bien, entre mayo de 2007 y el mismo mes de 2011 se destruyeron alrededor de seis mil puestos en el sector formal para estos trabajadores. El sector moderno de la economía, el que genera trabajo formal, le interesa cada vez menos contratar trabajadores sin educación superior: en el año 1996 un 70% de los trabajadores contratados en este sector tenían máximo educación secundaria, mientras que en 2010 solo un 47% estaban en esta condición. En cambio, el sistema educativo ha respondido a estas exigencias del sector formal de manera mucho más lenta: en 1996 un 80% de la fuerza laboral no tenía educación superior, y para 2010 un 67% de los trabajadores continúa sin poder acceder a este derecho.

Es cierto que también hay universitarios o tecnólogos desempleados, o trabajando en oficios que no son acordes con sus niveles educativos. Pero la probabilidad de caer en la informalidad de estos trabajadores es inferior a la de quienes tienen máximo bachillerato completo, y su tasa de desempleo alrededor de dos puntos menor. Además, teniendo bachillerato completo un año de pregrado eleva los ingresos en 18%.

Entonces, de ser cierta la explicación de la informalidad basada en la teoría tradicional, la conclusión más desafiante que se puede extraer de estas cifras no es que haya que dejar que el SM se ajuste a la productividad de los trabajadores poco calificados para que los empresarios los contraten a menor costo, sino, por el contrario, que hay que incrementar la productividad de estos trabajadores, con una política masiva de educación superior –técnica, tecnológica y profesional- de calidad, para que a los empresarios formales les interese contratarlos pagándoles una remuneración digna.

La lógica cortoplacista de algunos economistas debe ser invertida para darle un rostro más humano y contribuir a que de ella se desprendan recomendaciones más estratégicas en función de un proyecto de transformación productiva de largo aliento.

No obstante, en ausencia de la voluntad política para hacer de la educación pública superior un derecho universal, deben pensarse mecanismos para que el aumento de la cobertura se concentre en la población de menores ingresos. Hoy, en las universidades públicas, el 61% de los alumnos pertenece al 40% más rico de la población. Por lo tanto, la discusión sobre el financiamiento tiene que reconocer que hay que diseñar estrategias para garantizar que la oferta estatal subsidiada beneficie, principalmente, al 60% más pobre. Pensar en cómo facilitar el acceso de los habitantes rurales, por ejemplo, es un tema pendiente de una agenda seria por el empleo y por una educación superior con equidad.

Aumentar considerablemente los recursos para incrementar la cobertura de la educación superior sin deteriorar la calidad, no tendría porque requerir mayor justificación que la importancia autónoma de garantizarle este derecho a toda la juventud colombiana. Sin embargo, si al gobierno no le parece esto suficiente para convencerse, es importante que sepa que si se decide a invertirle a la educación también podrá reducir la informalidad para tener, por fin, buenos indicadores que mostrar en este campo.