La inédita situación que se ha presentado en Venezuela con ocasión de la enfermedad de Chávez ha dado pie a un enconado debate constitucional en el país vecino. Para algunos, la decisión de dar continuidad al gobierno saliente hasta tanto se lleve a cabo la toma de posesión y juramento de Chávez es un claro fraude a la Constitución. Se ha hablado incluso de usurpación del poder y golpe de Estado. Para otros, la decisión preserva la voluntad popular expresada en los comicios en los que resultó elegido Chávez y de este modo, lejos de violar la Constitución, lo que hace es honrarla.

Según los opositores y algunos constitucionalistas venezolanos, ante la ausencia de Chávez en la toma de posesión, se debía encargar temporalmente de la presidencia al presidente de la Asamblea Nacional y convocar a elecciones en el plazo de 30 días. Sin embargo, no parecía ser esta la salida dictada por la Constitución, pues se trata de una opción prevista únicamente para los casos en que existe una falta absoluta del Presidente electo. No era este el caso. Tendría que haber muerto Chávez o existir una certificación médica de su incapacidad física o mental permanente; o tendría que haber renunciado o la Asamblea haber declarado el abandono del cargo. Pero nada de esto había pasado antes de la posesión. Otra cosa es que se haya eludido la determinación de si dado el estado de salud de Chávez existe una falta absoluta. Pero en ausencia de una certificación sobre su incapacidad permanente, esta vía no parecía ser la indicada.

Lo cierto es que, a diferencia de la anterior Constitución de 1961 que establecía una salida clara en caso de que el Presidente no pudiera asistir a la posesión por cualquier razón, la actual solo prevé una salida en caso de que exista una falta absoluta. En tanto no era este el caso, lo que hizo el Tribunal Supremo fue llenar el vacío con la tesis de la continuidad del mandato que permite que el gobierno saliente permanezca en el ejercicio del poder. ¿Hasta cuándo? Por ahora, por tiempo indefinido pues tanto la Asamblea como el Tribunal han insistido en que no hay una falta temporal del Presidente –que tiene un límite de 180 días—, sino un permiso para estar por fuera del país por el tiempo necesario para su recuperación.

En este caso es difícil hablar de un fraude constitucional, considerando que se trataba de llenar un vacío y que la tesis de la continuidad, aunque problemática, no carecía totalmente de asidero. Más bien, la tesis ilustra bien algunos de los rasgos –y los riesgos- del constitucionalismo que se ha gestado de la mano del chavismo. El primero es el lugar preeminente del principio de soberanía popular. Uno de los argumentos centrales del Tribunal fue precisamente el de la preservación de la voluntad popular que optó por reelegir a Chávez.

El problema es que esta invocación a la soberanía del pueblo se confunde con la soberanía de quien es presentado como su portavoz: todos somos Chávez, dicen en las calles. Y aquí aparece el segundo rasgo. El notable fortalecimiento del poder presidencial en detrimento de dos principios medulares de la democracia liberal: la alternación en el poder y la independencia entre las ramas del Estado. En este caso, desdice de la independencia del Tribunal Supremo el que haya eludido el tema de los dispositivos constitucionales para hacer frente a la ausencia Chávez (la falta temporal o la convocatoria de una junta médica), y de este modo haya dejado indefinido el tiempo de extensión del mandato del gobierno saliente.

Estos dos rasgos no caracterizan totalmente el tipo de constitucionalismo que se ha ido gestando de la mano del chavismo, pero sí son dos de sus rasgos más peculiares. Y como estos suscitan miedos y esperanzas más allá de las fronteras venezolanas, bien vale la pena discutir sobre ellos.