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Women candidates to the General Attorney’s Office

President Santos should propose only female candidates for the Supreme Court to elect an Attorney so that this Office continues being led by a woman.

Por: Rodrigo Uprimny YepesMarch 12, 2012

La justificación esencial de esta propuesta es que, a pesar de ciertos avances, en Colombia subsiste una gran inequidad de género en los altos cargos, en especial en el Poder Judicial y en el Congreso.

Gracias en parte a la Ley 581 de 2000, mejor conocida como Ley de Cuotas, hoy hay mayor participación femenina en los altos cargos de la Rama Ejecutiva. Esa ley ordena que al menos un 30% de esos cargos directivos sean ocupados por mujeres. Y, en general, en los últimos años, aproximadamente un 40% de los altos cargos gubernamentales han sido desempeñados por mujeres. Es un adelanto importante, pues en los años noventa el porcentaje de ministras en el gabinete fue muy bajo y nunca superó el 15%.

Pero Colombia sigue muy atrasada en equidad de género en representación política. En 18 departamentos nunca ha habido gobernadoras y las mujeres rara vez han ocupado más del 14% de las curules en el Congreso, muy por debajo del porcentaje alcanzado por otros países latinoamericanos, como Costa Rica (39%), Argentina (38%), Ecuador (32%), Perú (27%), México (26%) o Bolivia (25%). Es posible que eso ocurra porque la Ley de Cuotas no se aplica a los partidos ni al Congreso

Esa Ley 581 se aplica además muy débilmente en la Rama Judicial, en parte porque las propias decisiones judiciales de las altas cortes han limitado su alcance. Por ejemplo, a pesar de que la ley dice que en toda terna siempre debe haber una mujer, la Corte Suprema se negó a incorporar una mujer en algunas de sus ternas para la elección de magistrados de la Corte Constitucional, justificando esa omisión con una argumentación jurídicamente muy problemática, que por limitaciones de espacio no puedo controvertir.

El resultado es que la composición de género de la cúpula judicial no es muy equitativa. En la Corte Suprema sólo hay 4 mujeres entre los 23 magistrados que hoy la conforman, menos del 18%. Y en años anteriores, la cosa era peor. La Corte Constitucional, por su parte, sólo ha tenido dos magistradas en toda su historia, frente a una treintena de magistrados. En el Consejo de Estado la cosa es un poco mejor, pues hoy hay 9 magistradas entre sus 29 integrantes.

En ese contexto, la llegada por primera vez de una mujer al cargo de fiscal general representó un avance significativo en equidad de género en la Rama Judicial. Además, este año fue suficiente para que Viviane Morales le demostrara al país, y en especial a todos los machistas escépticos, que una mujer, con la formación profesional y de carácter adecuados, puede ser una excelente fiscal.

La Fiscalía no es pues un cargo únicamente para hombres y por ello conviene, para mantener ese avance en equidad de género, que al menos por esta vez el presidente integre una terna femenina, lo cual es posible, pues hay muchísimas mujeres que, además de Viviane Morales, podrían ser excelentes fiscales. Obviamente está la propia Martha Lucía Zamora, que el país ya ha empezado a conocer. Pero permítanme citar, con simple ánimo ilustrativo, otros nombres: Nubia Herrera, exprocuradora delegada en asuntos penales; María Teresa Garcés, exconstituyente; Sandra Jeanette Castro, exjefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía; Clara Inés Vargas, exmagistrada de la Corte Constitucional; Lucía Arbeláez, exmagistrada del Consejo de la Judicatura, o Patricia Linares, exprocuradora delegada en derechos humanos. Y hay muchas otras que no conozco o no cito por límites de espacio. Pero es claro que el presidente puede conformar una terna femenina de lujo.

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