A comienzos del año pasado, varios casos de hurtos violentos en Bogotá llevaron a la Revista Semana a titular uno de sus artículos con una sola palabra: “¡Miedo!”. En este artículo, se reportó que una oleada de inseguridad “tiene en pánico a muchos colombianos”, y se señaló la ineficiencia de la justicia para encarcelar a los delincuentes como la culpable. Y así, sin intención de hacerlo, este título pone en evidencia por qué Colombia prefiere encarcelar a su población que enfrentar sus problemas sociales, y por qué los derechos de las personas privadas de la libertad son menos importantes que la seguridad: por el miedo.

Sin duda alguna, este miedo es algo comprensible en un país como Colombia. Pero mientras el conflicto armado, el desplazamiento y la violencia de grupos organizados del narcotráfico fueron los protagonistas del miedo colectivo en las décadas de los años 80, 90 y los comienzos del siglo XXI, hoy en día lo son los atracos callejeros, el microtráfico y otros hechos de delincuencia común. En febrero de 2018, la Gran Encuesta para las elecciones presidenciales de 2018 elaborada por YanHaas encontró que la inseguridad ciudadana fue la mayor preocupación para el 53% de los encuestados. También son comunes las notas periodísticas que hablan de cómo el número de hurtos, de fleteos o de violencia sexual en ciudades como Bogotá y Cali están “disparados”, incluso cuando la información oficial actual no permite concluir que la criminalidad efectivamente se encuentre en aumento.

Ante el miedo, causado en parte por la forma sensacionalista de los medios de comunicación de reportar hechos cotidianos, la respuesta del Estado ha sido, desde hace años, maximizar el uso de la cárcel, basado en la creencia equivocada de que la misión del derecho penal es “sacar de circulación” a las personas que cometen delitos; ponerlos “bajo llave”. Más aún, el miedo a la criminalidad ha llevado a creer que la cárcel es la única forma de brindar seguridad y evitar la impunidad, y que todo aquello que no es cárcel no es castigo, sino impunidad y debilidad. Por esto, la gran mayoría de las reformas al Código Penal desde el 2000 han intentado aumentar las penas de prisión y reducir la aplicación de medidas como la prisión domiciliaria. En suma, han buscado la salida de “encerrar y botar la llave”, al asegurar que las personas que cometen delitos duren el mayor tiempo posible tras las rejas.

Las políticas basadas en el miedo y en dar seguridad “botando la llave” no se han detenido, incluso luego de que la Corte Constitucional declaró y reiteró la existencia de una crisis humanitaria en las cárceles causada por precisamente políticas de este tipo. Por ejemplo, el Fiscal General propuso este año un proyecto de ley de “seguridad ciudadana” que busca aumentar (nuevamente) las penas para delitos como el hurto y los relacionados con drogas, crear nuevos delitos y reducir la aplicación de beneficios. También se opuso a leyes que, como Dejusticia lo explicó el año pasado, han buscado racionalizar el uso de la detención preventiva de personas mientras son procesadas. A este se suman las de cadena perpetua para delitos sexuales contra menores de edad y de aumentar las penas para la violencia intrafamiliar.

Con estas iniciativas, sus proponentes olvidan que la crisis carcelaria surgió por la tendencia a implementar políticas punitivas similares, e ignoran la evidencia que sugiere que aumentar penas no sirve para disuadir el crimen. Después de todo, una persona que delinque no dejará de hacerlo porque las penas se incrementen de 10 a 12 años. Así, de ser implementadas con éxito, estas propuestas no sólo no aumentarán la seguridad, sino que también elevarán los costos de funcionamiento del sistema y agudizarán la crisis, afectando los derechos fundamentales de miles de personas.

Pero quizás el olvido más importante de estas propuestas es que según nuestra Constitución, la cárcel no es un depósito donde se “guardan” personas problemáticas o peligrosas, pues su función constitucional no es encerrar a personas para que no estén en las calles. Las cárceles no son un campo de aislamiento en donde el Estado “encierra, olvida y bota la llave”, política que es más cercana a los campos de concentración de regímenes autoritarios que a los ideales de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos.  Por el contrario, como lo recuerda la Corte Constitucional en muchas sentencias, la finalidad de la cárcel no es exiliar al reo de la sociedad, sino lograr su resocialización, pues tiene derecho a vivir en sociedad una vez ha pagado su pena.

Hoy, la sociedad colombiana necesita reconsiderar el rol que la seguridad ciudadana juega en su forma de política criminal, y en particular el rol que debe cumplir la prisión. Como lo dice Abraham H. Maslow, “si todo lo que tienes a la mano es un martillo, es tentador tratar todo como un clavo”, y hoy, la cárcel parece ser la única solución que los políticos y los medios de comunicación ofrecen a la ciudadanía para resolver el delito y la inseguridad. Pero más que esto, la ciudadanía debe preguntarse si las políticas de “encerrar y botar la llave”, políticas de una sociedad autoritaria que antepone la seguridad a los derechos, se justifican únicamente por el miedo.