Una pandemia de muerte y desigualdad. Así define Soledad García Muñoz a las enfermedades no transmisibles (ENT). Soledad, abogada hispanoargentina, Drinan Chair y profesora visitante en Georgtown University Law Center, fue relatora especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente, antes de finalizar su mandato en este organismo a finales del 2023, entregó un completo informe sobre estas enfermedades y, bajo ningún pretexto, quiere que se convierta en un documento archivado y empolvado en los estantes de la CIDH.

¿Y qué son las enfermedades no transmisibles? Son aquellas que no están causadas por una infección aguda, sino que son crónicas, tienen consecuencias para la salud a largo plazo y requieren tratamiento y cuidados prolongados. 

En gran medida, las ENT son causadas por comportamientos poco saludables –como las dietas en las que predominan productos ultraprocesados– que aumentan el riesgo de padecer  problemas cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, cánceres o enfermedades respiratorias.  El consumo de productos comestibles y bebibles ultraprocesados está relacionado con el aumento en el riesgo de muerte prematura. Incluso, algunos estudios han mostrado una relación entre el consumo de bebidas azucaradas y un mayor riesgo de muerte. 

Para ponerlo en contexto, según datos del Banco de la República, en Colombia el porcentaje de muertes atribuidas a ENT incrementó de 40% en 1979 a 61% en 2019, destacándose que la principal causa de muerte en el país es la enfermedad cardiovascular. Específicamente en 2023, las enfermedades del corazón fueron la primera causa de defunción con un porcentaje del 17,2% del total.

Por ello, las autoridades de salud pública a nivel global y regional han recomendado diversas medidas para prevenirlas, como los impuestos saludables, pues el bajo precio de los productos ultraprocesados, entre ellos las bebidas azucaradas, han contribuido fuertemente a su rápida expansión global y la popularización de su consumo. 

Soledad reconoce esas medidas como vanguardistas e innovadoras, pero expresa su inquietud ante posibles retrocesos en la materia. Allí es donde un informe como Las Enfermedades No Transmisibles y Los Derechos Humanos en Las Américas juega un papel fundamental. Puede convertirse en una herramienta poderosa que cuenta con los datos necesarios para conocer el contexto y diseñar estrategias y políticas públicas que permitan enfrentar el problema.

Como dice Soledad, se trata de que el informe “trascienda fronteras y genere un impacto hemisférico”. Hablamos con ella sobre qué imaginó al construir este documento, así como la relevancia que adquiere para Latinoamérica y el Caribe y para el trabajo articulado entre la sociedad civil y los Estados. Esto fue lo que nos dijo.

¿Cuál fue la motivación detrás del informe ‘Enfermedades No Transmisibles y Derechos Humanos en las Américas’?

Soledad García Muñoz: “Hubo varias motivaciones. En primer lugar, los datos. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte a nivel mundial y son responsables de más del 70% de fallecimientos en el mundo. En la región de las Américas, representan el 80% de las muertes, con un 39% de estas siendo muertes prematuras. Más de dos tercios de estas enfermedades son prevenibles, atribuibles a factores de riesgo modificables como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la falta de actividad física y las dietas poco saludables. Como relatora, mi labor consistía en velar por el derecho a la salud, incluyendo la elaboración de informes como este sobre las enfermedades no transmisibles. Buscábamos abordar su impacto como un problema grave de derechos humanos, de salud pública y de desarrollo sostenible. Además, el informe buscaba contribuir a la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se relaciona con la reducción de las enfermedades no transmisibles en la región, ofreciendo recomendaciones basadas en el derecho internacional e interamericano de los derechos humanos”.

¿Cómo se debe entender el derecho a la alimentación adecuada y por qué es importante garantizarlo?

S.G.M.: “Hay una frase muy conocida que dice: somos lo que comemos. En realidad también somos lo que bebemos, somos lo que respiramos. El derecho a la alimentación adecuada va más allá de simplemente ingerir calorías; implica acceder regularmente a alimentos cuantitativa y cualitativamente adecuados y suficientes para la salud, que respeten nuestras tradiciones culturales y contribuyan a nuestro bienestar físico y mental. Este derecho es fundamental para una vida digna. Los Estados deben garantizar que todas las personas, incluidas las comunidades con tradiciones culturales específicas, tengan acceso físico y económico a una alimentación adecuada en todo momento. Hablamos, por ejemplo, de pueblos indígenas, de pueblos afrodescendientes que tienen una tradición cultural, unos usos y costumbres que también van a definir qué es para esas personas, para esos colectivos, una alimentación adecuada”. 

El informe menciona la estrategia corporativa que culpa a los individuos por el sobrepeso y la obesidad, desviando la atención de los productos que comercializan. ¿Cuál es el concepto de la Relatoría sobre esta estrategia de la industria? 

S.G.M.: “El informe reconoce que las enfermedades no transmisibles en gran medida son consecuencia de hábitos o comportamientos perjudiciales para la salud, pero también reconoce que nuestras decisiones están influenciadas por diversos factores, como la publicidad y el estilo de vida. Por tanto, los Estados tienen la obligación de regular las actividades de actores no estatales, como las empresas, para abordar este problema de salud pública y derechos humanos. El informe destaca la necesidad de que los Estados adopten medidas efectivas, basadas en cifras y datos concretos, para regular las actividades de las empresas y proteger la salud pública.

El texto señala que existen obligaciones de respeto y de garantía, como la de adoptar disposiciones de derecho interno aplicables en el contexto de las actividades empresariales que se asocian a factores de riesgo como el tabaco, los comestibles, las bebidas no saludables, el alcohol, y también en relación con la prestación de servicios de salud, de detección y tratamiento de las enfermedades no transmisibles”.

El informe señala el impacto económico de la inacción frente a las enfermedades no transmisibles en Colombia, y aboga por medidas como los impuestos saludables, el etiquetado y los ambientes escolares sanos. 

S.G.M.: “Las enfermedades no transmisibles imponen una carga financiera desproporcionada y generan problemas de accesibilidad, de disponibilidad de los bienes y servicios de salud que son necesarios para el tratamiento y diagnóstico de las enfermedades no transmisibles. Además, afectan especialmente a las personas vulnerables. 

Adicionalmente, la falta de prevención de las enfermedades ocasiona una tremenda carga financiera para los Estados, para los sistemas de salud, tanto públicos como privados. Evidentemente una vida más saludable, mejoras en los hábitos alimenticios, en los estilos de vida, que implican también una educación para la salud física, mental y emocional, seguro darían como resultado sociedades mucho más felices, más sostenibles y también sistemas de salud menos onerosos y más eficientes.

Estos son procesos de largo alcance porque no vamos a cambiar la salud de la población en un breve plazo, pero las medidas que se destinan a operar en ese sentido, en el cambio de cultura de la salud de la población, van a ser ciertamente rentables para cualquier Estado”.

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Las industrias ejercen una influencia significativa en la formulación y evaluación de políticas públicas. ¿Cómo debería responder el Estado para equilibrar la participación empresarial sin comprometer la salud pública?

S.G.M.: “La participación política de las empresas tiene implicaciones en los derechos humanos, por lo que es crucial identificar y abordar los riesgos que pueda conllevar su intervención en los procesos de elaboración de políticas públicas, especialmente cuando no están alineadas con el deber de respetar los derechos. La ausencia de regulación estatal en materia de debida diligencia y supervisión facilita la influencia de las empresas en la adopción de normativas y políticas públicas. Por lo tanto, es fundamental que los Estados consideren sus obligaciones en materia de empresas y derechos humanos, particularmente en la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles, así como en la regulación de la influencia indebida de actores empresariales. De hecho se identifican en el informe algunas prácticas corporativas, como es el cabildeo o las denominadas puertas giratorias, que tienen la finalidad de presionar o influenciar la toma de decisiones de las autoridades competentes para debilitar regulaciones y priorizar el desarrollo de determinadas actividades.

Esto también tiene relación con otra problemática más general, considerada como captura corporativa. Esta es una práctica particularmente perversa para los derechos humanos. En el informe se hace un llamado a los Estados para aplicar los estándares del sistema interamericano en materia de empresas y derechos humanos, además de los del sistema universal”.

¿Qué medidas adicionales debería implementar un país como Colombia, además del etiquetado y los impuestos saludables, para garantizar el derecho a la alimentación?

S.G.M.: “El etiquetado frontal y el impuesto saludable son dos buenas prácticas. Creo que Colombia está en ese grupo de países que están avanzando en la gestión de los precios, poniéndose en la senda correcta. Además, el país podría implementar otras medidas para fortalecer la garantía del derecho a la alimentación. El informe destaca la importancia de sistematizar los principales reportes y recomendaciones de organizaciones internacionales para mejorar y fortalecer la legislación y políticas públicas. Lo que se necesita para aplicar esas recomendaciones es precisamente una política pública integral y con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad.

Una de las recomendaciones, por ejemplo, es que los Estados tienen el deber de exigir a los actores privados, incluidas las empresas, el respeto a los derechos humanos y asimismo deben establecer una normativa obligatoria dirigida a exigir a las empresas la adopción de procesos de debida diligencia para identificar y prevenir posibles afectaciones a los derechos humanos, así como para mitigar los impactos negativos que se materialicen en relación con derechos.

Otra recomendación es que los procesos de debida diligencia deben ser exigibles a las empresas a lo largo de toda la cadena de producción de bienes susceptibles de provocar enfermedades no transmisibles, así como en relación con la conducta que estos centros empresariales tienen en los procesos regulatorios y de adopción de política pública relacionados con sus operaciones e intereses”.

¿Cómo puede la sociedad civil utilizar el informe sobre enfermedades no transmisibles para influir en las políticas públicas?

S.G.M.: “Este informe viene a ser un llamado a tomar conciencia de la importancia del tema para la garantía de los derechos humanos en las Américas, especialmente en un contexto de crisis global y pandémica. Debería ser una prioridad para todos los niveles de gobierno, así como para las instituciones de protección de derechos humanos a nivel internacional y nacional. La sociedad civil puede aprovechar el informe para exigir a los Estados que implementen medidas efectivas para abordar este problema y responsabilizar a las empresas por su impacto en la salud pública. 

Quisiera aprovechar para hacer un llamado especial a los órganos, a las instituciones del Sistema Interamericano, para cooperar en la implementación de los estándares y recomendaciones de este informe, que fue además aprobado unánimemente por la CIDH. Espero que el informe ayude a las acciones que llevan adelante para cumplir con su responsabilidad de debida diligencia, como por supuesto a los Estados en la formulación de sus políticas públicas. Resulta muy urgente que se adopte un enfoque preventivo y de derechos humanos para combatir la violencia, la pandemia de muerte y desigualdad que son las enfermedades no transmisibles. El informe ofrece herramientas, inéditas hasta ahora en la región, para combatir estas enfermedades y promover una sociedad más saludable y equitativa”.

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