La espera valió la pena. Jonh Jak Becerra fue víctima de discriminación racial en su entorno laboral durante varios años, sin que la empresa hiciera nada al respecto. En abril de 2013 Becerra fue despedido sin justa causa y comenzó su periplo ante la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo que no lo ayudaron con su caso, pues aseguraban no tener competencia. Finalmente y cinco años después de haber sido despedido, la Corte Constitucional acaba de fallar a su favor una tutela que presentó con el apoyo de Dejusticia.

A pesar de que Colombia es el segundo país de América Latina con mayor población afro, nuestras entidades estatales no tenían claridad sobre cómo proceder frente a una denuncia de discriminación racial en el entorno laboral. Aunque existían leyes que prohibían y sancionaban esta situación, como la Ley 1010 de 2006, como pudo comprobar Jonh Jak Becerra Palacios, los mismos funcionarios de las entidades no sabían bien qué hacer.

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Esta sentencia de la Corte, que analiza por primera vez en Colombia un caso de acoso laboral basado en raza dentro de una empresa privada, sienta un precedente importante para casos futuros.

Además de afirmar que el maltrato verbal por parte de los compañeros de trabajo constituye acoso laboral, y que las empresas tienen el deber de prevenir y rechazar las expresiones de este tipo, la sentencia es clara al afirmar que el responsable de tramitar esta clase de denuncias es el Ministerio de Trabajo y no el juez laboral.

Por eso la sentencia le ordena al Ministerio de Trabajo capacitar a sus funcionarios para recibir este tipo de denuncias y tener una metodología para tratar a las víctimas en estos casos.

La sentencia también establece que las empresas no solo están obligadas a cumplir formalmente la ley de acoso laboral sino que los mecanismos que adopten deben ser efectivos y eficaces para manejar las situaciones de acoso por discriminación racial que se presenten entre los compañeros de trabajo. La Corte le pide al Ministerio de Trabajo realizar una investigación a la empresa de la que Becerra fue despedido para comprobar que sí estén cumpliendo con todas las medidas para evitar el acoso laboral basado en raza.

Para Becerra es claro que este fallo es importante no solo para él, “sino para los más de 15 millones afrodescendientes que viven en el país” y que diariamente enfrentan distintas “situaciones de discriminación racial en sus trabajos”.

En palabras de la abogada Mariluz Barragán, este pronunciamiento de la Corte se convierte en “una grantía” no solo para los trabajadores afrocolombianos, sino “para todos los trabajadores que pertenecen a las minorías”, porque les otorga “una herramienta para exigirle a los funcionarios del Estado que efectivamente se les respete sus derechos fundamentales”.