El 6 de junio de este año, a través de un fallo histórico (la sentencia T-302 de 2017), la Corte Constitucional declaró  el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, dada la afectación masiva y generalizada de los derechos de las niñas y niños del pueblo wayúu.

En la sentencia la Corte reconoció la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de un número significativo de personas en La Guajira, “en especial de niñas y niños wayúu”, y culpó a las autoridades por su “prolongada omisión en el cumplimiento de sus obligaciones”.

En respuesta a esta situación, el Alto Tribunal ordenó la ejecución de acciones que permitan aumentar la accesibilidad y calidad del agua que se consume en la Alta Guajira y la puesta en marcha de estrategias que permitan mejorar la cobertura y calidad de los programas de atención alimentaria y de salud, como también la mejora de la movilidad de las comunidades wayúu que residen en zonas rurales de difícil acceso.

Con la motivación de impulsar este tipo de acciones, el pasado 21 de agosto Dejusticia le presentó al Tribunal Superior de Riohacha, el encargado de hacerle seguimiento a la implementación del fallo, un informe sobre la situación actual de los derechos de las comunidades indígenas del norte de La Guajira. Los hallazgos surgieron luego de que investigadores de Dejusticia realizaran una segunda visita a varias rancherías y comunidades apartadas entre el 23 y 28 de abril de 2018, después de haber constatado la situación un año antes.

Este informe tiene como fin proporcionarle información complementaria al Tribunal sobre la crisis humanitaria en este departamento, que le permita implementar de manera efectiva el fallo de la Corte Constitucional, pues según cifras oficiales este año han fallecido más de 35 menores de cinco años por desnutrición, lo cual hace que esta región posea uno de los mayores índices de morbilidad infantil por esta causa.

Los hallazgos

Tras un año de la primera visita, el equipo de investigadores de Dejusticia encontró que aunque existe una mejor articulación entre las instituciones estatales que deben garantizar la constancia con la que llegan los programas de alimentación dirigidos a niños escolares o en condiciones de malnutrición, continúan las vulneraciones a los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo wayúu. Además, vienen apareciendo nuevos conflictos sociales: en el último año, la llegada de cientos de migrantes venezolanos que se suman a las poblaciones vulnerables de la zona es cada vez más común y la  falta de regulación de programas de responsabilidad social empresarial, como el que utilizó Postobón para lanzar la bebida (Kufú), para niños de la Guajira —caso en el que Dejusticia ha realizado una constante veeduría— se suman a las tensiones que agudizan la problemática de los derechos humanos en esta zona del país.

Sobre el panorama general en el departamento de la Guajira, los investigadores detallan que, a pesar de su cercanía al mar, en la Alta Guajira el agua es un bien escaso. De las numerosas rancherías que se ubican en esta parte del departamento, ninguna cuenta con acceso continuo a agua potable, ni siquiera los centros poblados más grandes como Nazareth, Puerto Estrella y Taguaira. Las pocas redes de acueducto y alcantarillado que existen son obsoletas e insuficientes para la extensión del territorio. El no contar con agua de manera habitual dificulta que comunidades puedan vivir en condiciones dignas. Sin agua para su propio consumo, la población tampoco puede obtener agua para los cultivos y animales que puedan satisfacer su seguridad alimentaria.

Asimismo, se encontró que las acciones del Gobierno Nacional en el sistema educativo presentan distintos obstáculos. Los niños wayúu estudian en las peores condiciones posibles. La mayoría de escuelas guajiras dan clases bajo enramadas, no cuentan con sanitarios, ni tienen capacidad suficiente para brindar transporte escolar a toda la población estudiantil. Si bien este año el Plan de Alimentación Escolar (PAE) ha llegado a las escuelas, contrario a lo ocurrido en 2017, el programa presenta serios problemas: las maestras entrevistadas de diferentes instituciones educativas coincidieron en que muchas veces la comida llega en mal estado y no alcanza para todos los estudiantes.

Igualmente, en materia de salud, a casi año y medio de la visita de la Corte, no ha habido mejoría. En el territorio se constató que la ausencia de agua potable y alimentos está relacionada con enfermedades críticas y que esto ha cobrado la vida de decenas de niños y niñas.

Al final, la falta de agua potable, la ausencia de fuentes alimenticias y graves enfermedades gastrointestinales se han convertido en una suerte de cadena de males estrechos alrededor de este pueblo indígena.

Con este panorama de por medio, Dejusticia solicitó al Tribunal Superior de Riohacha verificar la implementación de la sentencia de la Corte, y especialmente si se han puesto en marcha acciones que ayuden a remediar la crisis del pueblo wayúu. Además le pidió compartir este informe con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las entidades encargadas de acatar el fallo.