Mañana, 11 de marzo, la Corte Constitucional estudiará una acción de tutela interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras en contra de los juzgados Promiscuo de Cocuy (Boyacá), Suesca (Cundinamarca) y San Miguel (Santander), en un caso que acumula diferentes procesos sobre la prescripción de presuntos baldíos; un tema que seguimos desde hace cuatro años junto al Grupo de Investigación “Derecho Constitucional y Derechos Humanos” de la Universidad Nacional.

Con el ánimo de contribuir en esta discusión relacionada con la gobernanza de la tierra, presentamos, junto al mismo grupo de investigación, un documento con una síntesis de los principales hallazgos en torno al problema de la prescripción de baldíos y algunas recomendaciones frente a las órdenes que deben proferirse.

¿Qué es la prescripción de baldíos y por qué es problemática?

Desde 1991 se estableció que los terrenos baldíos deberían servir para permitir al campesinado sin tierra el acceso a ella. Los casos que la Corte estudia se deben a que varias personas han recibido grandes cantidades de tierra del Estado con solo verificar si la han poseído por un determinado número de años. Por el contrario, el proceso de adjudicación consiste en que la autoridad agraria —actualmente, la Agencia Nacional de Tierras— debe verificar que los terrenos sean entregados a campesinos pobres y que los lotes no superen la extensión de una Unidad Agrícola Familiar (UAF); en otras palabras, que cumplan su función de reforma agraria y no caigan en manos de acaparadores.

Al analizar los datos sobre prescripción de presuntos baldíos encontramos que, a pesar de que en la mayoría de los casos los predios prescritos son de extensiones pequeñas, esta vía también ha servido para que personas no calificadas como sujetos de reforma agraria se apropien de grandes extensiones de tierra pública, muy superiores a la UAF.

En este sentido, a través de la prescripción de baldíos se han entregado más de 200.000 hectáreas a particulares y, aunque los predios grandes (mayores a 200 hectáreas) son pocos —152 aproximadamente de 12.070—, estos corresponden a casi la mitad del área prescrita, unas 149.000 canchas de fútbol.

Con conocimiento de esto, la decisión que tome la Corte podría ayudar a que Colombia pueda, por fin, avanzar en una ruta adecuada para recuperar los baldíos indebidamente apropiados, y adjudicarlos de manera prioritaria a quienes la prescripción favoreció como sujetos de reforma agraria.

¿Qué órdenes debería proferir la Corte?

En aras de contribuir a la administración de justicia, hemos sugerido seis órdenes que podrían contribuir a tener una mejor gobernanza sobre la tierra, garantizar la destinación de baldíos a sujetos de reforma agraria y revertir dinámicas de acumulación que se han logrado a través de la prescripción:

1. El uso de los instrumentos dispuestos en el Punto Uno del Acuerdo de Paz.

2. La necesidad de precisar el universo de predios baldíos prescritos de manera irregular.

3. La aplicación de una ruta prioritaria para la clarificación de baldíos y su adjudicación definitiva cuando se trate de sujetos de reforma agraria.

4. La implementación de unos criterios que permitan priorizar algunos casos en donde este fenómeno ha tenido efectos de acumulación.

5. La adopción de mecanismos de verificación a las órdenes que se den.

6. La garantía del acceso a la información registral y catastral para los académicos/as y activistas que seguimos este fenómeno.