Con el objetivo de contribuir al grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, desde Dejusticia presentamos un informe con recomendaciones y buenas prácticas para que los estados y los actores económicos implementen en contextos de conflicto y posconflicto.

Este informe, que se presentará a la Asamblea General de la ONU, incluye recomendaciones relacionadas con la implementación de la justicia transicional y el uso y desarrollo de la tierra. Sus autores, Camilo Sánchez y Aaron Acosta, enfatizan en “el papel crucial que tienen los Estados y los actores económicos para proteger los derechos humanos y facilitar la transición de los conflictos armados a contextos de posconflicto”.

Recomendaciones sobre justicia transicional 

• Medidas generales: En tiempos de conflicto armado y posconflicto, los estados deberían asegurar el acceso a la justicia sin impedimentos a todas las víctimas y exigirle a las empresas que participaron en el conflicto armado que rindan cuentas. Para cumplir con esta tarea, se deben implementar medidas de transparencia para combatir la corrupción entre el Estado y los actores económicos, crear y/o actualizar bases de datos sistematizadas y centralizadas, y especificar rutas de diálogo, intercambio de información y cooperación interinstitucional para agilizar y reforzar las capacidades estatales.
  

• Comisiones de verdad: Las comisiones de verdad deberían incluir explícitamente en su mandato el estudio de la participación de actores económicos en el conflicto armado y el análisis de las complejas dinámicas del financiamiento del conflicto por parte de estos actores. También es recomendable que desarrollen una estrategia de incentivos para la participación de los actores económicos y que, cuando un actor económico no participó en la violación de derechos humanos, la comisión de verdad fomente la reconciliación de ese actor.
  

• Tribunales del posconflicto: Los estados deberían establecer criterios claros con respecto a la selección y priorización de casos sobre actores económicos en tribunales del posconflicto y, al mismo tiempo, incluir la defensa jurídica de la coacción en su estatuto. Además, estos tribunales deberían trabajar en estrecha coordinación con la jurisdicción ordinaria para crear incentivos para la participación de actores económicos. También se debería valorar el expediente judicial como una fuente importante para procesos en el futuro.  

• Para los actores económicos: Los actores económicos deberían reconocer la importancia de contribuir a los mecanismos de justicia transicional, como las comisiones de la verdad y tribunales post-conflicto. Esta participación activa y de buena fe promueve y respeta los derechos de las víctimas.

Recomendaciones sobre uso y desarrollo de la tierra

• Configuración del conflicto y el posconflicto: Los estados deberían implementar medidas de alertas tempranas para proteger los derechos de los habitantes, particularmente aquellos que venían obligados de abandonar sus tierras. Adicionalmente, deberían priorizar e incluir el conflicto sobre la tierra en sus acuerdos de paz. En la implementación de procesos de restitución de tierras, los estados deberían incluir medidas que tengan en cuenta los desequilibrios de poderes entre las víctimas y las grandes empresas. 

• Medidas generales de inversión: En tiempos de conflicto y posconflicto, los estados deberían mantener un registro de la propiedad y tenencia de la tierra, así como sistematizar un catastro que esté disponible públicamente para que los actores económicos puedan consultarlo. Además, antes de otorgar una licencia para explotar la tierra o desarrollar un proyecto, los estados deben respetar los derechos de las comunidades indígenas y otros grupos protegidos o vulnerables. Particularmente, el estado tiene el deber de consultar con la comunidad afectada para recibir su consentimiento libre, previo e informado.  

• Para los actores económicos: los actores económicos deberían entender el contexto en el que pretenden desarrollar un proyecto antes de invertir en este. Es más, deberían comprometerse a evitar alimentar los patrones de violencia y desigualdad, así como abstenerse de fomentar nuevas situaciones injustas. También se recomienda que hagan un estudio meticuloso con respecto a los derechos de propiedad en las zonas donde pretenden invertir. Por último, deberían esperar a que el Estado consulte a las comunidades indígenas y protegidas antes de hablar con ellos o empezar sus proyectos.