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Entrevista a César Rodríguez en El Espectador sobre caso de racismo en discotecas

Dejusticia
octubre 19, 2008

Publicado en: El Espectador

“Queríamos sentar un precedente contra el racismo” Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador Habla el profesor de la Universidad de los Andes que dirigió el trabajo del grupo de estudiantes que pretendía demostrar la conducta discriminatoria de los bares de la Zona Rosa de Bogotá. Los propietarios de los sitios sancionados por la Corte Suprema se defienden y niegan ser racistas.

 

“Queríamos sentar un precedente contra el racismo”
Por: Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador
Habla el profesor de la Universidad de los Andes que dirigió el trabajo del grupo de estudiantes que pretendía demostrar la conducta discriminatoria de los bares de la Zona Rosa de Bogotá. Los propietarios de los sitios sancionados por la Corte Suprema se defienden y niegan ser racistas.

El profesor César Rodríguez y sus alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes nunca se imaginaron que el trabajo de campo que les asignó el primero a los segundos en clase de sociología jurídica iba a convertirse en noticia meses después, comprometería el esfuerzo académico de tres entidades e incluso involucraría a la Corte Suprema, que terminó sancionando a varios bares de Bogotá.

Los alumnos de Rodríguez Garavito, PhD y máster en Sociología, Derecho y Filosofía de varios centros universitarios norteamericanos, entre otros la prestigiosa New York University (NYU), recibieron la instrucción de realizar una investigación sobre discriminación racial en Colombia.

Ellos, amantes de la rumba como todo el que está en sus 20 años, supieron de inmediato que un buen sitio para empezar era la Zona Rosa de Bogotá, donde ya habían percibido que se cometían arbitrariedades con algunas de las personas que deseaban ingresar a las discotecas. Buscaron entonces colaboradores afrodescendientes que quisieran participar en el que ya se iba transformando en un sencillo pero valioso experimento. No tuvieron que esperar mucho. Pronto encontraron profesionales de diferentes especialidades y dos nacionalidades (colombiana y estadounidense) dispuestos a llegar hasta la puerta de los bares con un grupo combinado de gente de raza negra, blanca y mestiza.

El resultado fue casi obvio: los negros fueron rechazados y los blancos y mestizos admitidos. La historia tuvo una conclusión que ya se conoce. Los demandados, propietarios de Gnoveva, Gavanna y Siroco, no pudieron demostrar que sus disculpas eran ciertas. En consecuencia, tres magistrados de la Sala Penal de la Corte les ordenaron presentar disculpas públicas. La indignación social por el caso llegó hasta los espacios de opinión de varios medios, el más notable de ellos la columna de Daniel Samper Pizano, desde donde el periodista propuso boicotear los establecimientos tachados de discriminadores.

Los profesionales que obtuvieron la protección de sus derechos contaron la humillante experiencia que sufrieron. Pero no lo habían hecho, desde su punto de vista, los otros protagonistas del caso: el profesor Rodríguez y dos de los dueños de los bares sancionados.

César Rodríguez, profesor y director del Programa de Justicia Global

C.O.T.– Los argumentos para no dejar entrar al grupo de estudiantes afrodescendientes ¿fueron similares en los tres bares?

C.R.G.– En general, les objetaron el ingreso diciendo que se trataba de una fiesta privada, que no había cupo o que había que pagar por la entrada. Pero cuando los estudiantes blancos o mestizos regresaron solos, un rato después, no les cobraron y los dejaron ingresar.

C.O.T.– ¿Ustedes hicieron algún tipo de verificación paralela para establecer claramente que el rechazo había sido causado en razón del color de la piel y no por otros motivos, por ejemplo, no ser mayores de edad o no contar con suficiente dinero?

C.R.G.– Los afrodescendientes discriminados iban muy bien vestidos, eran mayores de 25 años y cumplían con los signos de estatus social que requieren esos bares. Así que tales variables fueron tenidas en cuenta. Pero además, había un grupo de control que llegó a las mismas discotecas inmediatamente después de lo sucedido, y fue admitido sin problema.

C.O.T.– ¿Por qué decidieron sacar el caso de las aulas y llevarlo a los tribunales?

C.R.G.– Porque lo evaluamos y supimos que estaban dadas las circunstancias para probar la discriminación. Por eso instauramos una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá.

C.O.T.– Entiendo que el Tribunal sólo les concedió la razón parcialmente, ¿por qué?

C.R.G.– Aunque nos concedió la tutela respecto del Bar Gnoveva, no sancionó a Gavanna ni a Scirocco porque consideró que mientras que en el primer caso había pruebas de discriminación, en los otros dos no era igual.

C.O.T.– ¿Por qué decidieron apelar ante la Corte Suprema si ya habían logrado su objetivo al menos en un caso?

C.R.G.– Porque nuestro grupo de trabajo estaba interesado, no tanto en que sancionaran unos sitios específicos, sino en que se sentara un precedente contra el racismo que se practica en discotecas, bares y restaurantes, y también en supermercados, otro tipo de almacenes y algunas empresas. Finalmente la Corte nos dio la razón.

C.O.T.– ¿Los estudiantes discriminados ya recibieron las disculpas públicas que la Corte les ordenó ofrecer a los bares sancionados?

C.R.G.– No que sepamos.

C.O.T.– Si las disculpas se dieron o no, ¿esa sanción no es un simple saludo a la bandera?

C.R.G.– Se puede convertir en eso si el Estado no interviene y es pasivo ante patrones similares de conducta.

C.O.T.– ¿Los estudiantes rechazados volvieron a intentar ingresar a los bares sancionados?

C.R.G.– No. Por el contrario, tienen la intención de no volver nunca más.

C.O.T.– ¿No deberían hacerlo para comprobar que las discotecas cambiaron de actitud?

C.R.G.– Respeto la decisión que tomaron porque esa experiencia les dejó un gran sinsabor.

C.O.T.– La semana pasada el columnista Daniel Samper Pizano propuso vetar los bares sancionados como una forma de rechazo. ¿Qué opina de esa propuesta?

C.R.G.– Un arma poderosa en otras partes del mundo ha sido que los consumidores y la sociedad civil tomen cartas en el asunto y ejerzan presión. Valoramos las actitudes de los formadores de opinión que incentivan la generación de cultura contra la discriminación. En cuanto al Observatorio, nuestra labor consiste en elaborar documentos de investigación, crear estrategias jurídicas y promover los derechos humanos. Lo demás pertenece a la órbita de la conciencia social.

Juan Méndez, socio del sancionado Café Bar Gavanna

C.O.T.– ¿Cuáles son las instrucciones que tienen sus empleados para permitir o prohibir el acceso a sus bares?

J.M.– Nunca les hemos dicho frases como: “Hágame el favor de no dejar entrar negros”. No han escuchado esa orden y jamás la escucharán. Es más, tenemos alrededor de 25 empleados afrodescendientes. Entonces, ¿cómo es que trabajan conmigo pero los discrimino? No entiendo por qué dicen que somos racistas. Es la cosa más ridícula que he oído.

C.O.T.– Según la sentencia, la conducta discriminatoria se probó.

J.M.– ¿Usted sabía que el primer fallo favoreció a Gavanna y a Scirocco?

C.O.T.– Sí, pero los estudiantes apelaron y ganaron en la Corte.

J.M.– Cierto, pero el Tribunal había dicho que no había pruebas contra nosotros. Eso es algo que los medios deberían analizar.

C.O.T.– En todo caso, la conclusión de la Corte es que los tres bares merecían la sanción.

J.M.– Sería interesante que oyera una grabación que sirvió de prueba. Se escucha perfectamente a uno de mis socios cuando le dice a una de las personas que puso la tutela que podía entrar pero que tenía que hacer la fila y pagar. No quiso. Obviamente, hubo un inconveniente al principio, un mal entendido, un error si se quiere, pero se corrigió de inmediato.

C.O.T.– ¿Es posible que los administradores tomen actitudes racistas?

J.M.– Todo el mundo aplica su criterio en el momento en que le toca, pero la idea del filtro en la entrada es otra y es muy precisa.

C.O.T.– ¿Cuál es?

J.M.– La de la protección del cliente. Pretendemos que quienes entren no pongan en peligro a los demás. Por ejemplo, si alguien va armado, llega borracho o con botella en mano, no se le permite el ingreso.

C.O.T.– Entonces, ¿cuál es su explicación para que haya pasado lo que pasó?

J.M.– Los estudiantes venían preparados y querían que no los dejaran entrar. El objetivo de su visita a nuestro bar era que no se les permitiera el ingreso porque de lo contrario iban a perder su tiempo de investigación. Llegaron prevenidos y en el primer momento tuvieron que hacer fila. Tal vez eso fue lo que pasó.

C.O.T.– Pero ¿acata el fallo de la Corte o no?

J.M.– Por supuesto que lo acatamos y lo respetamos. Precisamente porque obedecemos a la Corte pusimos un aviso que está en la puerta de todos nuestros bares y que dice que se aceptan todas las personas de cualquier tipo de raza, religión o cultura.

Roberto Carrascal, socio del sancionado Bar Scirocco

C.O.T.– ¿Cuáles son los protocolos de ingreso a Scirocco?

R.C.– Scirocco es básicamente un lugar para mayores de 25 años y tratamos de tener como clientes a grupos más o menos homogéneos pero sin distinción de sexo, raza o color.

C.O.T.– De todas formas, supongo que hay clientes que no clasifican.

R.C.– Los bares que se encuentran en la Zona Rosa, particularmente en algunas subzonas, excluyen gente pero por los precios, por el estilo de sitio y por el estatus que manejan. No hay necesidad de entrar en segregaciones o en exigencias específicas porque se forman grupos de clientes regulares que saben a lo que van, y lo que quieren.

C.O.T.– ¿En cuáles casos se presentan problemas en la entrada de Scirocco?

R.C.– Cuando el sitio está completamente lleno. Uno entiende que para los clientes que están en el interior es molesto el exceso de ocupación.

C.O.T.– ¿Qué opina de la sanción que le impusieron?

R.C.– Yo fui uno de los más asombrados con la acción de tutela y con la sanción. Pero después de leer los antecedentes del trabajo de investigación y a pesar de que continúa sorprendiéndome, creo que el estudio debería apuntar, más allá, a conocer los valores de los colombianos en este tema. Todavía me resisto a creer que hay casos de racismo. En cuanto a nosotros, creo que hubo un malentendido.

C.O.T.– Entonces, ¿no comparte la decisión de la Corte?

R.C.– La respeto, pero yo esperaba que hubiera una investigación más profunda. Y no es por lavarme las manos o por lavar el nombre del establecimiento que represento. ¿Alguien se ha fijado en que dos personas de color son las encargadas de filtrar los ingresos de Scirocco? Me sentiría muy mal de decirle a un ser humano que es exactamente igual a mí, que tiene que rechazar a alguien que tenga estas o aquellas características. También me costaría trabajo pensar que alguno de nuestros empleados afrodescendientes abusa de gente de su misma condición.

C.O.T.– ¿A ustedes les ha servido esta experiencia?

R.C.– Entiendo el punto de vista de la Corte y hacia dónde va dirigida la sentencia, pero me parece que está ocurriendo como cuando uno está enfermo y le dan pañitos de agua tibia en vez del remedio que lo cura. Si lo que quisiéramos fuera descubrir qué es lo que está pasando culturalmente en el país, la vía debería ser otra. Si hay que pedir disculpas, lo volvemos a hacer porque ya lo hicimos en un edicto. Y si esta entrevista es el otro medio para reiterarlas, no tengo problema en ofrecer nuevas excusas. Pero no tapemos el sol con las manos.

C.O.T.–¿Dónde fijaron el edicto?

R.C.– En El Nuevo Siglo.

C.O.T.– ¿Nunca hablaron personalmente con los demandantes?

R.C.– Antes de que saliera el fallo de primera instancia nosotros buscamos a los demandantes para disculparnos. Fue una actitud que tomamos sin que nadie nos lo dijera. Pero las direcciones que habían dado en el Tribunal no eran las verdaderas.

Valioso precedente jurídico

El Observatorio de Discriminación Racial, que está integrado por tres entidades: el Programa de Justicia Global de la Universidad de los Andes, el Centro Dejusticia y el Proceso de Comunidades Negras, se interesó en el trabajo de campo iniciado por un grupo de estudiantes de Derecho en los bares del norte de Bogotá, que únicamente pretendía, al comienzo, cumplir con un requisito académico, pero que terminó incrementando su significado cuando obtuvo argumentos suficientes para probar que seis afrodescendientes habían sido tratados de manera discriminatoria por tres discotecas.

Dirigidos por el Observatorio, los discriminados entablaron entonces una acción de tutela para que el Estado les amparara su derecho a la igualdad y a la dignidad humana. Y aunque al principio obtuvieron sanción para una sola de las demandadas en el Tribunal Superior de Bogotá, lograron su cometido completo en la Corte Suprema. Adicionalmente, los magistrados sentaron un importante precedente: la carga de la prueba en este tipo de casos correrá por cuenta de las personas naturales o jurídicas contra quienes se interponga la tutela. La Corte también admitió la validez de la realización de estos experimentos por cuanto uno de los argumentos que esgrimían los bares era que habían sido sometidos a una situación artificial. La Corte señaló que en ningún caso, real o creado, se pueden adoptar actos de discriminación.

A examen de la Comisión Interamericana de Derechos

El caso de los seis afrodescendientes discriminados por razón de su raza no terminará con la sanción de la Corte a los bares de la Zona Rosa. El Observatorio de Discriminación Racial implementa, más allá de este ejemplo de demostración, una estrategia que le permite comprobar conductas generales de la sociedad colombiana, a partir de las cuales impulsará una legislación para proteger a las personas a las que no se les reconocen sino en teoría sus derechos a la igualdad, la dignidad, la honra, el libre desarrollo de la personalidad y el principio de la no discriminación.

Por eso, los investigadores de ese centro llevan dos años elaborando el Primer Informe Nacional de Discriminación Racial, en el que documentan circunstancias de arbitrariedad en estos asuntos, en todo el país. Ellos van a presentar las conclusiones del estudio la semana entrante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Revelarán la situación real de la población negra en Colombia, demostrando que el Estado no ha hecho lo suficiente para enfrentar las violaciones y formularán recomendaciones concretas de política pública. Los casos que llevarán van desde la violencia, el desplazamiento y el despojo de las tierras de las comunidades negras, hasta los episodios recurrentes de discriminación en sitios de diversión, como el de la Zona Rosa, y otros que ocurren en diversos establecimientos públicos del país.

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