VN- Está a punto de ver la luz tu libro Fighting Grand Corruption que resulta de varios años de trabajo.  Puedes contarnos ¿por qué te decidiste a escribir este libro con énfasis en las víctimas de la corrupción y la captura del Estado, cuando tu trayectoria se ha centrado en justicia transicional y derecho internacional de los derechos humanos?

NR- Precisamente, llegué a estudiar la gran corrupción por las frustraciones con la implementación de la justicia transicional. Trabajamos con mucha gente por aclarar y difundir los deberes de verdad, justicia, reparación y medidas de no-repetición de los estados, pero encontré que no funcionaba nada de eso si no se atacaba la impunidad mantenida por los corruptos.  Del mismo modo, en los periodos de postconflicto los ataques a los defensores de derechos humanos venían de grupos que ya no actuaban por la ideología de la seguridad nacional, sino para proteger los negocios sucios. Pensé que no iba a funcionar ningún proyecto de justicia transicional sin atacar la corrupción sistémica.  En el libro, tengo un capítulo sobre el tema, que cuenta lo que pasó en Guatemala, Sudáfrica, Túnez y también Colombia, y compara los factores claves. También encontré que las técnicas tradicionales de los derechos humanos –nombrar y avergonzar a los violadores– no funcionaban bien en situaciones de captura del estado, y que para lograr el respeto a los derechos humanos había que entender y combatir esta corrupción.

VN- En la pasada audiencia del 3 de marzo en la CIDH sobre obligaciones estatales de derechos humanos frente a la corrupción, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, mostró interés en la relación de causalidad entre el reconocimiento de las víctimas de la corrupción y las violaciones a DDHH, especialmente considerando que sus efectos no ocurren siempre de manera inmediata.  ¿Cuál es tu opinión sobre la mejor forma de establecer una conexión entre DDHH y corrupción?

NR- Está claro que la corrupción es causa o coadyuvante de una amplia gama de violaciones de los DDHH. El daño producido puede ser individual, colectivo o social.  Hay causalidad primero entre la corrupcion y la violación de derechos humanos, y después entre esa violación y el daño producido.  En muchos países, se define el nexo causal necesario como ser víctima “directa”.

-VN- ¿Qué significa para ti ser víctima “directa”?  

–NR-  El problema es que hay múltiples causas de muchos daños, no sólo los que surgen de la corrupción; se trata de probabilidades, no certezas.  Además, es más fácil establecer la predominancia de la corrupción como causa cuando se trata de una escuela particular no construida porque un funcionario robó los fondos, y más difícil tratándose de un presupuesto nacional de educación, donde intervienen más factores entre la corrupción y el daño.  Sin embargo, es importante enfocar en lo segundo como ejemplo de gran corrupción (de alto nivel), porque causa daños más extendidos.

VN- En el capítulo 4 precisas el rol de las sanciones y el uso de cortes en terceros estados como método para luchar contra la gran corrupción y contra la captura del Estado, como en el caso venezolano ¿Cómo crees que podría Venezuela encontrar esperanza de reparación y reconstrucción de su situación en tu texto?

NR- Lo que ha pasado en Venezuela ha sido un desastre económico y social para la población, pero no para los dirigentes del gobierno que han robado miles de millones de dólares; hay hasta ahora 264 casos abiertos en 31 países sobre la corrupción en Venezuela. Las sanciones a individuos y compañías (no al país, esas sanciones no discriminadas tienden a crear más bien daño) pueden interrumpir las cadenas de extracción y lavado de dinero. Los juicios penales y civiles por lavado y otros delitos en terceros países se podrían usar para un fondo para reparar a las víctimas, como ya se ha propuesto para Venezuela. La Corte Penal Internacional también tiene un Fondo de Víctimas que se podría utilizar: una de las cosas que propongo es que la Corte, para entender bien los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tiene que situarlos dentro de un contexto de gran corrupción. 

VN- La gran corrupción generalmente implica falta de independencia en el poder, frente a una ciudadanía indefensa. Luego de los importantes avances de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se generaron retrocesos y grandes daños de los cuales debería responder el propio Estado capturado ¿Podrías extender un poco más esta visión y las opciones que tiene la sociedad guatemalteca?

NR- La CICIG en Guatemala tuvo muchos aciertos: desmantelamiento de múltiples redes de corrupción y crimen organizado, algunas reformas importantes y gran legitimidad popular. Pero no logró prever y actuar adecuadamente contra el backlash inevitable, e incluso en algunos casos lo exacerbó. Tampoco logró que el Congreso –dominado por el llamado “pacto de corruptos”– pasara reformas necesarias sobre la independencia judicial, el abuso del amparo, o la justicia indígena. El nuevo gobierno de Arévalo logró tomar el poder en gran parte por el apoyo y las acciones de una ciudadanía cansada por la corrupción que la CICIG había destapado. Pero su gobierno no ha logrado quitar a una Fiscal General corrupta y antidemocrática, ni crear las alianzas necesarias en el Congreso.

VN- En Colombia, por errores del Consejo de Estado y falta de voluntad de la exprocuradora Cabello, las víctimas colectivas nos quedamos sin la indemnización económica por el daño colectivo producido y reconocido en el caso de megacorrupción Odebrecht-Aval, a pesar de que estuvimos cerca pues la primera instancia sí condenó a esa reparación económica. ¿Cuál crees que es la mayor dificultad para el reconocimiento y reparación del daño colectivo causado por la gran corrupción en Colombia?

NR- Creo que hay dificultades conceptuales y prácticas. A nivel conceptual, para muchos operadores de justicia el concepto de daño colectivo o social en casos de corrupción se confunde con el daño al Estado mismo, cuando son dos cosas diferentes. A nivel práctico, hay leyes suficientes, pero falta implementación, por ejemplo del Fondo para víctimas creado en 2022 o mayor uso de la extinción de dominio en casos de gran corrupción. Transparencia por Colombia tiene muchas publicaciones sobre esto. Hay miedos de los jueces y fiscales de que sean demasiadas víctimas potenciales, pero hay que dialogar con ellos para plantear que la reparación integral no es lo mismo que la indemnización, sugerir maneras de organizar la representación de las víctimas para que sea ágil.

VN- ¿ Y cuál es la diferencia entre indemnización y reparación integral?

Indemnización se refiere a un concepto mucho más estrecho del daño sin contenido moral, mientras que la reparación integral toma en cuenta que los daños sufridos no son sólo los económicos e individuales, sino que puede haber daño moral o emocional, daño colectivo (económico y no), daño basado en la falta de verdad o de justicia, daño ecológico, daño basado en el incumplimiento de las expectativas razonables de las víctimas y los perjudicados. La reparación tiene que ser igualmente amplia.

VN- Frente a la frustración por la impunidad que campea en la gran corrupción, te preguntas si se justifica un Tribunal Internacional Anti-corrupción y lo comparas con las virtudes y defectos de la Corte Penal Internacional para dejar en el aire la idea de que hay muchas herramientas que podríamos poner en marcha. ¿Puedes mencionarnos algunas de esas herramientas para perseguir en especial los activos y las reparaciones de la corrupción que nos obligamos como Estados firmantes de la UNCAC?

NR- No creo que un Tribunal Internacional Anti-Corrupción sea necesariamente mala idea, aunque en las condiciones políticas actuales dudo que haya suficientes estados interesados en el tema. Lo que sí me parece peligroso –por la experiencia de los primeros años de la CPI– es que pongamos todos los huevos en una sola canasta. Hay que pensar en toda la gama de prevención, rendición de cuentas y reparación de víctimas. En muchos países, por ejemplo, faltan leyes de extinción de dominio, o que permitan la participación de víctimas del país de origen en procesos de recuperación de activos, o jurisdicción sobre corrupción y lavado de activos transnacionales. 

VN- Para cerrar, me gustaría conocer tu opinión sobre el ahogamiento democrático y los ataques al Estado de derecho en EEUU.  En particular, pienso en la suspensión de la ley norteamericana que sanciona a las empresas por el pago de coimas o sobornos en el extranjero (Foreign Corrupt Practices Act- FCPA). ¿Qué opciones quedan para disuadir de la gran corrupción que se puede estar gestando en la acumulación de poder e irrespeto a la ley en EEUU, incluidas las competencias en el extranjero? ¿Crees que la búsqueda de reparaciones por las víctimas individuales y colectivas de la corrupción en diferentes cortes represente un sucedáneo para lo que se avecina?

NR- La verdad es que los ataques feroces al estado de derecho de esta administración, y su corrupción abierta y sin amagos, son múltiples. No es sólo lo que cuentas del FCPA, sino los ataques a abogados, jueces, universidades y medios de comunicación, los despidos de inspectores generales y de oficinas de control del ejecutivo, el acceso de Musk a datos privados de la ciudadanía (incluyendo datos sobre sus competidores), y mucho más, que hizo a la revista Foreign Policy preguntarse si Estados Unidos se está volviendo una cleptocracia y a otros hablar de un caso clásico de captura del estado. Hasta ahora, no hay una respuesta colectiva. Sin una estrategia coordinada para combatir las tácticas de mafia utilizadas, veo bastante oscuro el panorama. Puede ser que los recortes que ya empezaron a la seguridad social y la salud, y una crisis económica hagan reaccionar al público estadounidense, en las calles y en las elecciones del 2026. Pero también si esta situación lleva a una mejor comprensión popular de los mecanismos de la corrupción, entre ellos la corrupción política y de contratos públicos por ejemplo, se pueden sentar las bases para reformas reales. Esa ha sido la historia de EEUU siempre: de las crisis y los abusos salen los cambios.   

Podría hacer muchas preguntas más y creo que Naomi tendría magníficas respuestas…algo en mi conciencia me dice que quisiera que Naomi se convirtiera en mi nueva mejor amiga, pero el espacio es limitado y el tiempo apremia. ¡Espero que Fighting Grand Corruption salga pronto para que podamos devorarlo!