En un comunicado dirigido a la opinión pública, al Gobierno nacional y al Congreso, a la CSIVI, al Comité de Escogencia para la selección de miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a la Secretaría Ejecutiva de la JEP y a las FARC-EP, Dejusticia junto con otras organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación adscritos a universidades y académicos que apoyan el proceso y la implementación del Acuerdo Final de Paz, instaron al Gobierno y al Congreso a darle celeridad al debate legislativo que le dará luz verde a la consolidación de la JEP con la aprobación de la correspondiente Ley Estatutaria.

Hasta el momento, los jueces ordinarios, aplicando la Ley de Amnistía e Indulto (y los decretos correspondientes), así como las disposiciones de tratamiento especial para los agentes de la Fuerza Pública, han venido otorgando libertad transitoria, condicionada y anticipada a más de 1000 integrantes de las FARC-EP y a más de 500 miembros de las Fuerzas Militares y de Policía. Estas decisiones son importantes para consolidar el proceso de paz y la transición, pero debido al desfase temporal frente al funcionamiento efectivo de la JEP, que se calcula tardará algunos meses, urge adoptar algunas medidas compensatorias.

Por eso el comunicado hace un llamado al Comité de Selección a agilizar el proceso de escogencia de los magistrados y magistradas, sin afectar la transparencia y el enfoque participativo del mecanismo.

Las organizaciones también hacen énfasis en la importancia de volver a poner en el centro del proceso y del debate público a las víctimas, y sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Por eso sugieren la adopción de mecanismos que faciliten la asesoría a las víctimas acerca de las modificaciones jurídicas e institucionales que les afectan, así como sobre la ruta de participación en los diferentes componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Varias de estas medidas se encuentran contempladas en el Acuerdo Final y ya habían empezado a ser puestas en marcha como actos o acciones tempranas y voluntarias de reparación por parte de los responsables, dirigidas al resarcimiento y reconocimiento de las víctimas.

Por otro lado, las organizaciones también recomendaron que se establecieran los criterios de cumplimiento de las sanciones y la manera como se verificarán con la mayor prontitud y claridad posibles. Así, actividades como el desminado humanitario pueden llegar a entenderse, en armonía con el Acuerdo Final, como cumplimiento anticipado de la sanción. En todo caso, también urge que se precisen y hagan efectivos los condicionamientos para acceder a los beneficios penales previstos en la Ley de Amnistía e Indulto (1820/2016).

Finalmente, el comunicado manifiesta la necesidad indispensable de que mientras la JEP entre a operar plenamente, se tomen medidas que establezcan de manera expresa las condiciones para el ejercicio de la política por parte de los miembros de las FARC-EP y demás actores que hayan cometido crímenes graves en el marco del conflicto armado, en especial, en lo tocante a la posibilidad de ser elegidos en cargos públicos. Esto último en particular con respecto a la garantía de los derechos de las víctimas, obligación vigente en todo momento sin perjuicio del estado en que se encuentre la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción.