La iniciativa del Alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, de presentar una propuesta de consulta popular para preguntarle a la ciudadanía sobre su deseo de que en Ibagué haya proyectos mineros, ha vuelto a generar polémica sobre la legalidad de este mecanismos.

Abogados de la línea ambiental de Dejusticia han estudiado el tema y apoyan la viabilidad de estas consultas frente al tema ambiental y minero en los municipios.  

Diana Rodríguez Franco, investigadora principal de la línea, ha explicado que desde hace más de 20 años, la Ley 136 de 1994 (artículo 33) ha dicho que ante la posibilidad de hacer proyectos mineros, no solo no es ilegal hacer una consulta popular, sino que de hecho debería ser obligatorio.

Por su parte, César Rodríguez Garavito, director ejecutivo de la organización, ha manifestado que en este momento, y a pesar de todas la discusión legal que ha habido, jurídicamente el Alcalde de Ibagué tiene toda la potestad de realizar esa consulta popular.

El próximo viernes 29 de enero Diana Rodríguez dará una conferencia en Ibagué sobre el tema para despejar dudas y explicar la nueva Ley Estatutaria en los temas referentes a la consulta.

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