ENTREGA 3:
ABOLIR LAS FRONTERAS
DE LO DESIGUAL
30 AÑOS DE DEUDAS
CON LAS VÍCTIMAS

El Estado tiene la obligación de poner en el centro la satisfacción de los derechos de las víctimas, y cumplir los principios de nuestra Carta Constitucional.

POR Laura Natalia Torres,
INVESTIGADORA DE DEJUSTICIA

Al pensar la Constitución como un “acuerdo de paz” en el que participaron representantes de algunas guerrillas, hace treinta años no había forma de imaginar que el conflicto llegaría a tal punto de crueldad que dejaría más de 9 millones de víctimas. La Asamblea Nacional Constituyente plasmó en la Constitución algunos principios y derechos, como los derechos a la paz, a la vida o a la integridad personal, que han servido en estos años para buscar y desarrollar mecanismos que garanticen los derechos de las víctimas. 

Con estos fundamentos, la Corte Constitucional ha adoptado decisiones que instan al Estado a tomar medidas en este sentido. Ejemplo de ello son la declaratoria de estados de cosas inconstitucionales sobre la situación de líderes y lideresas sociales en Colombia y de la población desplazada. Estos avances jurisprudenciales y la búsqueda por materializar el derecho a paz han permitido el desarrollo de procesos de paz y la creación de mecanismos de justicia transicional para cumplir con los mandatos constitucionales. 

Por ejemplo, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y sus decretos reglamentarios incluyeron un enfoque reparador y transformador. Más allá de la indemnización de las víctimas, tenía  otras medidas como la restitución de tierras y las reparaciones simbólicas. Otro ejemplo posterior es el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, que planteó otros mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas, como la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Pero el Acuerdo no se quedó allí, también formuló otras medidas que debían ser implementadas para disminuir la conflictividad en los territorios con mayor número de víctimas del conflicto. Ejemplo de esas medidas son los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la formulación del catastro multipropósito, los planes para la sustitución de cultivos y la participación de las víctimas en el Congreso, entre otros.

ESTOS AVANCES JURISPRUDENCIALES Y LA BÚSQUEDA POR MATERIALIZAR EL DERECHO A PAZ HAN PERMITIDO EL DESARROLLO DE PROCESOS DE PAZ Y LA CREACIÓN DE MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL PARA CUMPLIR CON LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES

Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para cumplir los mandatos constitucionales. La situación de las y los líderes sociales que trabajan por la construcción de paz no parece haber mejorado desde 1998, pues el estado de cosas inconstitucional continúa. Después de cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, algunas organizaciones contabilizan más de mil muertes de defensores y defensoras de derechos humanos, sin tener en cuenta otras vulneraciones que han sufrido, como amenazas o atentados. La implementación de otras medidas para evitar las revictimizaciones tampoco ha avanzado como se deseaba, como en el caso del proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011, que fue prorrogado 10 años más para poder cumplir las expectativas de las víctimas.  Otro ejemplo son los lentos desarrollos del punto 1 del Acuerdo sobre la Reforma Rural Integral, que han generado un grave incumplimiento de promesas a las víctimas para la formalización de tierras y de sus iniciativas para el desarrollo territorial planteados en los PDET.

El Estado tiene la obligación de poner en el centro la satisfacción de los derechos de las víctimas, y, en ese sentido, de cumplir los principios de nuestra Carta Constitucional, así como las promesas realizadas en la Ley de Víctimas y en el Acuerdo de Paz.

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NACE EL MOVIMIENTO DE LA SÉPTIMA PAPELETA 

19
89

COLOMBIA
VOTÓ POR SUS CONSTITUYENTES

19
90

COLOMBIA PROCLAMA
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

19
91

COMIENZA
LA HISTORIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

19
92

BIENVENIDO EL PORTE Y CONSUMO DE LA DOSIS MINIMA

19
94

Se elabora el bloque de constitucionalidad

19
95

SE DECLARA EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA CARCELARIO COLOMBIANO

19
98

ESTATUTO DOCENTE

19
98

DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL Y DERECHOS LABORALES COLECTIVOS

20
00

EL CAMPESINADO COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

20
02

SE RECONOCE EL DERECHO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA

20
03

SE RECONOCEN LOS DERECHOS COLECTIVOS DE COMUNIDADES NEGRAS

20
03

Ojos sobre el desplazamiento forzado 

20
04

SE APROBÓ LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO PARA TRES CAUSALES

20
05

Derechos de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz 

20
06

Transformaciones en el derecho a la salud 

20
08

La historia de un desaparecido motiva reconocimiento al derecho a acceder a información pública. 

20
10

REGULACIÓN SOBRE LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL

20
10

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA

20
11

DERECHO AL TERRITORIO DE CONSEJO COMUNITARIO DE ORIKA

20
12

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ

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18

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SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JEP

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EL DERECHO
A LA SALUD DE PERSONAS MIGRANTES

20
19

UNA LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

20
20

Se eliminan impuestos para la higiene menstrual 

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