ENTREGA 1:
De libertades,
amores y montes.

30 años de un estado social de derecho,
Que también es ambiental

POR LAURA SANTACOLOMA,
COORDINADORA AMBIENTAL
 DE DEJUSTICIA

La Constitución Ecológica de 1991 nos ha dado mucho como país, como ciudadanía. Antes de su promulgación, la protección de la naturaleza y la participación en las decisiones públicas sobre este tema solo se encontraba en el Código Nacional de Recursos Naturales renovables y de Protección al medio Ambiente (1974). No se vinculaban los derechos fundamentales de las personas a la conservación del entorno.

Desde ese entonces -y hasta ahora- se ha insistido en que el reforzamiento de estándares en derechos humanos y ambientales es un impedimento para el desarrollo. Pero la jurisprudencia constitucional y la abrumadora evidencia del grave daño medioambiental han fundamentado sólidamente la importancia de que el Estado intervenga para que los impactos sean prevenidos y contenidos, aunque ello implique fuertes limitaciones prácticas.

La protección del medioambiente está revestida con el carácter de interés público por la Carta Política, que no contemplaba la de 1886. Esto, porque reconoce el derecho a gozar de un ambiente sano y a participar en estos asuntos, y también limita la propiedad privada en razón de la función ecológica que debe cumplir. Gracias a esto, todo proyecto, obra o actividad que genere impacto grave en el entorno debe tener una autorización o licencia ambiental y, en todo caso, debe aplicarse los principios de precaución -ante la duda- prevención -frente al impacto previsible- y desarrollo sostenible -según la complejidad- para lograr detener el salvaje deterioro de nuestra biodiversidad, mitigar los impactos del cambio climático, así como garantizar la vida digna de quienes habitan zonas rurales y bosques, y que dependen directamente de su entorno.

LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE ESTÁ REVESTIDA CON EL CARÁCTER DE INTERÉS PÚBLICO POR LA CARTA POLÍTICA, QUE NO CONTEMPLABA LA DE 1886.

La Corte Constitucional, con su función de intérprete autorizado, ha reforzado la importancia que tiene la conservación y el equilibrio de la naturaleza para el Estado. Entre muchas decisiones vanguardistas estableció que los parques nacionales naturales deben conservarse a perpetuidad y que no admiten sustracción ni siquiera por parte del legislador, así como que el derecho fundamental al agua también depende de la conservación de ecosistemas como los páramos. Ha señalado que los animales no son cosas sino seres sintientes y que tenemos el deber de garantizarles bienestar, protección y buen trato.

Sin duda, una de las apuestas constitucionales ambientales más importantes para la democracia del país es el fortalecimiento de los derechos fundamentales a la información y participación ciudadana. Ha exhortado en múltiples ocasiones al Congreso de la República para adoptar las leyes que permitan superar el nudo que hay en materia de coordinación y concurrencia de las competencias municipales y nacionales en el manejo de los recursos naturales no renovables, y el déficit constitucionalmente inadmisible en materia de incidencia efectiva de los ciudadanos, que hoy nos aquejan y que requiere una nueva orientación para que se busquen acuerdos con las comunidades locales. Este grupo de derechos, también conocidos como “de acceso”, son uno de los elementos fundamentales de lo que la Corte ha definido como justicia ambiental. El otro, es la repartición justa de cargas y beneficios derivada de la explotación y uso de recursos naturales, y que hoy carece de eficacia práctica.

No obstante los problemas existentes y evidentes de la política ambiental colombiana, los derechos fundamentales han estado en el centro de las sentencias judiciales de los jueces. Incluso, la Corte Suprema de Justicia protegió a las generaciones futuras y ordenó detener la deforestación amazónica por incidir decisivamente en el calentamiento del planeta, y agudizar fenómenos como el huracán Iota y las graves consecuencias en derechos tales como la vida, integridad, el medio ambiente saludable, el alimento, el acceso al agua y la salud, y evitar situaciones de desplazamiento, tal y como lo están padeciendo las comunidades del archipiélago de San Andrés y Providencia.

Hoy, a diferencia de lo que sucedía antes de la Constitución de 1991, contamos con un sistema de entidades públicas dirigidas a administrar los recursos naturales, las áreas protegidas y la información ambiental del país, para garantizar la protección y conservación de la naturaleza, y regular su uso y explotación. Sin duda, están pendientes de debate algunos temas complejos como la calidad del aire y cambio climático, así como reglas sobre los límites de los proyectos mega extractivos y su real utilidad pública e interés social. La desigualdad socioeconómica, exclusión, corrupción y ausencia de medidas efectivas de prevención de amenazas y violaciones de derechos humanos impiden concretar el modelo de desarrollo sostenible propuesto en la Constitución Política, y se requiere un compromiso claro de la institucionalidad ambiental para superar estos enormes desafíos.

A pesar del panorama, la audacia de nuestra Constitución Política, impulsada admirablemente por la Corte Constitucional, hoy nos brinda herramientas sólidas para la defensa de nuestros derechos ambientales y de la gran bioculturalidad del país. Incluso -aunque aún incipiente- existe una tendencia judicial de proteger los derechos de la naturaleza. En esa avanzada, merece especial mención María Victoria Calle, la primera mujer presidenta de la Corte Constitucional, y quien jugó un papel determinante en una de las etapas más progresistas para la defensa de los territorios, los animales y los asuntos ambientales en general.

La Constitución Política de 1991 nos ha dado instrumentos para identificarnos con otros y con nuestra naturaleza biodiversa. Son nuestros actos los que, en últimas, la interpretan y le dan vida. Y ella y nosotros merecemos la mejor de la que seamos capaces.

Comparte.

Inicio

Shopping Basket

NACE EL MOVIMIENTO DE LA SÉPTIMA PAPELETA 

19
89

COLOMBIA
VOTÓ POR SUS CONSTITUYENTES

19
90

COLOMBIA PROCLAMA
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

19
91

COMIENZA
LA HISTORIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

19
92

BIENVENIDO EL PORTE Y CONSUMO DE LA DOSIS MINIMA

19
94

Se elabora el bloque de constitucionalidad

19
95

SE DECLARA EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA CARCELARIO COLOMBIANO

19
98

ESTATUTO DOCENTE

19
98

DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL Y DERECHOS LABORALES COLECTIVOS

20
00

EL CAMPESINADO COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

20
02

SE RECONOCE EL DERECHO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA

20
03

SE RECONOCEN LOS DERECHOS COLECTIVOS DE COMUNIDADES NEGRAS

20
03

Ojos sobre el desplazamiento forzado 

20
04

SE APROBÓ LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO PARA TRES CAUSALES

20
05

Derechos de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz 

20
06

Transformaciones en el derecho a la salud 

20
08

La historia de un desaparecido motiva reconocimiento al derecho a acceder a información pública. 

20
10

REGULACIÓN SOBRE LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL

20
10

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA

20
11

DERECHO AL TERRITORIO DE CONSEJO COMUNITARIO DE ORIKA

20
12

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ

20
13

EL RÍO ATRATO ES SUJETO DE DERECHOS

20
16

MATRIMONIO PAREJAS DEL MISMO SEXO

20
16

NUEVOS CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS

20
16

SE FRENAN LAS FUMIGACIONES CON GLIFOSATO

20
17

ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA GUAJIRA

20
17

EUTANASIA:
POR EL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE

20
17

ACCESO PROGRESIVO A LA TIERRA

20
17

LA CONSULTA PREVIA SE VUELVE UN DERECHO CONSTITUCIONAL

20
18

REGULACIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN ESPACIO PÚBLICO

20
19

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JEP

20
19

SE REGULÓ LA PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN CONTRA COMIDA CHATARRA

20
19

SE RECONOCE
EL DERECHO
A LA SALUD DE PERSONAS MIGRANTES

20
19

UNA LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

20
20

Se eliminan impuestos para la higiene menstrual 

2021