ENTREGA 3:
ABOLIR LAS FRONTERAS
DE LO DESIGUAL
Drogas y autonomía personal:
¿un derecho sin posibilidad de ejercerlo?

La sentencia de dosis mínima daba una oportunidad al país de tomarse en serio eso de un “enfoque de salud pública” para la política de drogas, pero poco se ha aprovechado esa oportunidad. Como sociedad, nos cuesta que el placer esté en el centro de la discusión. 

ISABEL PEREIRA Y LUIS FELIPE CRUZ,
INVESTIGADORES DE DEJUSTICIA

En 1991, la llegada de la nueva Constitución traía un horizonte progresista, ambicioso. Quizás ni los mismos constituyentes imaginaron que en el lapso de apenas tres años traería la descriminalización de la dosis personal. Este suceso en Colombia, que hoy nos parece ‘normal’ en nuestro paisaje jurídico, es una lucha que apenas se está librando en Estados Unidos y algunos países europeos, donde el simple hecho de portar un ‘porro’ te deja en la cárcel. En pleno 2021, en Estados Unidos sucede un arresto por posesión de drogas cada 23 segundos, mientras que en 24 estados de ese país criminalizan la posesión de cualquier cantidad, por pequeña que sea, de sustancias declaradas ilícitas. En Colombia, lejos de tener la mejor política de drogas, la posesión de máximo 20 gramos de marihuana o de 1 gramo de cocaína no se considera un delito.

A pesar de que una de las primeras rupturas históricas que trajo la Constitución fue su sentencia C-221 de 1994, cómo contamos en este podcast de La Carta Viva,  usar drogas en Colombia sigue siendo motivo de castigo, señalamiento y persecución, sumado a los riesgos de la desinformación asociados a sustancias dejadas como negocio a la ilegalidad. Las personas que usan drogas están expuestas a ser multadas, requisadas o a ser extorsionadas por la policía. Están expuestas a sustancias adulteradas, y es casi imposible conocer la potencia de lo que venden en las calles. También está el señalamiento de transeúntes, la perpetua sensación de vigilancia, la generalización de ser ‘adictos’, ‘maleantes’, ‘enfermos’ o ‘delincuentes’.

¿Qué explica la distancia entre las aspiraciones liberales de la Corte del 94 y la realidad de las drogas hoy, a 30 años de la Constitución?

Mientras se da un paso al frente, la reacción al progreso empuja dos pasos hacia atrás. Los sectores más conservadores han preferido la ambigüedad y la discrecionalidad que termina contando en contra de las personas que usan drogas.

La historia de la sentencia C-221 de 1994 es más o menos conocida: un ciudadano demandó la norma de la Ley 30 de 1986 que imponía sanciones al consumo de drogas, y la Corte Constitucional, tras una votación muy reñida, declaró inconstitucional la norma, amparados en el derecho al libre desarrollo de la personalidad del artículo 16 de la Constitución. La sentencia defendió y afirmó un elemento crucial para nuestra existencia, para definir nuestro destino y designios, y delineó los límites del Estado frente a sus ciudadanos.

La Corte no pretendía, contrario a las percepciones de algunos, crear incentivos para intoxicarse desaforadamente, para inducir al consumo en menores o para ‘perderse’ en las drogas. Los magistrados entendieron que el Estado no puede imponer restricciones  irracionales a la libertad, como en la elección personal de usar drogas, y que solo se justifican cuando se afecta la libertad de terceros.

Pero la Corte fue más allá, y recordó que la libertad es vacía cuando está mediada por la ignorancia, y que los ciudadanos debemos escoger cómo vivir nuestras vidas, pero hacerlo con responsabilidad. La posibilidad de escoger libremente existe cuando hay información. Una elección entre comportamientos, valores, sustancias y relaciones es solo posible si conocemos realmente el contenido de lo que estamos escogiendo. De lo contrario, las elecciones que se dan en medio de la ignorancia, están mediadas por factores externos, por la presión, por manipulaciones, pero no es una elección libre, ni mucho menos que se ejerce de manera responsable. En cuanto a las drogas, esto le impone una obligación al Estado. Para que podamos elegir libremente, es el Estado, a través de sus políticas públicas, el responsable de informar, basado en la evidencia, y no en el mito, qué es eso que llamamos drogas, qué posibilidades y peligros traen, de qué manera podemos reducir los riesgos y daños para escoger y consumir con verdadera libertad, en esa búsqueda de placer, sanación y relajación que es la intoxicación con sustancias psicoactivas.

A 27 años de la sentencia, ¿qué de esa utopía de libertad se ha materializado? ¿Hemos superado la ignorancia? ¿Tenemos la información suficiente para escoger con libertad, para elegir el placer y reducir los riesgos? ¿Se ha dejado de usar el castigo como herramienta para disuadir al ciudadano del consumo?

La respuesta a todo eso es un decepcionado ‘no’. La sentencia daba una oportunidad al país de tomarse en serio eso de un “enfoque de salud pública” para la política de drogas, pero poco se ha aprovechado esa oportunidad. Imaginar que esta posibilidad hubiera sido una realidad implica pensar que, por un lado, necesitamos saber cómo gestionar el placer de manera segura, y, por el otro lado, tener mecanismos y redes de apoyo suficientes para ese porcentaje (muy pequeño) que desarrolla un consumo problemático. Pero nos cuesta como sociedad que el placer sea parte de la discusión, de manera que ha resultado más fácil patologizar todo consumo, lanzar una categoría amplia que dicta que todo usuario es enfermo y esperar que ese estigma y miedo hagan lo propio.

El castigo, o al menos la amenaza del castigo, sigue siendo la herramienta predilecta a la que todo gobierno acude para asustarnos del ‘demonio’ de las drogas’. La ‘pedagogía’ sobre sustancias ilícitas solo alcanza a decirnos que si consumimos, nuestro cerebro quedará como un alka seltzer.

LA SENTENCIA DABA UNA OPORTUNIDAD AL PAÍS DE TOMARSE EN SERIO ESO DE UN “ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA” PARA LA POLÍTICA DE DROGAS, PERO POCO SE HA APROVECHADO ESA OPORTUNIDAD

Los servicios de análisis de sustancias en Colombia son escasos. Son dispositivos fundamentales precisamente para superar la ignorancia: cada persona que lleva su dosis de la sustancia de elección y conoce la potencia, contenido y maneras de gestionar el riesgo, tiene la posibilidad de un consumo informado y menos peligroso. Pero estos servicios solo están disponibles de manera intermitente en algunas ciudades, y son iniciativas de la sociedad civil, no del Estado

 

Para la escasa minoría que desarrolla un consumo problemático – alrededor del 10% del total de personas que prueban drogas, según UNODC – los servicios de tratamiento recurren a la ‘cristoterapia’, vender lapiceros en los buses, internarse por meses a cumplir penitencias, nada de esto basado en la evidencia. Según el propio Ministerio de Salud, en el 95% de los municipios del país no hay una sola institución acreditada para el tratamiento de sustancias. Ni qué decir de la reducción de daños. Aunque hay dispositivos comunitarios en las ciudades donde hay presencia de consumo de heroína, lo cierto es que como país tenemos la deuda de pensarnos cómo sería un modelo de reducción de daños para una sustancia de alto impacto y más ampliamente consumida, como es el bazuco.

Una dosis en el limbo desde 2009

Desde 1994 al 2008 hubo 4 procesos que pretendían prohibir la dosis personal y establecer mecanismos de privación de la libertad de las personas que usaban drogas. Tanto fue el cántaro al agua hasta que el prohibicionismo obtuvo una victoria en 2009 con el Acto legislativo No. 2, en el que se estableció la prohibición de uso y porte de drogas y se incluyó la palabra “adicto” en la Constitución.

Lo que además se embolató fue la legalidad de la dosis personal en Colombia. Con la prohibición constitucional parecía que estaba también prohibida. De hecho, el Estatuto de Seguridad Ciudadana del 2011 eliminó la frase “salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal” de la descripción del delito de tráfico de estupefacientes del Código Penal. Sin embargo, la Corte Constitucional aclaró que “la prohibición no podía implicar una autorización a la penalización del porte para el control del consumo”, razón por la cual se incorporaron medidas administrativas, profilácticas y pedagógicas para atender el consumo de drogas. En estricto derecho prohibir no necesariamente es penalizar, y ese fue el criterio que utilizó la Corte Constitucional para resolver el primer limbo que tuvo la dosis personal.

Luego vino el limbo de la dosis de aprovisionamiento, concepto creado por la Corte Suprema con argumentos de salud pública para declarar que no se podía perseguir penalmente a personas que portaran incluso una cantidad superior a la dosis mínima. Una decisión basada en la idea de que los consumos problemáticos de algunas personas son tan graves que éstas deben tener aprovisionamiento para no colapsar. De nuevo, el populismo prohibicionista prendió alarmas ante las decisiones reiteradas de la Corte Suprema de no imponer sanciones penales contra capturados en posesión, incluso cinco veces mayor que la dosis personal.

La dosis de aprovisionamiento y la despenalización de su porte han representado mejoras al sacar el consumo del ámbito penal, pero la manera como se ha construido el concepto de dosis de aprovisionamiento corre el riesgo de “medicalizar” comportamientos individuales que no requieren este enfoque.

Luego, llegó el Código de Policía (ley 1801 de 2016), una norma que, más allá de la convivencia, se enfocó en perfilar a los “indeseables” de la sociedad y establecer medidas de corrección que resultan en el uso del poder sancionatorio del Estado. Según el Código de Policía, estas medidas “no tienen carácter sancionatorio”, pero cómo decir que una multa no es una forma de castigo si se impone como consecuencia de la violación de una norma de convivencia.

La ley sanciona 16 conductas, en 12 artículos, relacionadas con el uso y porte de drogas en espacio público y “espacios que siendo privados trascienden a lo público” (que por lo demás tampoco se sabe cuáles son). Todas estas disposiciones tienen un efecto práctico: facilitan la discrecionalidad de los agentes de policía. Tanto en las requisas como en la imposición de medidas correctivas se aplica la premisa de que el uso y porte de drogas amenaza la seguridad pública, la convivencia, la tranquilidad ciudadana y el goce adecuado del espacio público.

Por ejemplo, el artículo 140, que menciona los comportamientos contrarios al cuidado y la integridad del espacio público, tiene dos numerales que hablan del uso y porte de drogas. Uno para prohibir el uso en general y otro para prohibir el porte. La sanción que puede imponer la autoridad de policía es una multa de algo así como 240 mil pesos, destrucción de la sustancia, participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia o la remisión de las personas a centros de atención a la drogadicción.

Parece que las 12 normas del Código de Policía que establecen sanciones por el porte o uso de drogas no fueron suficientes, y cumpliendo sus promesas de campaña, Duque emitió el Decreto 1844. Este decreto entró a regir el 1 de octubre de 2018, fue demandado ante el Consejo de Estado y se cayó en julio de 2020 porque “las autoridades policiales que sólo podrán decomisar la droga cuando se verifique que el portador la va a comercializar o distribuir”. El último capítulo de esta saga fue la sentencia  Sentencia C 235 del 2019. Allí, la Corte Constitucional declaró inexequibles las prohibiciones generales que traía el Código de Policía en los artículos 33 y 140 de uso de drogas en espacio público. Más allá de la confusión generada en la rueda de prensa, fue una decisión que trasladó la potestad para prohibir el uso de drogas y alcohol en espacio público a las autoridades locales, y resaltó que la prohibición absoluta es inconstitucional.

Como resultado de los últimos embates contra la dosis personal, hoy el uso sigue permitido, y el legado de la C-221 de cierta manera vivo, pero está prohibido tener esas sustancias que tenemos derecho a consumir en el espacio público. Quizás un hada de las drogas se aparece y solo así se materializa lo que nos legó la Constitución.

A modo de conclusión

Con todos estos arrebatos autoritarios y populistas, estamos en la irracionalidad entre poder fumar en ciertas zonas públicas, pero no portar el porro. Parece que la ley está obligando a romper las leyes de la física. La sentencia de 1994 sigue siendo un baluarte en la defensa del uso adulto de las drogas, basado en la información y la reducción de daños. Colombia a menudo es usado como ejemplo al hablar de reforma a la política de drogas, por la señal temprana de haber despenalizado el consumo de drogas, en contraste a la fuerte estigmatización que persiste para miles de personas que usan drogas. Pero ese modelo es altamente insuficiente cuando las normas se fundamentan en el miedo, y alimentan la ignorancia y el temor hacia las sustancias ilícitas y hacia las personas que las usan.

Constitucionalmente somos libres para portar y consumir la dosis de cualquier sustancia ilícita que queramos consumir, pero el diablo está en los detalles, pues el Código de Policía permite imponer sanciones a quienes lo hagan. A pesar de una norma que en 1994 fue una esperanza de pensar que la libertad era un valor supremo, en el país ha pesado más un equivocado enfoque de seguridad para hablar de drogas, pues en últimas se escoge priorizar en la ‘lucha contra el narcotráfico’, perseguir a jíbaros y marihuanos en los barrios y parques de las ciudades.

Pero la desesperanza y perplejidad de estos limbos no debe ser razón para borrar la importancia de la sentencia del 94, sino precisamente para defender su promesa de libertad, e insistir en cambiar las políticas de drogas tan absurdas que nos siguen gobernando. 

Comparte.

Shopping Basket

NACE EL MOVIMIENTO DE LA SÉPTIMA PAPELETA 

19
89

COLOMBIA
VOTÓ POR SUS CONSTITUYENTES

19
90

COLOMBIA PROCLAMA
UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

19
91

COMIENZA
LA HISTORIA
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

19
92

BIENVENIDO EL PORTE Y CONSUMO DE LA DOSIS MINIMA

19
94

Se elabora el bloque de constitucionalidad

19
95

SE DECLARA EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA CARCELARIO COLOMBIANO

19
98

ESTATUTO DOCENTE

19
98

DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL Y DERECHOS LABORALES COLECTIVOS

20
00

EL CAMPESINADO COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN

20
02

SE RECONOCE EL DERECHO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA

20
03

SE RECONOCEN LOS DERECHOS COLECTIVOS DE COMUNIDADES NEGRAS

20
03

Ojos sobre el desplazamiento forzado 

20
04

SE APROBÓ LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO PARA TRES CAUSALES

20
05

Derechos de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz 

20
06

Transformaciones en el derecho a la salud 

20
08

La historia de un desaparecido motiva reconocimiento al derecho a acceder a información pública. 

20
10

REGULACIÓN SOBRE LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL

20
10

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA

20
11

DERECHO AL TERRITORIO DE CONSEJO COMUNITARIO DE ORIKA

20
12

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ

20
13

EL RÍO ATRATO ES SUJETO DE DERECHOS

20
16

MATRIMONIO PAREJAS DEL MISMO SEXO

20
16

NUEVOS CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS

20
16

SE FRENAN LAS FUMIGACIONES CON GLIFOSATO

20
17

ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA GUAJIRA

20
17

EUTANASIA:
POR EL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE

20
17

ACCESO PROGRESIVO A LA TIERRA

20
17

LA CONSULTA PREVIA SE VUELVE UN DERECHO CONSTITUCIONAL

20
18

REGULACIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN ESPACIO PÚBLICO

20
19

SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JEP

20
19

SE REGULÓ LA PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN CONTRA COMIDA CHATARRA

20
19

SE RECONOCE
EL DERECHO
A LA SALUD DE PERSONAS MIGRANTES

20
19

UNA LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

20
20

Se eliminan impuestos para la higiene menstrual 

2021