ENTREGA 2:
HISTORIA DE UNA CARTA
Y TRES SALTOS

LA boquilla y
La lucha por el territorio

POR IVONNE ELENA DÍAZ GARCÍA,
INVESTIGADORA DE DEJUSTICIA

La Constitución de 1991 se tomó los derechos humanos en serio, y en sus 30 años de vigencia ha transformado la vida de muchos colombianos. Por ejemplo, a las comunidades afrocolombianas, a través de la Ley 70 de 1993, les reconoció su derecho a la identidad cultural, a la propiedad colectiva y al desarrollo socioeconómico como instrumento para superar la pobreza y la desigualdad histórica que han padecido.

En el marco de ese reconocimiento, en el año 2012, el Estado colombiano le entregó por primera vez a una comunidad afro del Caribe un título colectivo de propiedad. A nombre del Consejo Comunitario de La Boquilla se tituló un territorio biodiverso y estratégico en la zona norte de Cartagena, entre el Mar Caribe y la Ciénaga de la Virgen. Sorpresivamente, en 2020 una sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad del título, propiciando un contexto legal sin precedentes, que de quedar en firme abortaría los objetivos constitucionales trazados. El fallo fue apelado ante el Consejo de Estado.

Ordenamiento para superar la pobreza y la desigualdad

De acuerdo con el programa Cartagena Cómo Vamos, la pobreza multidimensional en la zona rural de Cartagena alcanza el 37% de la población; según estudios de la Universidad Tecnológica de Bo- lívar (UTB), en varios de sus corregimientos la pobreza monetaria afecta a más de la mitad de la población. En ese contexto de crisis, para La Boquilla el título colectivo es una oportunidad de reducir la pobreza a través del ordenamiento territorial. Según el profesor investigador de la UTB, Aarón Espinosa, a quien entrevisté para esta columna, el título colectivo abre las puertas a la ordenación de un territorio y a la consecuente ejecución de inversiones del Estado a nivel local y nacional, así como de la cooperación inter- nacional, que pueden contribuir a superar trampas institucionales y fiscales asociadas a la pobreza.
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CARTAGENA CÓMO VAMOS, LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA ZONA RURAL DE CARTAGENA ALCANZA EL 37% DE LA POBLACIÓN.

Un caso exitoso de inversión a partir del ordenamiento territorial fueron los proyectos impulsados por la entonces alcaldesa de Cartagena Judith Pinedo Flórez ante el Fondo de Cooperación Española para Agua Potable y Saneamiento Básico. Allí el Distrito recibió una inversión de más de 10 millones de euros no reembolsables para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estas comunidades, concretados en la instalación del alcantarillado en el barrio Nelson Mandela mediante la construcción de una planta de tratamiento de agua potable y tubería de distribución principal del barrio Albornoz; y también la construcción de instalaciones hidráulico-sanitarias, en su fase I, en viviendas del barrio Olaya Herrera. En estos casos, como en pocos ejecutados en el distrito durante las últimas décadas, se logró transformar la vida de las personas con base en información para la planeación y toma de decisiones.

Lograr el acceso al agua potable y al alcantarillado reduce las posibilidades que en la niñez y la adultez se padezcan enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel, las cuales impiden la formación de capacidades básicas en el crecimiento de una persona. Según estudios, quienes acceden a la conexión al alcantarilla- do reducen la probabilidad de ser pobres hasta en un 19,3% frente a quienes no poseen el servicio.

Lo anterior prueba que una parte de la capacidad de gestión del Estado local depende del ordenamiento territorial. Así, el título colectivo de La Boquilla está llamado a convertirse en un vehículo de regulación del territorio basado en la visión de desarrollo y bienestar de la propia comunidad donde se entretejan las actividades productivas, sociales, ambientales y culturales que la gente decida.

Desigualdad en la distribución de recursos

El viaducto El Gran Manglar inaugurado en 2018 es una megaobra pensada para conectar a Cartagena y Barranquilla, por la Vía al Mar, que brindó “un desarrollo importante para los barrios estratos 5 y 6 asentados en la zona norte de la ciudad, pero, para La Bo- quilla ha representado un atraso”, me dijo un líder de la comunidad. Esta intervención del territorio dejó a La Boquilla aislada, sin vías de acceso digno. Mientras tanto, al frente del hotel Las Amé- ricas construyeron un retorno por debajo de la vía nacional que conecta al hotel con su centro de convenciones. Un kilómetro más al norte, el proyecto inmobiliario Serena del Mar cuenta con dos retornos que lo conectan con Cartagena.

Esta inequidad en el acceso a la movilidad ha afectado vínculos sociales y económicos con sus veredas e impactado en la deserción estudiantil de sus habitantes. Antes una mototaxi el transporte público informal con que cuentan, cobraba $2.000 para ir a la vereda de Tierra Baja, ahora tiene un valor de $7.000. Los estudiantes de la nocturna que antes pagaban $4.000 por el pasaje, ahora ya no pueden costear los $11.000 en los que se incrementó. Además, quienes trabajan y estudian en Cartagena se han visto afectados por los altos costos del transporte, lo que sin duda profundiza la pobreza y la desigualdad.
La cobertura del internet es también fuente de exclusión, en tanto que la fibra óptica que conecta esta zona llega hasta el Hotel Sonesta y luego salta al proyeto inmobiliario de Serena del Mar, quedando La Boquilla desconectada a pesar que geográficamente se encuentra en medio del hotel y del proyecto inmobiliario. A través de una acción de tutela la comunidad busca acceder a la conectividad.

Resistencia y sostenibilidad

El título colectivo de La Boquilla encierra la posibilidad de propiciar un cambio estructural en la calidad de vida de sus habitantes, en tanto puede generar oportunidades que impulsen las actividades económicas que allí se localizan, y robustecer el derecho a la participación mediante espacios de negociación para sus demandas históricas.
Si lo anterior es capitalizado a través del ordenamiento, además de consolidar el territorio como espacio de resistencia contra el desarrollo excluyente, también podrán proyectarlo hacia los retos de la sostenibilidad que demanda el futuro, coordinando esfuerzos para construir un plan de inversión que articule lo económico, social, ambiental y cultural que eleve el bienestar material, y que podría materializar la revolución de los derechos inspirada en la Constitución Política de 1991.



*Investigadora de Dejusticia

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