ENTREGA 1:
De libertades,
amores y montes.

La lucha contra el hambre
wayúu en cinco escenas

POR MARCELA MADRID VERGARA,
PERIODISTA DEJUSTICIA

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En una decisión tan histórica como preocupante, en 2017 la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira por el hambre de los niños y niñas wayúu. Con la sentencia T-302 surgía para este pueblo la esperanza de ponerle fin a una crisis que estaba matando a sus niños ante los ojos del Estado. Visitamos durante cinco días algunas comunidades de la media Guajira y conocimos varias caras de la lucha contra el hambre, una lucha digna para convertir la sentencia en una herramienta que salve vidas. 

I. El video viral

Por sus creencias, el señor Ismael decide llevarse a su bebé aun estando en unas condiciones muy malas. Quiero que quede esto grabado (…) No le interesa la vida de su hijo.

Con esas palabras, un médico del hospital público de Riohacha condenó a un padre wayúu ante todo el país. En el video, grabado con un celular, se ve a un hombre en silencio, con su hijo en brazos, en el pasillo del hospital. Está rodeado de alijunas, es decir, de personas que no son wayúu, que hablan otra lengua y que pertenecen a otro mundo, a pesar de compartir las mismas fronteras. 

Era junio de 2016 y la cuenta de niños muertos por desnutrición en La Guajira iba en 26 ese año. El pequeño Janer llevaba varios días en cuidados intensivos con una desnutrición severa. Su padre, al ver que el niño se hinchaba cada vez más, le pidió al médico que le permitiera aplicarle una medicina tradicional recetada por el outsü de su comunidad. Los doctores, todos alijunas, se lo impidieron y lo trataron de loco. 

El padre, desesperado, se llevó a su hijo, y la Fiscalía anunció un proceso judicial en su contra. Bastó un minuto de video para que Colombia, a través de los noticieros y las redes sociales, le atribuyera las miles de muertes de niños wayúu de los últimos años a “las creencias” de esta población. 

A Matilde López Arpushana, una lideresa wayúu que ha entregado los últimos diez años de su vida a la lucha contra la desnutrición infantil en La Guajira, pocas cosas la indignan más que cuando culpan a la cultura wayuu de la tragedia. Ella sabe bien que “la pobreza es la que hace que un niño esté desnutrido”. Una pobreza causada por el abandono absoluto del Estado. 

Así se lo explicó a la fiscal que llevaba el caso de Isimer en su despacho en Bogotá:

-Como tú quieres meter preso a mi paisano, vas a tener que meter preso al presidente Santos y de ahí pa’ abajo hasta al portero de la clínica. 

Con ayuda de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Matilde viajó desde Riohacha hasta la capital y consiguió una cita en el búnker de la Fiscalía para interceder por su paisano. 

-¿Por qué a Santos?, le preguntó extrañada la fiscal.

-Porque si allá hubiera un hospital cerca, depronto el niño no hubiera llegado a ese punto. Porque si hubiera un colegio, ese señor hubiera sido médico, o antropólogo, o abogado y no hubiera dado un hijo desnutrido. 

Matilde le enumeró uno por uno a los verdaderos culpables, para ella, de la enfermedad del bebé: al Ministro de Transporte porque no hizo las vías, al de Agricultura porque no desarrolló las tierras para cultivar, al ICBF porque no llevó los alimentos…

-¿Y al portero por qué?

-Porque no habla wayuunaiki, en esa clínica nadie habla wayuunaiki y ese señor no habla español. Si al menos le hubieran explicado al señor lo que estaba pasando, es posible que él no hubiera hecho eso. 

Finalmente, Janer sobrevivió y Matilde organizó una caminata en Riohacha hasta la sede de la Fiscalía. El padre llevó a su bebé sano en brazos como prueba de inocencia y, detrás de él, más de 300 wayúus querían demostrarle al país que en La Guajira los niños no mueren por un capricho cultural. 

Entre 2014 y 2016, La Guajira vivió la peor sequía de su historia. Crédito: Luis Ángel.

II. Niños de carne y hueso

Matilde nació hace 41 años en Matitas, un corregimiento al sur de Riohacha en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Creció rodeada de agua y de alimentos, sin saber lo que era pasar hambre. Por eso -explica hoy sentada en un rancho wayúu a media hora del casco urbano de Riohacha- no se acostumbra a la idea de que sus paisanos pasen días enteros sin comer. 

Es una mañana de septiembre y la brisa, por fin, amenaza con lluvia. Matilde, vestida con una manta blanca impecable, está sentada en un pequeño tronco en la mitad del rancho. Desde ahí nos cuenta la historia de la lucha contra el hambre en La Guajira, que es también la historia de su vida. Intercala el español con el wayuunaiki para que sus paisanos que la acompañan (autoridades indígenas, padres de familia y profesoras de la comunidad) la escuchen y compartan sus propios recuerdos.

Empieza el relato en 2002, el año en que Matitas dejó de ser conocido por su abundancia natural para convertirse en uno de los incontables pueblos fantasma de Colombia. Primero llegaron los guerrilleros a tomarse el pueblo y, como estaba escrito en su plan, empezaron por la estación de Policía. En esa noche de plomo cruzado, recuerda Matilde, el estallido destruyó las casas cercanas, “las puertas se cayeron, las paredes se rajaron, los techos salieron por el aire”. 

Dos meses después llegaron los paramilitares de Carlos Castaño a imponer su ley. “Hicieron reunión hasta con los perros. Reunieron a mujeres, hombres, niños; no quedó nadie en las casas porque todo el mundo tenía que escuchar su terror”. Todas las familias hicieron caso y, con lo poco que alcanzaron a agarrar, se fueron a sobrevivir al casco urbano de Riohacha. 

Matilde, con 19 años, consiguió trabajo como traductora en el hospital de esa ciudad. Por esos días, recuerda, los wayúu no llegaban a urgencias enfermos de hambre sino de malaria, una enfermedad muy común en épocas de lluvia y que se volvió epidemia cuando la sequía todavía no había condenado a La Guajira. “Hace 20 años se vivía muy diferente. Yo me acuerdo que los indígenas vendían leche y maíz. Eso (el hambre) es de un tiempo para acá, cuando se dejó de saber cuándo iba a llover”. 

Maria Lux Gutiérrez, profesora y madre wayúu, interviene para confirmarlo: “Cuando niña yo acompañaba a mi abuelo, me iba pa’ la roza (la parcela), me comía la patilla y lo ayudaba a sembrar. Ahora los niños no ven eso y obviamente no van a tener la visión de trabajar la tierra”. 

La primera vez que Matilde se encontró de frente con el hambre wayúu fue en 2012, cuando trabajaba como voluntaria en un programa social del Estado. Por esos días las lluvias en La Guajira empezaron a hacerse menos frecuentes y para las familias se volvió muy difícil sembrar alimentos y tener animales.

Como parte de su labor, Matilde visitó centenares de comunidades en Riohacha y vio cómo en todas las rancherías había niños menores de cinco años pasando hambre sin ninguna atención del Estado: ni salud, ni alimentación, ni educación.

Matilde López Arpushana lleva más de 10 años defendiendo los derechos de los niños y niñas wayúu. Foto: Lizmary Machado.

“¿Cómo van a vivir así?, ¿cómo es posible que no tengan agua ni alimento?”, se preguntaba ella, que siempre había vivido de la tierra. No se explicaba por qué nadie alertaba sobre esta tragedia. Lo primero que hizo fue decirles a las madres que nada de eso era normal: no era normal que sus hijos estuvieran tan delgados, ni que pasaran un día sin comer, ni que murieran de hambre.

Lo segundo, convencerlas de exigir sus derechos. Si el Estado no llegaba a sus comunidades, ellas llegarían al Estado. Entonces organizaron marchas y plantones en la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de Riohacha para hacerles saber que los niños wayúu existían, que estaban pasando hambre y que sus programas tenían que llegar a ellos. 

Así lo recuerda Maria Lux, amiga y cómplice de Matilde en esta cruzada: “Llegábamos hasta 600 personas de todas las comunidades indígenas de Riohacha a cerrar ese Bienestar”. Algunos llegaban en bicicleta, otros a pie, a otros los mandaban a buscar en carros de conocidos. Lo único que recibían eran insultos: “Nos decían que qué hacíamos allá, que éramos unos indios necios, hambrientos, que estábamos locos”. 

Pero siguieron, y lo tercero que hicieron fue convertirse en el Estado. En 2013, Matilde convocó a las mamás, a los líderes indígenas y a un grupo de estudiantes (a quienes cariñosamente llama “la muchachera”) para que de forma voluntaria y sin ningún apoyo técnico hicieran un censo de los niños y niñas wayúu de Riohacha. Querían demostrarles a las autoridades que esos niños eran de carne y hueso.

Durante varios meses recorrieron, casa a casa, 145 de las más de 400 comunidades wayúu del distrito de Riohacha y contaron 5.515 niños y niñas, la mayoría de ellos sin atención del Estado. Todos esos nombres quedaron guardados en un CD que Matilde se llevó a Bogotá y le entregó a Antonia Ágreda, una funcionaria del ICBF perteneciente al pueblo indígena Inga. Tenía la esperanza de que, por ser indígena, esta vez sí tomarían en serio sus reclamos. 

Y así fue: en pocas semanas el ICBF desplegó recursos y funcionarios en Riohacha para hacer un censo oficial que contrastara el de Matilde. Encontraron 525 niños y niñas wayúu en estado de desnutrición crónica…solo en Riohacha, solo en un tercio de las comunidades de esa capital. 

Después de eso vinieron muchísimos titulares, documentales de Pirry y de Gonzalo Guillén; la Defensoría del Pueblo levantó un informe y la Procuraduría otro. El ICBF siguió censando familias y encontró cifras de desnutrición iguales o peores en los municipios de Maicao, Manaure y Uribia. Mientras tanto, gracias al Fenómeno del Niño, la sequía se hacía más fuerte: entre 2014 y 2016, en Riohacha solo llovió el 30% del promedio anual, según cifras de la Unidad para la Gestión del Riesgo.

La tragedia de los niños wayúu que morían de hambre llegó hasta Washington. En 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a la comunidad indígena más grande de Colombia y le dio al Estado un plazo de 15 días para cumplirlas. La decisión llegó con una cifra impensable: 4770 niños wayúu habían muerto en los últimos ocho años por enfermedades asociadas a la desnutrición y la falta de agua potable. 

Pasaron los 15 días, y semanas, y meses mientras la tragedia seguía creciendo: un año después, más de 200 niños se habían sumado a la estadística mortal. Un ciudadano, preocupado por esta realidad que por fin ocupaba portadas y titulares de medios, interpuso una tutela contra varias entidades del Estado por el incumplimiento de las medidas cautelares. 

Cuando Matilde y otros 15 líderes wayúu se enteraron de la tutela, se reunieron para presentar una intervención que titularon Consenso de las autoridades indígenas wayúu. En ella, además de detallar cómo les han vulnerado sus derechos a la salud, la alimentación y el agua potable, hicieron una lista con casi 50 propuestas que incluían reforestar, priorizar las fuentes de agua para el consumo, implementar proyectos productivos, centros de salud y programas de educación propia. 

Como respuesta, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia T-302 de 2017, en la que declaró un estado de cosas inconstitucional por el hambre de la niñez wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Es decir, confirmó que en esos cuatro municipios existía una crisis por la violación masiva de los derechos a la alimentación, la salud, el agua potable y la participación, y ordenó medidas estructurales para resolverla.

A los pocos días Matilde convocó a varias autoridades indígenas para contarles lo poco que entendía de ese documento de 350 páginas. “Hicimos cuatro socializaciones por sectores, todo sin recursos y por iniciativa de Matilde”, recuerda Maria Lux. Recuerda que las autoridades llegaron con sus chivos para comer y aunque invitaron al director de asuntos indígenas de la Alcaldía, nunca llegó.

En ese momento no era normal escuchar que se declaró un estado de cosas inconstitucional”, cuenta Matilde. Y tiene razón, pues la Corte solo ha usado esta figura nueve veces en sus 30 años de existencia; este es el único caso relacionado con los derechos de los niños. Aunque no entendía los detalles de la sentencia, sabía que era un motivo de esperanza: “Siempre tuvimos claro que la Corte Constitucional era la máxima instancia y si ella se pronunciaba podría obligar al Estado a hacer las cosas como corresponde”. 

Matilde López cuenta la historia de la lucha contra el hambre en La Guajira, que es también la historia de su vida. Foto: Lizmary Machado

III. Programas de otro mundo

-Resulta que en la planeación del próximo mes me pedían enseñar sobre el esquí…imagínate. Me quejé con el Bienestar y me dicen que eso no tiene nada, que eso no es de otro mundo…yo les pregunté dónde ven ellos nieve por aquí. 

Así se desahoga una profesora de una zona rural de Riohacha con otra compañera. La primera viste un jean y una gorra. Prefiere compartir sus anécdotas de forma anónima.  Están sentadas en una enramada de Cucurumana, una comunidad wayúu ubicada a 30 minutos de la ciudad. Los separan pocos kilómetros de distancia y años de progreso: a diferencia de la capital de La Guajira, aquí no hay electricidad, ni agua, ni baños.  

A mí me piden que celebremos el día del pescador, el día del mar, y me piden evidencias de eso- le cuenta de vuelta Nidia Barros, una agente educativa que viste una manta negra.  Me toca poner un trapo azul y decirles a los niños que pesquen y naden de mentiras. 

Las dos mujeres trabajan en el programa de atención a primera infancia del ICBF, que llegó a las comunidades wayúu en 2017, después de la Sentencia de la Corte Constitucional. El programa se materializa a través de las Unidades Comunitarias de Atención (ucas), unos pequeños ranchos de barro que hacen las veces de preescolar para los niños wayúu de cero a cinco años. 

Con la premisa de ofrecer educación inicial “desde lo propio y lo intercultural”, cada uca es construida por el líder de la comunidad con materiales tradicionales wayúu como el bahareque, el barro y el yotojoro (corazón del cactus). Así lo hizo hace cuatro años Feligno, líder comunitario de Juliakat, quien recibió una dotación de sillas, mesas, vasos y platos de los que ya no queda casi nada. Ahora Feligno muestra cómo eso se fue deteriorando y cuenta que los 22 niños que recibe esa uca pasan casi todo el día en el piso de tierra. 

Las Unidades comunitarias de atención son ranchos construidos por las comunidades donde los niños de 0 a 5 años pasan casi todo el día. Fotos: Lizmary Machado.

Este es un fiel ejemplo de la precariedad que se vive en la mayoría de las ucas del departamento. En el 70% de ellas las estructuras están dañadas, no hay espacios de recreación ni elementos básicos como sillas y mesas. Así lo comprobó la veeduría ciudadana de la sentencia T-302 (conformada por cinco organizaciones sociales e indígenas) en un recorrido que hizo por Riohacha, Uribia, Maicao y Manaure en agosto de 2021. 

Pero el problema de las ucas va más allá de la infraestructura precaria y los contenidos pedagógicos “de otro mundo”. La queja más recurrente que reciben las profesoras por parte de los papás y las mamás es sobre la comida que les dan a los niños. Ellas mismas son testigos y lo expresan entre la indignación y el chiste:

-La harina que nos dan para cocinar es tan tiesa que si haces un bollo, le partes la cabeza a alguien con ese bollo, dice la profesora de jean entre risas.

-La semana pasada los huevos que repartimos estaban podridos, hirviendo de gusanos, casi salía el pollito, recuerda Nidia con cara de disgusto.

-Nos mandan una libra de arroz por día y esperan que eso alcance para 18 niños, cuenta Maria Luz. 

-Los papás nos dicen que esa comida les da diarrea a los niños, que no los van a mandar más a la uca, agrega Nidia.  

Maria Lux Gutiérrez y Nidia Barros trabajan en el programa de atención a primera infancia del ICBF en Riohacha. Foto: Lizmary Machado.

Aunque en el papel las uca hacen parte de un programa educativo y no de alimentación, de ellas depende muchas veces la única comida que reciben en el día los niños menores de 5 años. Por eso Matilde se cuestiona este enfoque:

“El Gobierno dice que ni las uca ni el PAE (Programa de Alimentación Escolar, para mayores de 5 años) son programas de alimentación y por eso no podemos exigir que garanticen todos los valores nutricionales que necesita el niño. Dicen que son programas de educación pero ¿qué educación puede haber en estas condiciones? Mira esto: ni sillas, ni agua, ni baño”, dice mientras señala el piso y las paredes de la uca de Feligno. 

Antes de la pandemia, a cada niño que iba a la uca le correspondía una ración servida de comida que, según el ICBF, es “complementaria”. Pero desde marzo de 2020 estos lugares dejaron de funcionar de manera presencial y el Bienestar pasó a entregar un paquete mensual a los hogares, compuesto en su mayoría por grasas saturadas y sin frutas ni verduras, según el informe de la Veeduría.

Una libra de arroz, un litro de aceite, una libra de fríjol, dos latas de atún, una caja de huevos, un kilo de leche en polvo y una bolsa de espagueti. Ante la escasez y la imposibilidad de salir a vender mochilas para ganarse lo del día, las familias terminaron, inevitablemente, repartiendo esta comida entre todos sus integrantes. Es que las medidas de aislamiento dejaron a la mayoría de familias wayúu sin fuentes de ingresos; algunas solo lograron sobrevivir recurriendo al trueque, es decir, cambiando sus artesanías y sus chivos, por algo de comida en los centros urbanos.

Así ocurrió en el hogar de Rosmery Flórez, en la comunidad Woyotomana de Riohacha, donde viven siete niños. Ella dice que los adultos de la comunidad, cuando comen, lo hacen una sola vez al día y “no pasa nada”, que ya están acostumbrados.

A través de Matilde les preguntamos a los adultos si quisieran que los niños regresen a la uca de manera presencial, como planea el ICBF. Antes de traducir la respuesta al español, a Matilde se le encharcan los ojos y guarda silencio: “Dicen que la uca es buena porque el niño va y come, pero no es buena porque solo le dan a él y los demás no comen”. 

En los municipios de Manaure, Maicao, Riohacha y Uribia hay 2.655 ucas y, según la veeduría de la Sentencia, estas solo atienden al 34% de los menores de 5 años. Al 66% de los niños wayúu no les llega ni siquiera ese paquete. 

Antes de irnos de la casa de Rosmery, los adultos de la ranchería insisten en que veamos su yanama, que en español significa “trabajo colectivo”. Se refieren a una parcela que trabajan entre cinco familias donde cultivan maíz, yuca y fríjol cuando tienen la suerte de que llueva. Están orgullosos de sus cultivos porque, aunque parte de ellos están plagados de gusanos, son la manera de mostrarnos a los alijunas que los wayúu sí tienen la intención de trabajar y vivir de la tierra. 

Matilde cree incluso que la misma tierra podría salvarles la vida a los niños si el Gobierno tuviera voluntad de invertir en el desarrollo rural de estas comunidades. “Van a tener que inventarse otra estrategia: o mandan al Ministerio de Agricultura a meterle tuberías, sistemas de riego y fertilizantes para que ellos produzcan los alimentos que se van a comer, o les va a tocar traer aviones de comida”, sentencia señalando los cultivos de Woyotomana.  

Los adultos de la comunidad Woyotomana muestran con orgullo sus cultivos. Foto: Lizmary Machado.

IV. La huelga

26 de septiembre de 2021.

Llegamos al parque Simón Bolívar de Riohacha buscando a los nueve jóvenes que el día anterior habían empezado una huelga de hambre para exigir soluciones urgentes a la crisis de La Guajira. No hay megáfonos, ni arengas, ni multitudes, como se esperaría de una protesta. Solo encontramos un puñado de hamacas colgando, dos letreros que atraviesan el lugar y mucho silencio. 

Detrás del campamento improvisado con bolsas de basura y cinta de “no pase” vemos a tres huelguistas, los únicos que no están descansando en las hamacas. Nos invita a seguir Luis Lobo, uno de los líderes. Tiene los ojos rojos, chiquitos, y aunque no decimos nada sobre eso, se justifica: “Es que no comer da sueño, por eso los niños desnutridos se quedan dormidos en clase”. Hablamos con él y dos huelguistas más: Beatriz Salas y Yarley Molina. Los demás “están en la siesta del hambre”, dice Luis señalando al campamento.

Nos cuentan que esta es la segunda versión de una huelga que se gestó en medio del Paro Nacional de 2021. Los jóvenes que lideraron las marchas en Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha decidieron unirse y pensar en algo más grande. Después de una lluvia de ideas concluyeron que “no podíamos impulsar la violencia porque estamos en un departamento pobre. ¿Cómo vamos a destruir lo poquito que tenemos? Así que recurrimos a la manifestación más pacífica posible que es la huelga de hambre”. 

El primero de julio, Luis, Límbano, Simón, Yarley, Yissac, Jefferson y Beatriz llegaron al parque Simón Bolívar de Riohacha, colgaron las hamacas y pintaron los carteles que resumen su causa: La Guajira en huelga de hambre y La Guajira muere de abandono. Su objetivo era llegar a acuerdos con el Gobierno Nacional para que implementara las medidas más urgentes de la sentencia T-302 de 2017.

Los huelguistas inauguraron la protesta con un dato trágico: hasta ese día, 18 niños wayúu habían muerto por desnutrición en 2021. Según la Veeduría ciudadana de la sentencia, en octubre esa cifra llegó a 32, pero es posible que sea más alta porque, según denuncian algunas comunidades, el Ministerio de Salud no hace brigadas desde que empezó la pandemia

Nueve jóvenes guajiros duraron un mes en huelga de hambre, una protesta que inició en el Parque Simón Bolívar de Riohacha. Foto: Lizmary Machado.

Jefferson Palmar tenía motivos de sobra para unirse a la huelga. Él pasó de luchar contra el hambre a ejercerla como forma de protesta. Este joven wayúu de 22 años creció en la comunidad de Campo Florido, en Maicao, donde la fuente de agua más cercana está a tres horas a pie de su ranchería. “A veces los chivos se cansan en el recorrido y nos toca traerlos cargados”, explica, poniendo las manos sobre los hombros. 

Antes de unirse a la huelga, Jefferson tuvo que tomar una decisión radical: asumir que inmediatamente perdería su empleo. Hasta ese primero de julio trabajó en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) como coordinador de campo. Su labor consistía en repartir a cada familia de su comunidad un paquete mensual de alimentos estipulado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Pero en todas las rancherías recibía la misma queja: “esto no alcanza para nada, menos en esta pandemia cuando no podemos salir a trabajar”.

Él sabía más que nadie que unos pocos gramos de arroz, fríjoles, atún, espaguetti y aceite no son suficientes para paliar el hambre de una familia wayúu durante un mes. Así que prefirió unirse a la huelga y sacrificar su salario de 500 mil pesos mensuales.  

Sus padres y hermanos, que dependían en gran parte del salario de Jefferson, no estuvieron de acuerdo. No entendían por qué alguien arriesgaría su salud y su trabajo cuando está demostrado que “todo va a seguir igual”. 

Yo los entiendo porque ellos viven hace tanto tiempo esa problemática que quizá la han normalizado.

-¿Por qué crees que ellos lo ven normal y tú no?, le pregunto 

-No estoy seguro. Yo pienso mucho en eso y no lo entiendo, no lo entiendo. 

Jefferson Palmar, uno de los huelguistas. Foto: Lizmary Machado.

La huelga que inició el primero de julio fue levantada el día 20, cuando los huelguistas creyeron haber alcanzado su objetivo. Ese día llegó a Riohacha el Viceministro del Interior, Carlos Baena, con su equipo de trabajo y les presentó un protocolo para iniciar las negociaciones. “Eso era lo que pedíamos”, cuenta Yarley. Así que firmaron el protocolo, se tomaron una sopa con verduras y se prepararon para negociar.

Pero el entusiasmo se fue perdiendo a medida que avanzaban las negociaciones: “Nos fallaron en lo más importante: a esas diez mesas de diálogo no vinieron funcionarios con capacidad de decisión. Eran los delegados de los delegados de los delegados. Por poco y nos mandan al portero”, dice Yarley entre risas. Así que se levantaron de las mesas y volvieron a colgar las hamacas.

9 de octubre de 2021. Bogotá. 

Es el día 20 de la huelga, que ahora tiene sede en la Plaza de Bolívar de la capital. Allá llegaron los nueve huelguistas con tiquetes donados por un sindicato de maestros de La Guajira. Duermen en tres carpas que consiguieron gracias a la solidaridad de algunos conocidos. Su misión ahora es lograr que en el Presupuesto General de la Nación, que se discute por estos días, se incluyan recursos para cumplir la Sentencia T-302 de 2017. 

Ya se ve la diferencia en sus cuerpos, en sus voces e incluso en su piel, pero la conciencia permanece intacta. Decenas de periodistas, líderes políticos y activistas llegan a preguntarles sobre sus reclamos. Para responder, resumen la sentencia mejor que cualquier juez: “solicitamos alimentación, agua y salud porque sin eso no puede existir un pueblo”. Hablan del derecho a la alimentación, del sistema de salud propio y del mínimo vital de agua con los tres criterios que exigió la Corte: calidad, accesibilidad y disponibilidad. 

Es la primera vez de Jefferson en la capital, donde el frío casi no lo deja dormir ni sacar las manos de los bolsillos en todo el día. Después de 26 días sin comer, anuncia su retiro de la huelga de hambre tras haber sido hospitalizado por desnutrición y gastroenteritis. El mensaje que lee por Facebook resume las motivaciones de su lucha, pero las palabras ya no tienen de trasfondo la Constitución, solo de dolor: “Nuestros cuerpos no nos permiten continuar con el ayuno. Sabemos lo que sintieron los casi 6 mil niños que han muerto de hambre y sed, niños de mi cultura. Sentimos el dolor de que nuestros hermanos y hermanas no pudieran acabar con su hambre y sed perpetuas”. 

Quedan todavía cuatro huelguistas en pie. El 14 de octubre tienen un nuevo intento de diálogo con el Gobierno. En esa reunión, el Viceministro del Interior aclara que no negociará con ellos nada relacionado con la sentencia porque ya el Gobierno adelanta un proceso de consulta con los voceros del pueblo wayúu. 

A Matilde López, una de las voceras wayúu para la implementación de la Sentencia, nunca le convenció el argumento del Viceministro. Para ella “todas las expresiones son válidas. Los muchachos han demostrado una solidaridad enorme y están pidiendo unas medidas urgentes de la sentencia”. 

Matilde hizo parte del grupo de líderes y autoridades wayúu que llegó a Bogotá después de 18 horas en bus para apoyar la huelga. Ese mismo día, los huelguistas tuvieron cinco minutos para intervenir en la plenaria del Senado. Luis Lobo, con el último rastro de energía que le quedaba, habló en nombre del grupo: “Queremos pedirle al Congreso de la República que, en el marco de la discusión sobre el presupuesto General de la Nación, se pueda priorizar el departamento de La Guajira”. Al terminar el discurso, Luis volvió a la Plaza y los congresistas siguieron discutiendo otros asuntos según el orden del día.

20 de octubre de 2021. Día 31 de la huelga. 

Son las 11 de la noche. Los huelguistas se paran en medio de una Plaza de Bolívar sola y encharcada para grabar un video en directo, el último que harán en Bogotá.

“Hemos tomado la decisión de levantar la huelga…de suspender la huelga, perdón”, dice Luis mirando a la cámara. “No porque no podamos seguir, nuestra voluntad sigue intacta pero en ese lugar (señala al edificio del Congreso) donde se discute el Presupuesto Nacional es evidente que los diez temas que trajimos a la huelga no se podrán cumplir. Esa verdad hay que decírsela a La Guajira”. 

Cierra el video pidiendo perdón al pueblo guajiro y aclara que la lucha apenas comienza. El siguiente paso será gestionar una audiencia de la comisión económica del Senado en Riohacha. Y así, hasta que se cumpla el lema de su movimiento, “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

La huelga llegó a Bogotá para intentar incidir en el Presupuesto General de la Nación. Foto: Paula Thomas.

V. La visita de la Corte

24 de septiembre de 2021.

Una fila de camionetas 4×4 sale del Tribunal Superior de Riohacha por la carretera hacia Manaure. En ellas van funcionarios del ICBF, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, la Consejería para las Regiones, expertos y curiosos. El destino: seis comunidades indígenas de Manaure y Uribia. Aunque parece una muestra de la llegada del Estado a La Guajira, el objetivo es que la Corte Constitucional observe, a través de los ojos de dos magistrados auxiliares, cómo va la implementación de la sentencia T-302 de 2017. 

La primera parada de la inspección judicial es en Manaure, cerca de la carretera. Ahí hay una pila pública que hace parte de Guajira Azul, el programa estatal que busca proveer de agua potable a las zonas desérticas y apartadas del departamento. Con orgullo, el viceministro de Agua, José Luis Acero, presenta la pila: un módulo con varios grifos donde se procesa agua potable a través de pozos profundos; allí los habitantes de las comunidades cercanas pueden llegar en bicicleta a abastecerse. 

Acero abre la llave, toma agua con tranquilidad y les explica a los magistrados que, como esta, en el departamento hay 15 pilas públicas que benefician a 30 mil personas. Desde entonces, la cobertura de agua potable ha pasado del 4% al 20%.

La primera parada de la inspección judicial fue la pila pública Porky, en Manaure. Crédito: Corte Constitucional.

Al fondo, detrás de la multitud, está Matilde en silencio. Mientras el Viceministro habla, ella ve pasar a una joven wayúu que va saliendo de la pila con un par de pimpinas llenas de agua sobre su bicicleta. Se le acerca, le pregunta algo en wayuunaiki y, cuando la joven empieza a responder, se acerca otra mujer a interrumpir la conversación. La tercera mujer viste una manta wayúu elegante y luce molesta. Ya en español, Matilde se defiende: 

-Yo solo le pregunté a la muchacha si el agua les alcanza para bañarse y ella dijo que no.

-Claro que no alcanza, ¿acaso quién se baña con agua potable? Por lo menos algo nos dan…

La segunda parada, muy cerca de ahí, es en una uca del corregimiento de Musichi. Javier Rojas Uriana, líder wayúu y vocero para la implementación de la Sentencia, contextualiza a la comitiva. Explica que este es el corregimiento de Manaure donde más niños han muerto por desnutrición y que el último caso ocurrió en abril.

El líder de la comunidad, Luis Epiayú, cuenta que construyó la uca hace cuatro años y ya no le quedan vasos, platos ni sillas. El magistrado invita a hablar a algunas madres de la comunidad, quienes le cuentan historias muy similares a la conversación de las profesoras en Cucurumana: que la comida es muy poquita, que antes mandaban granos pero ya no y que nadie les pregunta qué alimentos quisieran incluir en el paquete nutricional.

Al escuchar estos reclamos, cuatro funcionarios con chalecos verdes del ICBF se ponen en actitud de alerta: se acercan al círculo y revuelven papeles con tablas y fotos que llevan en varias carpetas. 

Finalmente, el magistrado pregunta si hay algún niño en estado de desnutrición que necesite atención urgente. Un líder responde dice que sí y se acerca una señora mayor con una niña de la mano. En ese momento se escucha a una mujer con acento bogotano decir en medio de la multitud: “¿pero quién determina el grado de desnutrición?, ¿cómo saben que está desnutrida?”

El magistrado hace un llamado al orden mientras la niña, rodeada de adultos, mira para todos lados. Se llama Maria Eugenia y tiene tres años. Sus familiares cuentan que acaba de llegar de un control médico en el hospital de Manaure y que el ICBF no hace presencia en la comunidad desde hace unos dos años.

Dos funcionarias del Instituto piden la palabra y hacen varias aclaraciones: “Lo primero es que estuvimos antes de ayer en esta comunidad haciendo nuestro trabajo. En esa sesión identificamos a Maria Eugenia en riesgo. Acá tenemos las fotos”, dice Liliana Pulido, subdirectora nacional. De inmediato, su compañera, la Directora regional, abre el celular para buscar las pruebas. 

Maria Eugenia tiene 3 años y presenta riesgo de desnutrición. Crédito: Corte Constitucional.

“Yo quisiera que la Corte hiciera inspecciones todos los días para que el ICBF viniera corriendo y atendiera a los niños”, dice un líder de la comunidad. 

La caravana de carros avanza hacia el norte y el paisaje se va haciendo más árido. El recorrido continúa por más ucas, colegios, cocinas, pozos y rancherías. Los comentarios de las comunidades son muy similares: los alimentos se acaban rápido, el agua no es potable, la infraestructura está deteriorada, los niños se enferman. 

En la comunidad Media Luna, en Uribia, los magistrados se encuentran con una muestra innegable de la negligencia estatal. Marbelis Ipuana, la autoridad indígena, los recibe resumiendo el problema: el pozo de agua que construyó el Gobierno nacional en 2016 detrás del colegio solo funcionó durante un año. En medio de la frustración, cuenta que se ha cansado de enviar oficios a la Alcaldía para que lo arreglen y nunca hubo respuestas. Cierra su presentación con una contundente mención a la sentencia: “les exijo, en el marco de la sentencia, que se haga una intervención urgente…le pido al Gobierno que se haga cumplimiento de esa sentencia llamada T-302”.

Cuando los magistrados intentan identificar quién puede solucionar el problema, se encuentran en una sinsalida: el Viceministerio de Agua dice que ese pozo no está dentro de su competencia, que está a cargo del municipio de Uribia…pero que cerca de ahí están diseñando una pila pública. La Alcaldía dice que no tenía este pozo en su inventario, que hasta hoy lo conocen; luego sus funcionarios corrigen y dicen que sí lo conocían pero no sabían que el mantenimiento les tocaba a ellos. 

Las 15 comunidades y los 464 alumnos del colegio que debían beneficiarse de esa obra ahora dependen de un carrotanque que llega a suministrarles agua una vez por semana. Marbelis denuncia que el agua no alcanza y, peor aún, no es potable y termina enfermando a los niños. Javier Rojas y la psicóloga del colegio confirman ese testimonio y agregan que hay un subregistro de niños enfermos y fallecidos: “los padres prefieren callar cuando muere un niño porque les da miedo que la Fiscalía se los lleve presos”. 

La Corte Constitucional visitó seis comunidades wayúu para verificar el cumplimiento de la sentencia T-302.

Una funcionaria de la Consejería para las Regiones interrumpe ese desahogo: 

-Ese tipo de afirmaciones no tienen ningún soporte y me parece complicado…él (Javier Rojas) no vive en esta comunidad. No podemos estar diciendo de manera genérica que no hay agua y que se mueren los niños.

-¡Que se venga a vivir tres semanas acá si quiere soportes!, grita alguien desde lejos. 

El magistrado la deja terminar y desbarata sus argumentos con una frase:

-La Consejería va a tener la oportunidad en su momento de confrontar las afirmaciones que se hacen aquí. Pero lo que estamos viendo en este momento no está sometido a duda, esto es claro. 

-Acá no ha habido muertos, insiste la funcionaria.

-No tiene que haberlos para tomar medidas preventivas, concluye el magistrado. 

Así fue como las entidades encargadas de implementar la sentencia T-302 de 2017 pasaron al tablero y se rajaron. En una jornada de casi diez horas, el pueblo wayúu le mostró su realidad a la Corte Constitucional, mientras el Estado se dedicó a defenderse.

De aquella ilusión que tuvo Matilde cuando conoció la sentencia en 2017 queda algo todavía. Ella, así como los huelguistas, las profesoras, las mamás y las autoridades indígenas, sabe que la Constitución es la única herramienta de lucha que le queda al pueblo wayúu para conocer un mundo sin hambre. 

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LA HISTORIA
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SE DECLARA EL ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN EL SISTEMA CARCELARIO COLOMBIANO

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Derechos de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz 

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La historia de un desaparecido motiva reconocimiento al derecho a acceder a información pública. 

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EL RÍO ATRATO ES SUJETO DE DERECHOS

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ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL EN LA GUAJIRA

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EUTANASIA:
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ACCESO PROGRESIVO A LA TIERRA

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REGULACIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS EN ESPACIO PÚBLICO

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SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA JEP

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EL DERECHO
A LA SALUD DE PERSONAS MIGRANTES

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UNA LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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Se eliminan impuestos para la higiene menstrual 

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