De la locura a la esperanza. Ese fue el título que escogió la Comisión de la Verdad de El Salvador para el informe que recogió los casos más atroces del enfrentamiento armado entre el Ejército y la guerrilla. Un conflicto de 12 años que causó 75 mil muertos. La investigación, que tomó como muestra 32 casos emblemáticos luego de recoger más de 23 mil testimonios, reveló que el 80% de los casos fueron cometidos por la Fuerza Armada, escuadrones de la muerte y grupos paramilitares. Las principales recomendaciones de la Comisión de la Verdad fueron sancionar a los responsables, reparar integralmente a las víctimas y depurar el Órgano Judicial. Pero nada de eso se cumplió.

El Salvador firmó la paz en enero de 1992. La Organización de las Naciones Unidas fue la mediadora y se creó la Comisión de la Verdad, integrada por extranjeros, para que esclareciera los casos más emblemáticos cometidos por ambos bandos. La comisión presentó su informe en marzo de 1993 y cinco días después la Asamblea Legislativa aprobó una Ley de Amnistía General que impidió la persecución penal de los crímenes de guerra.

Los casos más emblemáticos que hicieron parte del informe siguen impunes 30 años después. Stener Ekern, uno de los asesores de la Comisión de la Verdad que participó en la elaboración del texto, hace un repaso por lo que considera fueron los principales aciertos y errores del trabajo de la Comisión.      

En su opinión, el informe no tuvo mayor impacto porque la comisión no calculó la resistencia que mostrarían los grupos de poder y las élites involucradas al conocer los hallazgos de la investigación. "Para el presidente (Alfredo Cristiani) fue espantosa la conclusión y engavetaron el informe de la comisión en dos días. El gran error de la Comisión de la Verdad fue no ir más lento y no preparar el terreno para no espantar a las élites. Hay una tendencia de subestimar el terreno para evitar choques", opina Ekern, doctor en antropología social de origen noruego.

Cuando la comisión presentó el informe, El Salvador era gobernado por Alfredo Cristiani, quien es el principal señalado en uno de los 32 casos investigados por la Comisión de la Verdad: la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras en la Universidad Centroamericana en San Salvador, ocurrida en noviembre de 1989. 

Luego de la firma de los acuerdos, el país centroamericano quedó sumido entre dos extremos. Dos partidos se repartieron el poder: el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que nació de la guerrilla como partido de oposición, y el derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), al que pertenecía Cristiani, y que siempre estuvo alineado con la cúpula militar del país. Se generó un bipartidismo:      ARENA gobernó durante 20 años y el FMLN tuvo el poder por otros 10. Pero en esas tres décadas no hubo avances en la justicia para las víctimas ni en el cumplimiento de las recomendaciones.

El actual gobierno tampoco ha dado señales de querer cumplirlas. Ha negado, por ejemplo, el acceso a archivos militares tanto a jueces como a la población. La resistencia ha sido tal que hasta impidió el acceso de un juez a recabar pruebas a las bases militares. El único avance que ha tenido el país en la búsqueda de justicia para las víctimas fue cuando, en 2016, la Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía, permitiendo que se procesaran a los criminales de guerra. Desde entonces han empezado a moverse algunos casos, aunque a la fecha no hay ninguna condena.

Otra de las deudas que no se han terminado de saldar es el esclarecimiento de los casos de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto. La desaparición de la niñez fue una práctica sistemática durante la guerra, principalmente a manos de las fuerzas armadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a El Salvador por primera vez en 2005 por el caso de las hermanitas Erlinda y Ernestina Serrano; sin embargo, el Estado sigue sin esclarecer su paradero, como ocurre con muchos otros casos.

 

Una reconciliación a medias

Un problema que plantea Ekern es que, pese a que la comisión emitió recomendaciones en favor de la reconciliación de la sociedad salvadoreña, no se logró romper con la polarización que existía desde la firma de los acuerdos de paz.  

Su principal consejo para futuras comisiones de la verdad es que tengan un horizonte más grande, que incluya aspectos sociológicos de la convivencia de las sociedades. "Los negociadores de la paz subestimaron el arraigo de la sociedad patriarcal, subestimaron a las élites salvadoreñas y subestimaron la necesidad de reformas a largo plazo", afirma Ekern, profesor en el Centro Noruego de Derechos Humanos.

Nidia Díaz, excomandante guerrillera y una de las firmantes de los acuerdos por parte del FMLN, considera que la comisión fue un mecanismo para intentar superar la impunidad, pero para ella uno de los principales problemas fue que el Gobierno y el alto mando militar no aceptaron los hallazgos. 

Existe un 'tira y encoge' respecto a este punto, porque otros actores de derecha señalan que tampoco la guerrilla acogió los resultados del trabajo de la comisión. "En vez de aceptar el informe y cumplir las recomendaciones, todo el gabinete de Gobierno, el alto mando militar y los sectores de poder oligárquico lo rechazaron. No podíamos solo nosotros cumplir las recomendaciones sino que tenía que ser recíproco", dice Díaz.

David Morales, abogado defensor de derechos humanos, señala que ha habido negación por parte de ambos bandos. Para él, lo que más afectó la consolidación de la paz es que el poder de turno recurrió al "negacionismo" cuando le resultó incómodo el resultado del trabajo de la Comisión de la Verdad.      

Morales es litigante en uno de los casos que ha estado más cerca de alcanzar la justicia: la masacre de El Mozote, en la que el Ejército masacró a mil campesinos en la zona oriental de El Salvador en 1981. El proceso penal sólo inició hasta 2016, cuando se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía.

Ekern, al igual que Morales, opina que las dos partes involucradas en los crímenes cometidos entraron en un "cuento de negación y se presentaban a sí mismos como víctimas". Nadie, a la fecha, ha asumido la autoría o la responsabilidad en los casos más graves ocurridos en los 12 años de la guerra salvadoreña. Por eso le resulta difícil identificar un impacto relevante de la comisión, aunque sí cree que se cumplieron sugerencias pequeñas, como la reforma policial, que permitió la creación de la Policía Nacional Civil y abolió los cuerpos de seguridad que dependían de la Fuerza Armada. 

"Hay que establecer una visión robusta y realista. Se han hecho estudios en muchos países y una lección general es que toma al menos 25 años el proceso, se necesita al menos una generación para relajar a las partes en una guerra", recomienda Ekern.