El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas, comandadas por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón -que había asumido tras la muerte de Juan Domingo Perón, en 1974- y dieron el golpe de Estado más violento, crudo y despiadado de la historia del país. Argentina estaba acostumbrada: contaban demasiados años en los que los gobiernos militares se intercalaban con los civiles tomando el poder por la fuerza.

Lo que sucedió entre marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia y se restituyó la democracia, no tenía precedentes. Proceso de Reorganización Nacional llamaron al plan para establecer un sistema concentracionario que secuestró, violó, asesinó, robó bebés, arrojó personas vivas desde aviones al río y sembró el terror en las fibras más profundas de la estructura social. El saldo: 30.000 personas desaparecidas, 500 bebés robados, miles en el exilio. Una guerra infame, un país en ruinas.  

Cinco días después de asumir, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) con el objetivo de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar. Los integrantes, miembros destacados de la sociedad, junto a un grupo de personas vinculadas a organizaciones de derechos humanos trabajaron incansablemente y en tiempo récord. Nueve meses después, el 20 de septiembre de 1984, el escritor Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP, le entregaba a Alfonsín el informe que incluía testimonios de sobrevivientes y de familiares de las víctimas, detalles sobre las torturas, un inventario de más de 300 centros clandestinos de detención y una lista parcial de las personas desaparecidas, entre muchos otros datos. Esa voluminosa investigación, también conocida como Informe Sábato, fue editada y publicada, con su prólogo, bajo el título Nunca más y serviría de base del histórico Juicio a las Juntas de 1985, en el cual fueron juzgados y condenados los comandantes de las Fuerzas Armadas, marcando un hito único en el mundo. 

"Creo que la construcción de la CONADEP inicia un proceso sin retorno en busca de memoria, verdad y justicia en Argentina y, claramente es un quiebre, una bisagra", dice Martín Gras, abogado y exdetenido desaparecido, sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el centro clandestino de detención más grande del país. 

Gras recuerda que "la represión argentina se caracterizó por crear la figura del desaparecido, alguien que, en palabras de Videla [quien ocupó el cargo de presidente de la nación durante la primera etapa de la dictadura] 'no estaba ni vivo ni muerto'. Colocó al desaparecido en un no lugar. Y montó un sistema totalmente clandestino y fantasma por debajo de la esfera pública. El terrorismo de Estado, entonces, tenía en su corazón esa especie de pozo negro que era la ignorancia sobre la suerte de miles de hombres y mujeres. Y cuando se produjo el proceso de recuperación democrática hubo un clamor, principalmente de los familiares de las víctimas que -con cierta ingenuidad- pensaban que muchos o la totalidad de los desaparecidos iban a reaparecer. Cuando la CONADEP comenzó a investigar, fue desbordada por aquello con lo que se encontró".

El primer gran impacto fue para los familiares de las víctimas, señala Gras, porque recién ahí comprendieron lo que había sucedido: "Ya no era su hijo, su hermano, se descubre que hubo una política de exterminio y que fueron miles. Le dieron, de golpe, a todo el país, la dimensión de lo que pasó. La sociedad en su conjunto salió de un espacio de niebla. Yo creo que ese fue el efecto principal que tuvo esa tríada de CONADEP, Nunca más y Juicio a las Juntas". Para los sobrevivientes, por otro lado, la creación de la comisión "significó la posibilidad de hablar y ser escuchados".  

LuciIa Larrandart es abogada, exjueza, docente de la Universidad de Buenos Aires y en 1984 integró el grupo de personas que trabajó codo a codo con la CONADEP en la investigación y la elaboración del Nunca más. Su labor en la Secretaría de Denuncias de la Comisión consistía en recibir las denuncias de sobrevivientes y familiares y ubicar a qué sitio pertenecían: "Uníamos las características mencionadas con el centro de detención al que correspondía porque no se sabía qué centros había". Se calcula que hubo cerca de 500 centros clandestinos de detención (aunque si se suman los temporales la cifra crece), "la CONADEP fue la que comenzó a descubrirlos. Fue un trabajo super artesanal que se hizo en 10 meses", recuerda.  

Mientras trabajaban, dice, jamás imaginaron el impacto que tendría el material que estaban preparando. "En el momento nos parecía que no era tan importante lo que estábamos haciendo porque no se tomaban declaraciones en tribunales, no pensábamos que sería prueba judicial". Analizándolo en retrospectiva, coincide con Gras respecto a que la CONADEP "quedó como una institución memorable, precisamente por el Nunca más": "El informe es brutal, describe todo cuando no se conocía nada, hizo que el conjunto de la sociedad se enterara de lo ocurrido y sirvió como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad que vendrían después".

La exjueza federal María del Carmen Roqueta, quien presidió el tribunal que le dio a Videla su condena final en 2012 por el robo de bebés, afirma que el Nunca más "tiene un alto valor probatorio en materia de lo que se juzgó. Y un gran valor histórico". "La búsqueda de datos sobre lo sucedido permanece en el tiempo y el informe se siguió utilizando en todos los juicios sobre delitos de lesa humanidad. Creo que fue un gran acierto político e institucional, si nos posicionamos en la coyuntura histórica, política y social en la que surgió la CONADEP".

Para Eduardo Tavani, abogado y presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) -una organización no gubernamental creada un año antes del golpe, cuando la violencia ya escalaba- "el Nunca más, en tanto versión oficial de lo investigado, fue una suerte de rendición de cuentas del horror sucedido durante la última dictadura cívico militar. Un documento que ayudó a consolidar el clamor por justicia, contra el olvido, el silencio y la impunidad". 

El único punto flaco señalado por Tavani y Gras fue la polémica que rodeó al prólogo con el que se publicó el informe. Allí se hacía alusión a lo que se conoce como "teoría de los dos demonios": una lectura de los hechos que equiparaba la violencia perpetrada por las Fuerzas Armadas con el accionar de las organizaciones guerrilleras y la militancia armada. Esta interpretación de lo ocurrido fue fuertemente criticada y generó controversias y cambios en las reediciones posteriores del texto. Del trabajo de la comisión, solo virtudes. 

"La impunidad es enemiga directa de la búsqueda de derechos", sostiene Gras y asegura que el Nunca más y los primeros juicios refundaron la democracia argentina -aún con las absoluciones, los indultos, las condenas a medias y otros agujeros que dejaron medidas establecidas por el mismo Alfonsín poco después y que seguirían vigentes hasta el 2003. Afrontar lo que había sucedido y buscar justicia fue imprescindible para empezar a reparar el tejido social destrozado. Por eso las palabras con las que el fiscal a cargo del Juicio a las Juntas, Julio César Strassera, cerró su alegato quedarían grabadas en la memoria colectiva del país. Serían homenaje, deseo y bandera: "Señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca más".