Mecanismos de participación

La consulta previa, libre e informada es el derecho fundamental de las comunidades étnicas (pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, rom, entre otros) a ser consultadas por el Estado cada vez que se quiera implementar una medida o desarrollar un plan, proyecto o actividad que pueda afectarlas directamente. Por ejemplo, los proyectos de explotación de recursos naturales en territorios ancestrales o los planes de desarrollo regionales y locales generalmente requieren de una consulta previa.

Cuando una medida represente una afectación profunda de los derechos de las comunidades étnicas es obligatorio obtener su consentimiento previo, libre e informado. Específicamente, esto aplica en los siguientes casos: cuando se requiera el traslado o reubicación de una comunidad, cuando el proyecto pueda causar la extinción física o cultural de la comunidad, o cuando se trate del uso de materiales peligrosos en sus territorios.

Es el derecho fundamental que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas a las autoridades y obtener una respuesta pronta. Sirve para solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica y la prestación de un servicio; para requerir información, consultar, examinar y pedir copias de documentos; para formular consultas, quejas, denuncias y reclamos; y para interponer recursos. Cualquier persona puede presentar un derecho de petición ante cualquier autoridad pública y, en determinados casos, ante privados. Las autoridades tienen la obligación de responder en 15 días.

Es un mecanismo de control social que le permite a los ciudadanos, o a organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de las tareas de las autoridades públicas y privadas. Mediante las veedurías es posible hacer seguimiento a los procesos de contratación estatal, la ejecución de obras y el manejo de recursos públicos, entre otras actividades. Cualquier ciudadano, individualmente o a través de organizaciones civiles, puede constituir una veeduría. Para hacerlo, primero se deben elegir a los veedores. Luego estos deben redactar un acta de constitución de la veeduría e inscribirla ante la personería municipal o distrital, o ante alguna Cámara de Comercio.

Las auditorías ciudadanas también son un mecanismo de control social, enfocado a la vigilancia de la ejecución de proyectos que se financian con recursos del Sistema General de Regalías. Si bien este mecanismo no ha sido regulado, la Contraloría General de la Nación diseño una cartilla con el propósito de dar lineamientos para la formación de auditorías ciudadanas. Para usar este mecanismo debe crearse un Grup Auditor Ciudadano, del que puede hacer parte cualquier persona interesada. Los Grupos Auditores nacen y terminan con los proyectos sobre los cuales ejercen vigilancia.

Es el proceso que utilizan las autoridades para informar, explicar y dar a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, organismos de control y otras entidades públicas, a partir del diálogo. Se debe rendir cuentas, entre otros, sobre la ejecución del presupuesto, el cumplimiento de los planes de desarrollo y los procesos de contratación pública. Así, por ejemplo, si el plan de desarrollo del municipio tiene una visión más agrícola y menos minera de desarrollo, la rendición de cuentas permite que la comunidad esté informada sobre la forma en que los alcaldes están cumpliendo ese objetivo.

Es un acto público de diálogo entre los ciudadanos y las autoridades administrativas (es decir, el Gobierno Nacional, incluyendo los ministerios, departamentos administrativos, entidades adscritas y vinculadas, unidades administrativas especiales, gobernaciones, alcaldías, superintendencias, entidades descentralizadas, Fuerza Pública y establecimientos públicos) para presentar, evaluar y retroalimentar su gestión. Se pueden realizar audiencias públicas durante cualquier procedimiento administrativo, ya sea por iniciativa de la autoridad administrativa o de un ciudadano.

Si se trata de procedimientos administrativos ambientales, como el otorgamiento de licencias, permisos y concesiones ambientales, la audiencia pública solo puede ser solicitada por el procurador, el defensor del pueblo, el ministro de Medio Ambiente, las autoridades ambientales, los gobernadores, los alcaldes o al menos cien personas o tres entidades sin ánimo de lucro. Las audiencias públicas ambientales sirven para transmitir opiniones, información y documentos a las autoridades ambientales (por ejemplo, el ministerio de Medio Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA o las corporaciones autónomas regionales), que deberán tenerse en cuenta en el momento de la toma de decisiones. Esto implica que si las autoridades deciden no tener en cuenta la información aportada, deben justificar esa decisión. Sin embargo, las audiencias públicas ambientales no son una instancia de debate ni discusión.

Es una figura legal que les permite a las personas que no son parte de un procedimiento administrativo (como la solicitud de una licencia ambiental), intervenir en él con los mismos derechos, deberes y responsabilidades de quienes sí son parte. Por ejemplo, pueden aportar pruebas, ser citados a audiencias, ser notificados de autos y actos administrativos que se expidan a lo largo del proceso e interponer recursos en contra de esos actos, entre otros. En principio, para intervenir en un procedimiento administrativo es necesario acreditar que se tiene algún interés en el resultado de este y ser reconocido como interviniente. Sin embargo, en los procedimientos administrativos ambientales, como aquellos en los que se otorga una licencia o permiso ambiental, no hay que demostrar interés y cualquier persona puede ser reconocida como interviniente.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es la hoja de ruta a largo y mediano plazo de un municipio. En él se ordena el suelo municipal y se orienta el desarrollo del territorio. La formulación y renovación de estos instrumentos, a cargo de la Alcaldía Municipal, exige que este realicen instancias de concertación y consulta tanto con autoridades públicas como con la ciudadanía. Para esto último, la Alcaldía debe solicitar las opiniones de gremios económicos y agremiaciones profesionales; realizar convocatorias públicas para la discusión del plan, incluyendo audiencias con las juntas administradoras locales; exponer los documentos básicos del POT en sitios accesibles a todos los interesados; y recoger las recomendaciones y observaciones formuladas por las distintas entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio. Estas recomendaciones deben ser posteriormente evaluadas en su factibilidad, conveniencia y concordancia con los objetivos del POT.

Más que ser una etapa dentro de un procedimiento administrativo, el procedimiento sancionatorio ambiental es un procedimiento en sí mismo. Su propósito es investigar las infracciones ambientales que cometan personas y empresas con el fin de evitar daños ambientales, sancionar a quienes los causen y compensar a las personas afectadas. Puede iniciarse para prevenir la infracción ambiental, caso en el cual se inicia un procedimiento de imposición de medidas preventivas, o sancionarla, caso en el cual se inicia un procedimiento sancionatorio. Ambos procedimientos puede iniciarlos la autoridad ambiental de su propia iniciativa o a petición de parte.

Esto implica que los ciudadanos pueden dar a conocer una posible infracción ambiental y solicitar que se inicie un procedimiento de imposición de medidas preventivas o un sancionatorio. Si se encuentra que se cometió una infracción ambiental, se pueden imponer medidas preventivas como la amonestación escrita y la suspensión de la obra o actividad, o sanciones como multas y la revocatoria o caducidad de la licencia o permiso ambiental.

La revocatoria directa es la decisión de una autoridad administrativa, o de su inmediato superior, de dejar sin efectos un acto que ella misma ha expedido. Los ciudadanos también pueden solicitar a la autoridad que revoque un acto, mediante un recurso de revocatoria directa. La revocatoria puede hacerse únicamente por tres razones que establece la ley. Específicamente en materia ambiental, es posible solicitar la revocatoria de licencias o permisos ambientales cuando las condiciones y exigencias que se establecen en ellos se estén incumpliendo (Ley 99 de 1993, art. 62).

Es un mecanismo judicial que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos son vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública o, en casos especiales, de un particular. Su trámite se caracteriza por ser preferente y breve y la decisión que tome la autoridad competente es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, la tutela es un mecanismo subsidiario, es decir, solo funciona cuando no hay otro mecanismo disponible para defender los derechos fundamentales o cuando los que existen no son suficientes. Por esto, antes de acudir a ella, es necesario haber agotado cualquier otro medio de defensa disponible, excepto en los casos en que se busque evitar un perjuicio irremediable.

Este mecanismo judicial permite proteger derechos o intereses colectivos (como el goce de un ambiente sano, la moralidad pública, entre otros) de las acciones y omisiones de autoridades públicas o particulares. Puede interponerse para evitar un daño, para hacer cesar el peligro, amenaza o vulneración, y para restituir las cosas a su estado anterior cuando sea posible, pero no para obtener una indemnización por los daños sufridos. Puede ser utilizada por cualquier persona y en cualquier momento.

Se trata de un mecanismo judicial que busca la defensa de los derechos e intereses colectivos, como la protección del medio ambiente. Esta acción está pensada para situaciones en las que un conjunto de personas resultaron perjudicadas de manera similar por una misma causa, y esta acción les permite reclamar una indemnización por los daños sufridos. A la hora de interponer una acción de grupo, se debe demostrar que al menos 20 personas sufrieron un perjuicio individual por una misma causa. La acción de grupo tiene un límite: puede ser utilizada hasta dos años después de que ocurrió el hecho.

La acción de nulidad es un mecanismo judicial y de control de las autoridades públicas que permite dejar sin efectos los actos administrativos de carácter general (es decir, los actos que se dirigen a un público indeterminado, por ejemplo los decretos, las ordenanzas o los acuerdos municipales) y, en algunos casos, también los actos administrativos particulares (aquellos dirigidos a una o varias personas específicas, como un nombramiento a un cargo público). Hay de dos tipos: una acción de nulidad simple, en la que es necesario demostrar que se cumple alguna de las razones establecidas en la ley para que pueda anularse el acto, o una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando lo que se busca es reparar un daño que ha sido causado por el acto administrativo.

Este mecanismo judicial le permite a cualquier persona acudir a un juez para que le ordene a una autoridad pública cumplir las normas que le corresponden, cuando esta autoridad omita o se niegue a hacerlo. Se trata de un mecanismo subsidiario y, por esto, solo procede cuando no haya otro medio de defensa judicial para hacer cumplir las normas. Además, antes de interponerse es necesario haber solicitado a la autoridad administrativa el cumplimiento de las normas. Solo si la autoridad se niega a hacerlo será posible utilizar la acción de cumplimiento.