Según una denuncia reportada en 2002 por el CINEP, tres homosexuales habrían sido asesinados y marcados “con cuchillo en distintas partes del cuerpo con números romanos y otros signos”. Estos hechos ocurrieron en el municipio de Soledad y fueron cometidos por el Bloque Norte. Sin embargo, nada de esto, ni otras situaciones similares, quedaron registradas en la sentencia que el 7 de diciembre de 2011 expidió el Tribunal Superior de Bogotá en el marco de la aplicación de la ley de justicia y paz.

Estos hechos, a pesar de que fueron documentados en un peritaje aportado por la Procuraduría delegada al proceso, no fueron tenidos presentes en la señalada sentencia, por lo que con fallos como este, seguimos teniendo una visión incompleta del impacto del conflicto en las personas LGBT, lo cual no solo resulta problemático para ellos y ellas, sino también para la construcción de una sociedad más democrática.

En dicha sentencia, fue condenado Edgar Ignacio Fierro Flores alias “Don Antonio”, quien comandó el Frente José Pablo Díaz que hacía parte del Bloque Norte, y que operó en los departamentos del Cesar, Magdalena, Guajira y Atlántico entre los años de 2000 y 2006.

De las 994 hojas del texto, me quiero referir a un aspecto muy específico del mismo, “al ofrecimiento de disculpas públicas a las víctimas de los delitos por ellos cometidos y la sociedad en general”, incluyendo particularmente, a quienes diferían de la postura social y moral del Frente. Este grupo, como señalaban algunos panfletos, lo conformaban personas en situación de indigencia, en ejercicio de la prostitución, consumidores de drogas, quienes tenían “cortes de cabello extraños” y las personas LGBT. Quiero preguntar en el marco del proceso de la Ley de Justicia y Paz por estas últimas.

En relación a esta sentencia, ¿por qué el tribunal no hizo una referencia específica a dicha población? ¿Por qué a pesar de que la Procuraduría expresó su preocupación frente al reconocimiento social que había en las comunidades en relación a la tolerancia a los homicidios de este grupo de “indeseables”, y “de las restricciones a la libertad en la apariencia física y la elección sexual”, no mereció ello ningún tipo de mención por el Tribunal?

De otra parte, ¿por qué los esfuerzos del grupo de trabajo que asesoró a la Procuraduría y realizó el peritaje en el que se evidenció la radicalización de los prejuicios de la población por las acciones violentas de este Frente, contra la población LGBT, no motivó ningún tipo de indagación por parte de la Fiscalía?

Bastó que “Don Antonio” negara que hubiese prejuicios contra dicha población y la existencia de violencia específica dirigida contra ella, para que no se hablara más del tema. Pero las declaraciones de las comunidades, los panfletos, los desplazados, e incluso las señas de tortura que quedaron en los cuerpos de hombres y mujeres LGBT en la región, como lo señala el informe pericial del grupo de trabajo, dan fe de lo contrario.

Sin embargo, creo que este fallo puede ser también una oportunidad. Con esta sentencia, el movimiento LGBT debería hacerse presente y exigir –en los términos de las ordenes judiciales- a los alcaldes municipales correspondientes a los departamentos de Atlántico, Cesar y Magdalena, que les incluyan en este proceso de disculpas públicas e iniciar acciones de incidencia al reconocimiento a sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

Es necesario que las comunidades afectadas y toda la sociedad colombiana, entiendan que estos actos contra la población LGBT, cometidos en el pasado, son inaceptables y totalmente repudiables. En este sentido, corresponde a jueces y fiscales encaminar sus esfuerzos también para visibilizar dicha situación. Sólo de esta forma podremos rechazar en el presente los panfletos amenazantes, que siguen incluyendo a la población LGBT y que circulan por Medellín y Atlántico, por la misma violencia de siempre registrada con un nuevo nombre: BACRIM. No quisiéramos que de aquí a unos años tengamos que volver a escuchar las mismas disculpas difusas que hoy escuchamos.