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Esta paz no es de Santos

Mauricio Albarracín
marzo 16, 2016

Publicado en: El Espectador

Recientemente, se han escuchado muchas voces contra la refrendación del acuerdo de paz. Algunas de ellas son de orden político y otras tienen un argumento constitucional de fondo. Sin embargo, la refrendación no es un capricho del presidente, es, sobre todo, un desarrollo directo de la Constitución.

 

Algunas personas han argumentado que un plebiscito no podría ganar teniendo en cuenta la baja popularidad del presidente, o que este mecanismo llevaría a una polarización mayor. Estos argumentos, que son sin duda relevantes, son de conveniencia política y no están relacionados con el estudio constitucional. Además, el proceso de paz -aunque fue impulsado por el presidente- es un asunto de interés nacional y no debe ligarse a la figura de Santos.

Otros han argumentado que temen que este mecanismo lleve al extremo de validar iniciativas retardatarias de participación para quitar derechos a las minorías, como pretende la senadora Viviane Morales sobre los derechos de las personas LGBT. Aunque esta preocupación es muy respetable, la Corte Constitucional ha dejado muy claro que la participación no puede ser usada para quitar un derecho a una minoría históricamente discriminada. En palabras de la Corte, existe una “regla de la mayoría limitada que evita el desconocimiento de los derechos de las minorías”.

Más allá de estas críticas, creo que la Corte Constitucional debería tener en cuenta que la refrendación del acuerdo de paz se basa en dos principios que a la vez fueron dos anhelos de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991: la paz y la participación. Por tanto, el presidente, a través de su decisión política, y el Congreso de la República, a través de su competencia legislativa, tienen todo el derecho de proponer a los colombianos un mecanismo de refrendación porque desarrolla directamente la paz y la participación que son dos principios fundamentales de la Constitución y plenamente complementarios.

Así, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución establece que uno de los fines constitucionales es fortalecer “la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo”. Estos fines concurrentes son reiterados en el artículo dos que ordena que el Estado facilite “la participación de todos en las decisiones que los afectan” y, simultáneamente, establece que las autoridades públicas deben “asegurar la convivencia pacífica”. Fue por esto que la misma Corte dijo: “la consecución de la paz y el mejoramiento de la democracia son objetivos interdependientes y complementarios” (sentencia C-784 de 2014). La participación y la paz son como hermanos constitucionales y eso también se demuestra en el propio origen de nuestra carta política. Como lo recuerda la profesora Julieta Lemaitre en su libro “La paz en cuestión”, “la génesis misma de la Constituyente está vinculada a la paz como paz política”.

Junto con todo esto, el Congreso tiene la facultad de regular y ampliar los mecanismos de participación con el fin de hacer el proceso de paz lo más participativo posible, no sólo porque desarrolla estos principios constitucionales, sino también porque existe el deber del legislativo de expandir y maximizar los mecanismos de participación, los cuales no se agotan en los actualmente existentes. En otras palabras, cuando el Congreso amplia la participación ciudadana no viola la Constitución, todo lo contrario, la garantiza.

La Mesa de Conversaciones tomó la decisión de refrendar el acuerdo final y, como consecuencia de ello, el Gobierno nacional y el Congreso optaron por un mecanismo que tiene pleno respaldo en la Constitución. Pero, adicionalmente, existe un argumento político poderoso que también debe tenerse en cuenta: la refrendación del acuerdo de paz nos comprometería a todos y, por tanto, nos ayudaría a entender que la paz no sólo es del presidente Santos.

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