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Estacionar la locomotora minera
Por: César Rodríguez Garavito (Se retiró en 2019) | junio 4, 2013
COMO LA LOCOMOTORA MINERA SE quedó sin las reglas que le ponían rieles, no hay alternativa distinta que “ordenar la casa”, como le dijo el ministro de Ambiente a este diario. Lo cual significa extender la moratoria de títulos mineros que el Gobierno atinadamente declaró hace unos meses.
Y sumarle la suspensión de licencias ambientales hasta que se adopte una nueva legislación minera. A la misma conclusión llega la petición que enviamos varios investigadores y organizaciones a los ministerios de Ambiente y Minas.
La historia es la siguiente: hace 20 días, el país se quedó sin código de minas. O mejor, se quedó sin el código de 2010 (ley 1382), que el Congreso había expedido para solucionar algunos de los graves problemas que tenía la vieja regulación, que venía de 2001 (ley 685).
En el código de 2001 no se le negaba un título a nadie. No es una hipérbole: en principio, se autorizaba a cualquiera que pidiera permiso para horadar el suelo o la montaña en busca del dorado, sin que importara mucho la legalidad o viabilidad económica de su empresa. De hecho, la antigua ley estaba hecha para atar las manos del Estado, que podía negar el permiso sólo en casos puntuales.
De ahí que, como comenté en una columna reciente, el mapa colombiano se llenó de títulos mineros durante la administración Uribe. Si miran hoy el mapa, verán que hay más de 9.000 títulos, muchos de los cuales fueron reconocidos a oportunistas de todo tipo, desde avivatos rebuscadores hasta testaferros de las bacrim y las Farc, pasando por grandes empresas mineras que aprovecharon para pedir títulos aun en parques naturales, páramos y humedales.
Aunque el código de 2010 estaba lejos de solucionar todos los vacíos, sí atendía algunos de los más urgentes. Por ejemplo, imponía condiciones básicas para calificar para un título, excluía los páramos y parques del mapa minero y volvía más exigente la renovación de los títulos.
El problema es que el gobierno Uribe decidió ignorar el deber legal de consultar el código de 2010 con indígenas y afros. De modo que la Corte Constitucional no tuvo otra alternativa que declararlo inconstitucional en 2011. Para evitar el retorno a la vieja legislación, le dio dos años al Gobierno para consultar y expedir nuevas reglas para la locomotora minera.
Pues bien: los dos años se vencieron el pasado 11 de mayo sin que el Ministerio de Minas hiciera la tarea. Enredado en su propia desidia y en la descoordinación con el Ministerio del Interior y el de Ambiente, no convocó a tiempo las consultas y dejó al país sin una regulación para la locomotora. El resultado es que volvió a regir la laxa legislación de 2001, apenas con unos parches que aplicó el ministro Rengifo en unos decretos de última hora.
Los remiendos ya comienzan a hacer agua. Con argumentos jurídicos irrefutables, las mineras formales y los grupos irregulares comienzan a pedir títulos y renovaciones al amparo del antiguo código de 2001.
Lo que hace falta es una política ambiental que merezca ese nombre, plasmada en un nuevo código de minas, debidamente consultado con los grupos étnicos y otros afectados. Todo indica que eso es lo que quiere el ministro de Ambiente, que nos recuerda que estamos en uno de los países más biodiversos del mundo y el tercero más afectado por el cambio climático. Pero el Ministerio de Ambiente tiene un presupuesto y un equipo diminutos en comparación con el de Minas, y con la legión de asesores de las empresas.
Hasta que haya una política coherente y reglas de juego claras, la locomotora seguirá sin rieles. Entre tanto, no hay otro remedio sensato que estacionarla.