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| EFE

Crisis carcelaria: 10 años sin respuesta

En su informe #11, la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, que justo hoy cumple una década de trabajo, identificó tres problemas estructurales que impiden reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida en los establecimientos carcelarios.

Por: DejusticiaJunio 6, 2024

Después de cuatro sentencias estructurales de la Corte Constitucional, la crisis carcelaria en Colombia sigue viva. Aunque el Estado ha hecho algunos esfuerzos para mejorar la situación de salud, alimentación, infraestructura y resocialización en los centros penitenciarios, la principal causa de fondo sigue presente: la política criminal del país hace un uso excesivo de la cárcel. Así lo advirtió desde el año 2013 la Corte en la sentencia T-388, que declaró por segunda vez un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario: “Existen indicios y evidencias del recurso excesivo al castigo penal y al encierro, lo cual genera una demanda de cupos para la privación de la libertad y condiciones de encierro constitucionalmente irrazonables”.

Desde entonces, Dejusticia (junto a las demás  organizaciones que conformamos la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013)  viene alertando sobre la necesidad de hacer reformas estructurales en las distintas fases de criminalización para mejorar sustancialmente las condiciones de vida en prisión. Durante una década, la Comisión ha documentado en sus informes la grave situación de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios y cómo el creciente hacinamiento se ha convertido en un acelerador de todos los otros males.

La experiencia ha demostrado que construir más cárceles y crear más cupos no sirve de nada si sigue entrando a prisión más gente de la que sale. También ha demostrado que el enfoque de derechos humanos es imprescindible para conseguir un sistema penitenciario digno. Por eso, es necesario resolver las fallas de nuestra política criminal: la lógica del “todo vale” si se trata de mejorar los índices de seguridad, la desproporción de las penas (incluso frente a  delitos leves), la falta de coherencia  en la creación de normas penales y la tendencia a responder con castigos severos y ejemplarizantes a casos mediáticos. 

Hallazgos del informe de seguimiento # 11

La Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión acaba de presentar su décimo primer informe, resultado de visitas a varios centros penitenciarios, grupos focales con familiares de personas privadas de la libertad, derechos de petición y análisis de documentos oficiales. En él, la Comisión destacó tres problemas de fondo causantes de la crisis, que tienen efectos directos en los derechos de las personas privadas de la libertad. 

  1. El desgobierno de los centros de reclusión

    En teoría, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es la entidad responsable de implementar y vigilar las decisiones sobre el funcionamiento de las cárceles del país. Sin embargo, en la práctica existe mucha discrecionalidad por parte de los directores de cada cárcel en la toma de decisiones que afectan los derechos de los y las internas.  Esa discrecionalidad tiene origen en la Ley 65 de 1993, que les otorgó una serie de facultades a los directores de los establecimientos, entre esas la de expedir el reglamento interno de cada cárcel.  El resultado de esto es que existen profundas diferencias en la regulación y manejo de aspectos centrales para la calidad de vida y garantía de derechos fundamentales en cada cárcel, como los servicios de alimentación, el uso de la infraestructura, los programas de resocialización o los protocolos de visitas. Además, la discrecionalidad da pie para arbitrariedades, abuso de poder y corrupción en el manejo de algunos establecimientos, como lo indican algunas denuncias que se han presentado frente a  directores que cobrarían  sobornos o extorsiones a las personas privadas de la libertad a cambio de ciertos permisos o beneficios.

    Otra muestra del desgobierno es que en muchos centros penitenciarios se ha normalizado el liderazgo interno de facto por parte de algunos reclusos, conocidos como “los plumas”. Esto podría estar  ocurriendo con la complicidad de las autoridades carcelarias que estarían permitiendo que ciertas personas privadas de la libertad impongan reglas de comportamiento y sanciones arbitrarias, por ejemplo, contra expresiones de afecto de las personas LGBTIQ+.


  2. Avances e incoherencias en las actuaciones del Estado

    La Comisión destaca que en algunas propuestas recientes del gobierno se evidencia cierta voluntad  por  impulsar políticas encaminadas a reducir el uso excesivo de la cárcel y, en cambio, promover penas alternativas a la prisión. Hay dos ejemplos claros de esto: primero, la Presidencia sancionó y reglamentó la Ley de Utilidad Pública, que permite a las mujeres cabeza de familia condenadas por delitos menores pagar sus penas con servicio social. Segundo, promovió el Proyecto de Ley de Humanización del Sistema Penitenciario, que buscaba ampliar el uso de la libertad condicional y flexibilizar el régimen de medidas alternativas para facilitar los procesos de resocialización, así como eliminar tipos penales inoperantes e incorporar medidas de justicia restaurativa. A pesar de todos los efectos positivos que podía tener este proyecto en la crisis carcelaria del país, el Congreso lo archivó.

    De acuerdo con esto, la Comisión identificó que ese cambio de ‘chip’ no se reflejó en la actividad legislativa. Durante el último año, el Congreso de la República siguió discutiendo proyectos que llevarían a aumentar el encarcelamiento y a construir más cárceles, una propuesta que ha demostrado ser ineficiente para contrarrestar la crisis. A esto se suma la oposición abierta por parte del entonces Fiscal General, Francisco Barbosa, a los intentos por reformar la política criminal, hasta el punto de promover la desinformación sobre algunas de estas iniciativas. Sumado a esto, el Consejo Superior de Política Criminal, un órgano asesor del Gobierno en esta materia, se ha caracterizado por emitir conceptos con poca fundamentación y que obedecen más a criterios políticos que a la racionalidad que demanda la política criminal.

  3. Los desafíos frente a los centros transitorios

    El tercer problema de fondo se centra en las estaciones de policía y URIs, donde la situación de hacinamiento y vulneración de derechos es incluso más grave que en las cárceles: “las 8 estaciones de policía más hacinadas presentan hacinamientos del 2000, 3000 y hasta del 4000%”. Esta arista de la crisis se exacerbó en la pandemia, cuando el Gobierno emitió un decreto para suspender los traslados de estos centros transitorios hacia las cárceles a cargo del INPEC, lo que generó un alto hacinamiento en los primeros.

    En 2022, la Corte Constitucional extendió el ECI a estos establecimientos y les ordenó a los municipios de todo el país la construcción masiva de cárceles para descongestionar así los centros transitorios. Sin embargo, esta orden no ha tenido impactos positivos, pues implicó que los entes territoriales tuvieran el reto, casi imposible, de crear todo un sistema carcelario paralelo en 18 meses. Además, dispersó la responsabilidad en miles de instituciones, lo cual imposibilita hacer un seguimiento adecuado y que el Estado actúe de manera coordinada.


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Recomendaciones

Como lo ha reiterado la Comisión en cada informe, es necesaria una estrategia de Estado para reformar la política criminal y así abordar las causas estructurales de la crisis carcelaria que hoy implica la vulneración masiva y sistemática de los derechos de miles de personas.  “Se deben evaluar alternativas a la prisión y considerar medidas judiciales que permitan la liberación de personas que han excedido el tiempo legalmente estipulado en detención o reclusión”, concluye el décimo primer informe. Para caminar  en esa dirección se necesita una estrategia de Estado que involucre al Congreso, a la Rama Judicial y al Ejecutivo para enfrentar de manera simultánea los retos de crear una política criminal con enfoque de derechos humanos, que aplique la sanción penal de forma racional y acorde con la dignidad humana.

Adicionalmente, recomendamos que las autoridades le den prioridad a mejorar la infraestructura carcelaria actual antes de invertir en la construcción de más cárceles. Esta mejora debe tener en cuenta las necesidades específicas de poblaciones como las mujeres embarazadas, madres lactantes y personas con discapacidad.

Finalmente, las autoridades deben promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de recursos destinados a la prestación de servicios en las cárceles. Esto ayudaría a contrarrestar la corrupción relacionada con las obras de infraestructura carcelaria y los servicios de alimentación. 

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