Vigilar sólo al sospechoso de un delito es de puro sentido común.  Vigilar con cámaras a toda la ciudadanía para encontrar delincuentes es propio de estados totalitarios, hace daño a la ciudadanía entera y es como buscar una aguja en un pajar.  No es ni legal, ni práctico, ni económico, ni claro que reduzca la criminalidad.  Sin embargo, esa es la propuesta del Código de Policía con varias de sus normas, por lo que hemos demandado desde Dejusticia y su examen está en la agenda de la Corte Constitucional para los próximos días.

Cinco normas del Código de Policía convierten al Estado colombiano en un estado de vigilancia masiva, cambian el concepto de privacidad en vía pública y permiten la violación de las comunicaciones y de los datos sin los debidos controles.

Por razones de espacio me voy a concentrar en las normas que permiten el uso indiscriminado de cámaras de televisión de circuito cerrado (CCTV) y los datos que éstas generan, incluso en inmuebles privados, que se enlazarían directamente con la red de la policía.

No me refiero al uso de las imágenes que sirven para investigar y esclarecer delitos como el de Yuliana Samboní.  Si existe información pertinente para hacer una investigación criminal y buscar al autor de un delito, un juez permitirá el acceso a imágenes y datos que sean necesarios para dar con el autor y resolver el caso. Me refiero a la recolección indiscriminada y masiva de datos personales sensibles que pueden revelar nuestras afiliaciones políticas y religiosas, intereses sexuales, estados de salud, que no sólo se prestan para la discriminación sino que generan un efecto inhibitorio (chilling effect) en cada persona, impidiendo que piense, opine, se reúna, manifieste o exprese libremente.

Esta fe ciega en las cámaras de vigilancia, la recolección indiscriminada de datos y el desconocimiento de la intimidad de las personas para que prevalezca la seguridad es una tara de los tiempos tecnológicos modernos, pero en la práctica no resuelve crímenes y sí deja a la toda la ciudadanía expuesta y sin protección. Doy tres argumentos, además del legal y constitucional de ausencia de proporcionalidad, de necesidad y de control judicial:

1. Los estudios sobre la efectividad de las cámaras en la lucha contra la delincuencia no son coincidentes ni contundentes en mostrar reducción del delito.

Así lo demuestran Welsh y Farrington y la Red Internacional de Investigación Campbell Collaboration, con estudios que concluyen que las cámaras de CCTV no tienen un efecto significativo sobre la reducción de la delincuencia,  pues la disminuyen solo en unos lugares, y cuando reducen el crimen en un sitio donde hay cámaras, se incrementa en otro donde no las hay, generándose un efecto de desplazamiento del delito, pero no de reducción.

De tal suerte, habría que poner cámaras en todas y cada una de las calles de una ciudad para que fueran efectivas. Por el contrario, en materia de transporte público, existen alternativas que han probado ser efectivas y menos lesivas, como la instalación de botones de emergencia dentro de los vehículos.

El Colombiano informa que en Medellín, desde su lanzamiento en septiembre de 2018 hasta agosto de 2019, el programa TePillé de la alcaldía de Federico Gutiérrez registró 44.275 transmisiones en vivo de presuntos delitos que, según el entonces secretario de Seguridad, sólo llevaron a capturas de la policía en 17 casos, pues la ciudadanía se dedicó a reportar riñas y perturbación del orden público, en lugar de delitos.

2. El argumento económico es muy importante en un país como Colombia, donde los recursos son limitados.

El costo-beneficio de llenar las ciudades de cámaras de vigilancia impide que utilicemos estos mismos recursos en otras necesidades más apremiantes o en otras técnicas de investigación criminal más efectivas.  Retomando el caso del programa TePillé, que frente a las demás apps de un valor promedio de $20 millones, costó $2,700 millones, debemos valorar un uso eficiente de dicho dinero en problemas graves, como los asesinatos de líderes sociales.

3. Finalmente, está el argumento práctico o de realismo político.

Si en Colombia, sin tener acceso legal a nuestros datos, la inteligencia destina recursos a hackear a opositores políticos, periodistas y ongs, más grave y peligroso que interceptar o chuzar, ¿qué no harán las autoridades con la totalidad de los datos de la ciudadanía derivada de cámaras de vigilancia vulnerables o de un enlace a las cámaras de zonas comunes de bienes privados?

Cuando veamos nuestras imágenes en las bases de datos de la inteligencia, al lado de listas de terroristas y otros delincuentes, o cuando nos toque participar sin consentimiento en experimentos de algoritmos de reconocimiento facial, como ya lo reportó el Financial Times, no nos quejemos, ni de estar ahí, ni de no poder salir de esas bases de datos.

Hoy 28 de enero, Día Internacional de la Privacidad de los Datos, no olvidemos que entre más datos de sus ciudadanos sin controles tenga un Estado policivo, mayor poder para éste y menor libertad para nosotros.