Mejorar la calidad de vida de las niñas y los niños wayuú se ha convertido en uno de los retos latentes de la institucionalidad colombiana. La ausencia de un plan de acción para superar la crisis propició que en el 2020 se registraran 28 muertes de niños y niñas en la Guajira por desnutrición. En este contexto, Dejusticia solicitó a la Corte Constitucional asumir la verificación de la implementación de la sentencia T-302 de 2017 que declara el Estado de Cosas Inconstitucional en el departamento y que tiene como fin hacerle frente a la vulneración de los derechos a la alimentación adecuada, el agua potable y el acceso a los servicios de salud.

En marzo del año pasado, cuando el Gobierno anunció que el país estaría atravesando una emergencia humanitaria producto de la pandemia, distintas organizaciones y centros de estudio alertamos acerca de los posibles impactos que podría tener la Covid-19 en la crisis ya existente en la Media y Alta Guajira. Sin embargo, la falta de un seguimiento interinstitucional permitió que continuaran los incumplimientos de la sentencia, lo que agudizó la situación en el departamento. Así lo reveló una investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) y el Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins titulada: “Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte”, que explicaba cómo a causa del aislamiento el pueblo wayúu podría tener mayores dificultades para acceder a alimentos, agua y atención médica en un momento en que estos servicios les eran más necesarios.

Como resultado, mediante el Auto 042 del 10 de febrero de 2021, la Corte Constitucional decidió asumir la competencia para conocer el cumplimiento de la sentencia. Asimismo, solicita información inmediata a las instituciones y organismos de control y convoca a una sesión técnica para el 4 de Junio de 2021 a las 8 de la mañana. En esta audiencia participarán las comunidades wayuu; la Consejería para las Regiones de la Presidencia de la República; la Gobernación de la Guajira; representantes de las autoridades municipales de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación; la Fiscalía General de la Nación; la veeduría ciudadana a la implementación de la sentencia T-302 de 2017; y Dejusticia.

Esta sesión permitirá una discusión amplia y proactiva por parte de los magistrados y las magistradas de la Corte Constitucional, las autoridades indígenas, las instituciones accionadas y las organizaciones de la sociedad civil sobre el nivel de cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 y la materialización de los objetivos mínimos dirigidos a alcanzar un estado acorde al orden constitucional, a casi tres años de haberse proferido esta decisión. 

También se abordarán los principales obstáculos para superar el Estado de Cosas Inconstitucionales y se analizarán los mecanismos para garantizar una participación efectiva y un diálogo genuino con las comunidades y autoridades legítimas en el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas. Por último, se expondrán los efectos de la pandemia en la niñez wayuu, particularmente en materia de agua potable, alimentación y salud.

Esperamos que esta sesión de discusión traiga soluciones concretas, con obligaciones claras y tiempos definidos para avanzar, en el menor tiempo posible, en atender las órdenes de la Corte Constitucional. Es necesario que la Corte se mantenga vigilante a esta implementación para garantizar que las instituciones del orden nacional y territorial cumplan con la articulación necesaria que requiere una decisión estructural, construyan espacios de diálogo concertado con las autoridades legítimas del pueblo wayúu y creen un sistema de información unificado para la construcción de las políticas públicas. Desde la sociedad civil continuaremos con una veeduría crítica para la superación de esta crisis.

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