Como representantes de los 25 niños, niñas y adolescentes que demandaron al Estado colombiano para buscar acciones que detengan la deforestación en la Amazonía, Dejusticia considera necesario pronunciarse sobre el operativo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, entre el 25 y el 28 de octubre, en el Parque Nacional Los Picachos (ubicado entre el Meta y Caquetá). En este, fueron capturadas cinco personas y decomisadas 600 cabezas de ganado, por supuestamente “invadir, deforestar y realizar ganadería extensiva” al interior de esta área protegida.

Contexto del operativo

El pasado fin de semana cerca de mil funcionarios de la Fiscalía, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Sociedad de Activos Especiales, y la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia ingresaron a una zona rural del Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos, a siete horas del casco urbano de San Vicente del Caguán (Caquetá), con el objetivo de “contener la invasión y ganadería extensiva y perseguir a las organizaciones criminales”, según informó la Fiscalía.

De los cinco detenidos, cuatro fueron puestos en libertad, y una persona se mantiene detenida en Florencia por la imputación de tres delitos:  invasión de áreas de especial importancia ecológica, daño de recursos naturales agravado e incendio.

La Fiscalía le explicó a la revista Semana Sostenible que el operativo responde a una serie de acciones que está tomando la entidad para responder a una denuncia presentada por Parques Nacionales sobre apropiación ilegal de tierras y ampliación de la frontera agrícola por parte de 209 familias, dentro del Parque. Según el ente de control, los investigadores de la Fiscalía identificaron 10 personas a las que les emitió orden de captura, cinco de ellas fueron las que se capturaron el fin de semana.

Varios campesinos, que presenciaron el operativo,  les manifestaron a los medios de comunicación que hubo funcionarios públicos que justificaron este despliegue como parte de las acciones que se están adelantando para cumplir con la órdenes dadas por la Corte Suprema en el fallo sobre deforestación en la Amazonía.

Por esta razón, consideramos necesario exponer la posición de Dejusticia frente al mismo y aclaramos que al momento de redactar este comunicado, desconocemos el alcance de la investigación criminal que se dio detrás del operativo y la responsabilidad individual de cada uno de los imputados. De esta manera, no nos referimos de forma específica a los hechos del caso, sino que hacemos un pronunciamiento general en torno a este tipo de operativos.

La postura de Dejusticia

Desde Dejusticia nos preocupa que algunas entidades estatales puedan utilizar el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre deforestación en la Amazonía colombiana para emprender acciones represivas que poco aportan en el avance de una política integral contra la deforestación.

Operativos de esa magnitud y naturaleza, que se limitan a un enfoque de criminalización, no son acordes con las órdenes dadas por la Corte, ni al deber que tiene el Estado de garantizar los derechos, especialmente de comunidades vulnerables, como las que habitan en la región.

Si bien la Corte Suprema ordena a las CAR la adopción de medidas policivas dentro de sus planes de acción para frenar la deforestación, el problema está en cómo se están priorizando e implementando esas medidas. Por ello, consideramos necesario insistir en tres puntos.

Primero, una política integral contra la deforestación no debe limitarse a un enfoque de criminalización de los eslabones más bajos. Para frenar de manera efectiva los factores que contribuyen a la deforestación, debe hacerse una investigación integral encaminada a desmantelar la empresa criminal que existe detrás de este fenómeno.

El punto es que no necesariamente las personas que viven en los focos de deforestación y cuidan el ganado son quienes se están beneficiando directamente de la tala. Según la misma fiscalía, detrás de la deforestación en esta región específica de la Amazonía hay organizaciones delincuenciales y grandes estructuras criminales que se benefician de la tala indiscriminada. Lo hacen a través del acaparamiento y valorización de la tierra, la comercialización de madera, el control de actividades de extracción minera y la siembra extensiva de cultivos ilícitos. Según el IDEAM, en 2016 el acaparamiento de tierras contribuyó con el 60-65% de la deforestación.

Es evidente que más allá del campesino que cuida las reses, hay un fenómeno de empresas criminales y acaparamiento de tierras que debe ser investigado. Criminalizar a quienes están en esa región sin considerar las estructuras criminales que operan en ese territorio, no es una medida efectiva.

Segundo, los problemas de uso, ocupación y tenencia de tierras al interior de áreas protegidas son complejos y exigen una plataforma de diálogo permanente. Es necesario que el Estado deje de lado la visión según la cual para conservar la biodiversidad es necesario desocupar los territorios de gente. Los indígenas, afros y campesinos que tradicionalmente han habitado estos territorios pueden ser aliados fundamentales para la restauración y conservación de estas áreas, pero estas personas deben adquirir las herramientas y capacidades que les permitan vivir del bosque sin tener que arrasar con él.

En esa medida, es necesario que vuelva a activarse el diálogo entre el Gobierno Nacional y las organizaciones de campesinos que habitan en Parques Nacionales, y en sus zonas de amortiguación, en búsqueda de soluciones concertadas que garanticen, por un lado, los derechos y deberes de quienes tradicionalmente han habitado estas áreas y, por el otro, el interés general de conservar el patrimonio natural del país.

Tercero, para combatir el problema de la deforestación hay que tener en cuenta una de sus principales causas: el acceso inequitativo a la tierra. Muchos de los campesinos que habitan en áreas protegidas y que recurren a la tala del bosque para subsistir han llegado allí porque se les ha negado el acceso a la tierra en otras regiones, ya sea por políticas gubernamentales, proyectos o porque han sido despojados de sus tierras de forma violenta. Por esta razón, para dar una respuesta estructural e integral al fenómeno de la deforestación es necesario partir de una revisión de la forma en que está distribuida la tierra en el país. Asimismo, es fundamental comprender cuáles son los incentivos que motivan a los habitantes de la región en la actualidad a deforestar y revisar las alternativas económicas con las que cuentan.

En conclusión, llamamos la atención de todas las autoridades estatales involucradas en la implementación del fallo de la Corte, para que tengan en cuenta estos puntos y trabajen de manera coordinada en la formulación de planes de acción enfocados la creación de una política integral contra la deforestación.

Dejusticia

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad

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