Un estudio llamado ‘Mayorías sin democracia’, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), muestra cómo se ha concentrado el poder en los últimos ocho años del mandato de Álvaro Uribe.

Hacia el año 2003, en el área de influencia política del Gobierno únicamente había dos instituciones: la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Hoy, por efecto de la reelección presidencial, hay ocho instituciones en su área de influencia. Este panorama demuestra la concentración de poder en el Estado que hoy caracteriza a la democracia colombiana, con el riesgo de crecer si se formaliza una segunda reelección presidencial.

Esta conclusión hace parte del trabajo “Mayorías sin democracia”, preparado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), que en 410 páginas demuestra cómo, basado en la popularidad del presidente Uribe y el éxito de algunas de sus políticas en materia de seguridad, el Ejecutivo ha venido aumentando su poder al costo del debilitamiento de varias instituciones y el sometimiento a las políticas trazadas por el Gobierno.

Según el trabajo interdisciplinario, coordinado por los abogados Mauricio García Villegas y Javier Eduardo Revelo Rebolledo, la concentración del poder en manos del Gobierno, en grado máximo o intermedio, se expresa en seis instituciones del Estado: el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Televisión, la Defensoría del Pueblo, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y el Banco de la República.

Estas instituciones, que fueron concebidas por los constituyentes de 1991 como contrapeso del poder mayoritario, de alguna manera hoy están siendo cooptadas por el Ejecutivo, con escenarios paralelos de igual preocupación. Por ejemplo, las intenciones del presidente Uribe de “sacrificar la tecnocracia y los méritos burocráticos en beneficio de la lealtad política”; o la intención clara del Gobierno de “manipular la Constitución y la ley para alcanzar los objetivos trazados en las políticas públicas del Ejecutivo”.

En criterio de DeJusticia, el presidente Uribe ha modificado las relaciones con los congresistas, los políticos y los partidos, y en los últimos años “el Congreso ha dejado de ser un contrapeso institucional significativo”, convirtiéndose en “un espacio de refrendación de las decisiones tomadas por el Ejecutivo”. Este desequilibrio no sería tan grave, advierte el estudio, si existiera un Congreso confiable, pero hoy casi la cuarta parte de los congresistas han sido vinculados al escándalo de la parapolítica.

Como quiera que “la reelección puso a tambalear todo el andamiaje constitucional en Colombia”, la investigación sugiere que la primera tarea para detener el proceso de concentración del poder es “rechazar la posibilidad de que la Constitución sea reformada nuevamente”, y en el caso de que no se pueda volver al diseño original de la Constitución de 1991, en el sentido de prohibir la reelección, es urgente adecuar un diseño institucional de pesos y contrapesos con nuevas condiciones, como adecuar los periodos para nombrar altos dignatarios del Estado.

Otra opción sería la creación de una Corte Electoral, que implicaría suprimir el Consejo Nacional Electoral y concentrar las funciones administrativas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, y las judiciales en el órgano judicial autónomo sugerido. Esta iniciativa permitiría evitar la politización que hoy impera en el Consejo Nacional Electoral y podría operar de manera simultánea a la de generar nombramientos escalonados en los órganos colegiados, a fin de garantizar pluralidad política.

La investigación del Centro de Estudios DeJusticia busca crear espacios de reflexión en el país para que, más allá de la discusión de si el presidente Álvaro Uribe puede hacerse reelegir o no para un nuevo cuatrienio, se advierta la necesidad de recobrar varias instancias de control político, judicial, disciplinario, fiscal y ciudadano en Colombia, que hoy “se encuentran debilitadas por obra de la influencia política del poder Ejecutivo”, sumada al “ejercicio abusivo del poder de nominación por parte del Presidente de la República”.

El poder en la Corte Constitucional

En los gobiernos del presidente Uribe han cambiado los nueve magistrados de la Corte. Hoy está en nivel de influencia intermedio, pues la mayoría de sus miembros tienen afinidad política con el Presidente.

Tres fueron ternados por el Ejecutivo: Jorge Pretelt, María Victoria Calle y Mauricio González. Tres más son afines al Gobierno por su filiación conservadora (Nilson Pinilla, Gabriel Mendoza y Jorge Palacio). Los restantes (Humberto Sierra, Juan Carlos Henao y Luis Ernesto Vargas) parecen neutrales.

Según DeJusticia, ni es Corte de bolsillo ni independiente. “El Gobierno ha logrado cooptarla parcialmente”.

Consejo Electoral

En 2002, cuatro de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral pertenecían a los partidos de la coalición de Gobierno. Para el año 2006, el número llegó a siete, es decir, que su composición varió notablemente en favor de las mayorías uribistas. En buena medida estos cambios obedecieron a la reforma política de 2003. Sin embargo, hoy es incierta la postura de una entidad dominada por la coalición de Gobierno. Por eso, la investigación plantea que está en un nivel de influencia intermedia con el Gobierno. La prueba de independencia va a darse cuando decida sobre la posible violación de los topes de financiación en la recolección de firmas para el referendo.

Otros organismos e instituciones
La Contraloría es ocupada por Julio César Turbay y se dice que fue una forma de corresponder el apoyo que le dio su padre al Gobierno.

En cuanto a la Procuraduría, la orientación conservadora de Alejandro Ordóñez lo sitúa en el plan de la afinidad política con el Gobierno.

Sobre la Fiscalía ya se sabe que los ternados son muy afines al Gobierno. Si a lo anterior se suman los Consejos Comunitarios y el programa Familias en Acción, se advierte una captura política de Planeación Nacional y de algunas administraciones municipales.

Influencia intermedia en el Banco Emisor

Por sus dos gobiernos consecutivos, el presidente Uribe ha nombrado cuatro codirectores del Banco de la República, con poder suficiente para elegir al gerente del organismo.

Aun más, entre 2007 y 2009, en la junta directiva del Banco sólo quedó un miembro no elegido por el presidente Uribe, el actual codirector Fernando Tenjo.

Según DeJusticia, pocos presidentes han logrado nombrar a tantos codirectores, y por eso la institución está en un nivel de influencia intermedia. No obstante, la forma de gobernar de Uribe ha cambiado la relación.

Sus opiniones sobre las decisiones del banco, por su tono, “no sugieren un aire de diálogo sino que terminan convirtiéndose en peticiones directas o en reclamos agresivos”.

La Defensoría

Los delegatarios de 1991 querían que la Defensoría del Pueblo fuera una institución protagonista. Hoy está convertida en una entidad “anodina, poco transparente y sin protagonismo en los grandes debates nacionales sobre Derechos Humanos”.

El informe señala que la Defensoría se convirtió “en una cuota burocrática del Partido Conservador” y que la dependencia de su titular Vólmar Pérez con respecto al Gobierno es clara y se comprueba con su ausencia en los grandes debates de la Seguridad Democrática.

En pocos años, la entidad pasó de ser un organismo con poder e influencia, a no tener ninguna, como sucede en la actualidad con una entidad cooptada por las mayorías del Gobierno.

Comisión de TV

En 2002 había dos delegados del Gobierno en la CNTV. Hoy, la sensación es que se trata de “un organismo ineficaz para tramitar con altura, eficacia y transparencia los intereses de la televisión”. En lo que va corrido del año se confirman las mayorías Gobierno-coalición en la CNTV.

En la actualidad, “los principios de autonomía y defensa del pluralismo que inspiraron a la CNTV están lejos de ser una realidad”. No hay claridad en procesos de elección y es evidente la manera como el presidente Uribe ha influido en la composición de la junta directiva, refrendando de paso sus mayorías en la institución.

Aunque es difícil definir el grado de influencia de sus actuaciones, el escaso control a la campaña presidencial en la reelección de 2006 representa un indicio de su afinidad en las decisiones.

El Consejo de la Judicatura

Aunque entre 2002 y 2009 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cambió totalmente, por sucesivas propuestas de eliminación del organismo, la entidad conserva niveles de independencia frente al Ejecutivo. No sucede lo mismo respecto a la Sala Disciplinaria. Si bien Uribe ejerció la mayor parte de su Gobierno con un organismo elegido durante la administración Pastrana, hoy seis de los siete magistrados que componen la Sala pertenecen a uno de los partidos de la coalición de Gobierno y, por tanto, tendrían afinidad política. El criterio para elegirlos fue su adscripción partidista, lo cual supone que se trata de una institución cooptada, no sólo en personas sino en decisiones. La tutela concedida al ministro Diego Palacio, que frenó una investigación de la Corte Suprema, es una buena muestra.