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Fiscalía y género

¿Qué tan necesaria es la perspectiva de género en la Fiscalía? 

 

Generó gran debate Néstor Humberto Martínez en la audiencia de elección para Fiscal General al decir que la violencia intrafamiliar (VIF) es una forma de violencia de ocasión, que su criminalización quiebra el núcleo familiar y congestiona el sistema penal. Su intervención abre un debate muy relevante: ¿qué tan necesaria es la perspectiva de género en la Fiscalía? Para algunos sectores, la respuesta puede ser obvia, pero después de las discusiones derivadas de la respuesta de Martínez, es posible que no.

 

Una Fiscalía con perspectiva de género es fundamental, pues en ocasiones las dinámicas delictivas están asociadas a situaciones sociales y conflictivas que afectan más a mujeres que a hombres. La violencia intrafamiliar es un ejemplo de esto y los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) así lo confirman. En el 2014, hubo 12.626 casos de homicidios y alrededor del 90 % de las víctimas fueron hombres; pero cuando se supo que el homicidio ocurrió en medio de una situación de violencia de pareja, la proporción de mujeres víctimas fue del 90 %. Ese mismo año el INMLCF reportó 75.939 casos de violencia intrafamiliar, las mujeres fueron cerca del 75 % de las víctimas, y la tasa nacional de mujeres víctimas de VIF cada 100.000 habitantes fue de 237,76, mientras que la de hombres fue de 78,90.

 

Una Fiscalía con mirada de género cobra mayor relevancia cuando se analizan las problemáticas con perspectiva territorial, ya que las diferencias entre departamentos y municipios pueden ser significativas. Nuevamente los datos del INMLCF así lo confirman. En el 2014, el mayor número de casos de violencia intrafamiliar se registraron en Bogotá y Antioquia, pero los departamentos con tasas más altas de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar fueron Casanare (632,07), San Andrés (535,73), Cundinamarca (389,50), Arauca (377,02) y Huila (324,40); y los municipios con tasas más altas fueron El Rosal y Ubaté (Cundinamarca), Güepsa (Santander), Pore (Casanare) y Soracá (Boyacá), entre otros. 

La violencia intrafamiliar es una epidemia de grandes proporciones en Colombia que afecta de manera grave y desproporcionada a las mujeres. Ocurre seis veces más que los homicidios y en ocasiones lleva al feminicidio. En varios municipios las tasas de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son cuatro veces más altas que el promedio nacional. No es entonces una violencia de ocasión. Es un tipo de violencia sistemática que ocurre en todo el país y que afecta de manera peligrosa la vida e integridad de la población femenina.

Por supuesto que el Estado debe contar con políticas integrales para prevenirla y combatirla. Naturalmente que debemos tener mecanismos adecuados de gestión de conflictos que prevengan el uso de la violencia para resolver las controversias.  Claro que la persecución penal por sí sola no resuelve el problema, pues solo es un pedazo de la política estatal cuyo fin es sancionar el delito y generar un efecto disuasivo. Y obvio que el sistema penal debe tener mecanismos de sanción apropiados y que la cárcel no es el único camino.

Pero una mirada integral a la violencia intrafamiliar no significa trivializar la conducta, minimizar su gravedad o pedir su descriminalización. Por eso, la persona que ocupe el cargo de Fiscal General sí debe tener perspectiva de género. Sobre todo debe abandonar miradas moralistas de la “familia” y entender que lo que está en juego es la vida e integridad de miles de mujeres en este país. Ese es el tipo de Fiscal que necesitamos en Colombia.  

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