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Fumigaciones, ¿adictivas?

Rodrigo Uprimny Yepes
febrero 16, 2014

Publicado en: El Espectador

En vez de reanudarse las fumigaciones sobre cultivos ilícitos, el Gobierno debería repensar el tema y preguntarse si no ha caído en una muy nociva adicción.

 

La adicción patológica genera una necesidad cada vez mayor de consumir unas sustancias que producen cada vez menos los efectos buscados y por el contrario provocan daños graves; pero, por la dependencia, el adicto persiste en el consumo, que le implica gastos millonarios.
Todo eso sucede con las fumigaciones. Los estudios serios coinciden en que su capacidad de reducir durablemente los cultivos ilícitos es bajísima, casi nula. La discrepancia entre los analistas es sobre el grado de ineficacia. Así, un estudio de WOLA de 2008 mostró que en ciertos años, como 2006, la relación fue 27 a 1, esto es, por cada 27 hectáreas asperjadas pudo reportarse sólo la reducción de una. Algunos análisis del profesor de los Andes Daniel Mejía son un poco más optimistas y muestran una mayor eficiencia, pero ésta sigue siendo paupérrima.
Pero además los resultados no son duraderos, pues son compensados por el desplazamiento de los cultivos a otras regiones o por aumentos de productividad, por lo cual el resultado neto global en la disminución de la oferta de cocaína ha sido bajísimo, por no decir nulo.
Las fumigaciones son además costosas. Con estimaciones muy conservadoras, WOLA calculó que el costo directo de las fumigaciones entre 2000 y 2006 fue por lo menos de US$650 millones.
Tenemos pues una estrategia que es costosa e ineficaz, lo cual ya es bastante irracional. Pero lo más grave es que hay evidencia creciente de que las fumigaciones tienen impactos dañinos.
Primero, al medio ambiente, pues la coca suele estar en regiones con ecosistemas muy ricos, irreemplazables y muy frágiles. Y los estamos fumigando.
Segundo, a la salud, pues no sólo el glifosato es tóxico, sino que un cuidadoso estudio econométrico de Daniel Mejía y Adriana Camacho mostró que las fumigaciones han tenido impactos negativos sobre la salud de las poblaciones de las zonas asperjadas.
Tercero, sobre la diversidad étnica y cultural, pues las fumigaciones han recaído en forma desproporcionada sobre regiones con fuerte presencia indígena.
Finalmente, sobre la legitimidad de nuestra precaria democracia, pues, ¿qué respeto pueden tener las poblaciones locales frente a un Estado que contamina sus aguas y tierras, afecta su salud y destruye sus fuentes de ingresos, sin ofrecerles claramente desarrollos alternativos?
Las fumigaciones son entonces costosas, ineficientes y dañinas. Pero además hay mejores estrategias alternativas. ¿Por qué entonces el Gobierno persiste en mantener las aspersiones? Sólo una suerte de adicción patológica podría explicar esa obstinación. Y frente a ellas, los expertos coinciden: es necesario empezar un tratamiento de desintoxicación, para lo cual un buen primer paso sería parar el vicio y decretar la moratoria de las fumigaciones. Y habría que preguntarse quiénes se benefician de la persistencia de esta irracional adicción.

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