La expansión de la ganadería en la región amazónica continúa siendo uno de los principales impulsores de la deforestación, evidenciando las debilidades estructurales de las políticas públicas destinadas a controlar este problema. En nuestra reciente publicación Ganadería deforestadora: Vacíos y limitantes en el control y enfoque de derechos humanos analizamos cómo los vacíos en el diseño institucional no solo dificultan la contención de este fenómeno, sino que también generan riesgos importantes en materia de derechos humanos.

La investigación, realizada con el apoyo del Reino Unido, se llevó a cabo utilizando una metodología que integró revisiones normativas, el análisis de políticas públicas, solicitudes de acceso a la información y la retroalimentación con actores clave. Esto permitió identificar las principales barreras en la gobernanza ambiental. Además, se formularon recomendaciones para abordar esta crisis de manera integral, alertando en la necesidad de evitar que las sanciones impacten negativamente a poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas amazónicos y las comunidades campesinas, quienes suelen ser las más afectadas por este tipo de medidas.

Hasta el momento, el abordaje de la ganadería en la Amazonía ha carecido de una perspectiva histórica y un análisis integral que considere la política socioeconómica y la ecología política. Esta falta de enfoque integral limita la posibilidad de implementar controles preventivos efectivos que permitan comprender y abordar la problemática de la deforestación asociada con la ganadería antes de que esta se materialice.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la deforestación a nivel nacional aumentó más de un 40%, siendo la región amazónica la más afectada. Esta situación no solo constituye un grave problema socioambiental para Colombia, sino que también tiene repercusiones internacionales. Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre 2001 y 2021 se deforestaron en Colombia 3.182.876 hectáreas, de las cuales 1.858.285 están en la región amazónica. Actividades como la ganadería extensiva y la «praderización» para el acaparamiento de tierras han sido señaladas como algunos de los principales motores de esta deforestación.

Ante esta problemática, desde 2018 el Estado ha implementado diversas estrategias normativas y de política pública para fortalecer el control sobre la deforestación. Sin embargo, el crecimiento del hato ganadero y la persistencia de la deforestación en la región evidencian la falta de efectividad de estas medidas.

Adicionalmente, los efectos sociales adversos y la opacidad en la información relacionada con acciones militares, como las desplegadas en la Operación Artemisa, han puesto en cuestión tanto la eficacia de las políticas como el respeto a los derechos humanos en la lucha contra la deforestación. Esta investigación es crucial para comprender los vacíos existentes en la gestión estatal y los riesgos que la implementación de políticas inadecuadas representa para las comunidades y el medio ambiente, con el fin de contribuir a un enfoque más efectivo y justo.

Estrategias ineficientes y riesgos para los derechos humanos

Si bien los derechos humanos han sido considerados para justificar la criminalización y la aplicación de sanciones por las afectaciones y los daños ambientales, no se han tenido en cuenta al momento de crear y ejecutar sanciones para prevenir que no causen vulneraciones a otros derechos.

Por ejemplo, se alude a los derechos de las comunidades étnicas que son especialmente afectadas por la degradación del bosque para justificar la necesidad de las sanciones, pero se excluyen las posibles afectaciones a las comunidades por sanciones impuestas a sus miembros por conductas deforestadoras en las que se puedan ver involucrados.

La falta de un enfoque multidimensional y preventivo de derechos humanos en la política sancionatoria del Estado se refleja en varios aspectos. En primer lugar, las sanciones aplicadas tienen consecuencias desproporcionadas para las poblaciones vulnerables. Además, se han incorporado disposiciones normativas que facilitan la aplicación de sanciones sin considerar enfoques diferenciados para las situaciones de vulnerabilidad. Por último, existe un énfasis en la persecución penal de delitos ambientales, sin abordar adecuadamente los delitos vinculados al fenómeno criminal de la deforestación, que violan los derechos humanos de las comunidades afectadas en los territorios.

Otra de nuestras principales conclusiones es el alto riesgo de criminalización y selectividad en la sanción ambiental respecto a ciertas comunidades vulnerables, donde algunos sujetos puedan tener una culpabilidad disminuida frente a los crímenes ambientales.

Es usual que detrás del acaparamiento de tierras y la deforestación se encuentren redes criminales con intereses y poderes económicos amplios, así como grupos armados que recurren a mano de obra barata, como el trabajo de campesinos, comunidades indígenas u otros sectores poblacionales empobrecidos, para que sean estos quienes directamente deforesten.

También es común que personas pertenecientes a comunidades vulnerables terminen involucradas en comportamientos lesivos del ambiente que, aunque no son impulsados por ellas ni les proporcionan mayores beneficios, les permiten obtener medios de subsistencia frente a situaciones de precariedad.

La sanción casi siempre está acompañada por la imposición de cuantiosas multas que aumentan la precariedad y dificultan aún más la subsistencia de las personas. Mientras que muchos participantes en esta economía criminal operan con impunidad, los gobiernos suelen ser punitivos con las comunidades indígenas que se dedican a la deforestación.

Esto se explica, en parte, porque las intervenciones militares muchas veces se planean y ejecutan bajo la lógica del enemigo de guerra, que excluye la sensibilidad por los derechos humanos y la preocupación por un control estatal con enfoque diferencial.

Vacíos y limitantes de las herramientas estatal para el control de la deforestación 

Identificamos los siguientes vacíos y limitantes dentro del proceso de seguimiento y control que actualmente adelanta el Estado para la contención de la deforestación asociada a ganadería y praderización por acaparamiento:

• Ausencia de una política integral de control a la deforestación asociada a la ganadería: el control de la deforestación asociada a la ganadería en la región amazónica ha sido abordado por el Estado mediante tres enfoques principales: la interdicción militar y operativos judiciales, las sanciones administrativas lideradas por el ICA, y el seguimiento de acuerdos de conservación con familias campesinas. Sin embargo, estas estrategias han sido fragmentadas y carecen de un enfoque integral, limitándose principalmente a la sanción de los delitos, sin abordar adecuadamente la prevención de la deforestación ni el control de la cadena de suministro ganadero. Esto resalta la necesidad de un enfoque más coherente y preventivo para enfrentar la problemática de manera efectiva.

• Ausencia de un enfoque de control preventivo ambiental de la actividad ganadera asociada a la deforestación: las acciones del Estado para contener la deforestación se han centrado en sancionar la pérdida de bosque y el uso no permitido de áreas ambientales, sin abordar adecuadamente los motores reales de la deforestación, como la ganadería. Este enfoque impide investigar los vínculos económicos detrás de la deforestación y limita la acción preventiva. Además, la falta de coordinación entre autoridades ambientales y pecuarias dificulta una respuesta integral ante el problema.

• Ausencia de un control ambiental integral de la cadena de suministro: la actividad ganadera enfrenta desafíos debido a la fragmentación de la información y la falta de un enfoque integral en su control. A pesar de los avances en trazabilidad y regulaciones sanitarias, persisten vacíos en la regulación ambiental a lo largo de la cadena de suministro. Propuestas como vincular la trazabilidad con la deforestación han sido planteadas, pero enfrentan obstáculos como la falta de coordinación entre entidades y problemas no resueltos como la ausencia de medidas preventivas y el control de flujos financieros relacionados con la deforestación.

• Limitantes en el acceso a la información: la falta de información sobre la ganadería limita el control estatal, impidiendo la trazabilidad ambiental y la aplicación de sanciones efectivas. La información sobre la comercialización de la carne y las inversiones en el sector está en manos de privados, lo que genera opacidad y dificulta la identificación de actores involucrados en la deforestación y la praderización.

Para profundizar en estos temas y explorar propuestas de cambio con enfoque interseccional y de derechos humanos en las políticas ambientales, invitamos a leer la investigación completa en el archivo adjunto a esta nota.

Este informe fue preparado por Dejusticia con el apoyo de la Embajada Británica. Las opiniones expresadas en el mismo son únicamente de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones o políticas de la Embajada Británica. La Embajada Británica no asume responsabilidad alguna por la exactitud, integridad o actualidad de la información proporcionada en este informe, los cuales son responsabilidad de sus autores.