El análisis se concentra en las alternativas al encarcelamiento para mujeres que en condición de vulnerabilidad socioeconómica han cometido delitos no violentos de drogas. Hacemos referencia de manera particular a las propuestas de modificación de los subrogados penales y su incidencia frente a las conductas tipificadas dentro del denominado capítulo sobre “tráfico de estupefacientes y otras infracciones”.

En el documento se valoran las medidas planteadas por el proyecto de ley y la ponencia para primer debate. En este sentido el grupo de trabajo celebra la ampliación del margen de aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena, a mujeres traficantes en condiciones de marginalidad y/o necesidades de manutención del hogar, que carezcan de antecedentes penales por delito doloso, como un mecanismo que materializa el tratamiento penal diferenciado, para casos en donde la fuerza del Estado castiga a los eslabones más débiles de la cadena del mercado de las drogas.

Considerando que la criminalización y judicialización de las mujeres involucradas en delitos no violentos asociados al tráfico de drogas no ha sido efectiva en el desmantelamiento de los mercados ilegales drogas y en cambio sí ha generado graves afectaciones para estas mujeres y sus familias, es necesario que el Estado Colombiano adopte medidas preventivas y ofrezca alternativas a la aproximación punitiva que tradicionalmente se ha dado a esta problemática.