Pero la tesis de Zuluaga se basa en dos inexactitudes: la paz que se está negociando no está basada en la impunidad y su planteamiento no conduce a la paz sin impunidad sino a la guerra con impunidad.

El acuerdo de diez principios sobre derechos de las víctimas entre las Farc y el Gobierno, anunciado hace una semana, señala claramente que el proceso de paz no busca intercambiar impunidades y que los derechos de las víctimas no son negociables. Ambas partes se comprometen entonces a asumir su responsabilidad por las atrocidades cometidas y a establecer mecanismos para satisfacer los derechos de las víctimas en la mejor forma posible. El actual proceso de paz no está entonces fundado en la impunidad, sino en el reconocimiento de las víctimas y en un esfuerzo por armonizar la garantía de sus derechos con la lógica de una paz negociada.

No estamos pues frente a una paz con impunidad, lo cual destroza la premisa del planteamiento de Zuluaga. Pero además lo que ofrece Zuluaga no es una paz sin impunidad, sino una guerra con impunidad.

Zuluaga desconoce la existencia del conflicto armado. ¿Cómo va entonces a negociar políticamente la terminación de un conflicto armado cuya existencia niega? Zuluaga anuncia además que revisaría todos los consensos ya alcanzados con las Farc, con lo cual los avances del proceso quedarían anulados. Finalmente, Zuluaga plantea unas condiciones para continuar las negociaciones que equivalen a un simple sometimiento y entrega de las guerrillas, que éstas no van a aceptar.

El planteamiento de Zuluaga conduce a la ruptura de las negociaciones y a la perpetuación de la guerra, que será larga y degradada, pues desde 2008 las guerrillas retornaron a una clásica guerra de guerrillas y han mostrado un creciente dinamismo militar. Una eventual victoria militar del Estado, en caso de que fuera posible, sería difícil, larga y extremadamente dolorosa.

Y sería una guerra con altísima impunidad. Primero por una razón estructural: los conflictos armados favorecen la impunidad pues la acción de los actores armados debilita la capacidad del Estado de controlar el territorio y tener un sistema judicial independiente y eficaz. Un país con guerra sufre inevitablemente altas dosis de impunidad.

Pero Zuluaga agrava la cosa con sus propuestas. Pretende ampliar el fuero militar, con lo cual crímenes, como los falsos positivos, pasarían a la justicia militar, que no ha sido capaz de investigar imparcialmente estas violaciones a los derechos humanos. Y ha propuesto, sin ningún rubor, una reforma constitucional para sacar de la cárcel a los militares y policías que están condenados por gravísimas violaciones a los derechos humanos. ¿Será que las víctimas del Estado no merecen el mismo respeto que las víctimas de la guerrilla?

Hoy domingo usted puede entonces escoger entre una paz posible y digna o una guerra degradada y con impunidad.