La información que se ha hecho pública con relación a presuntas irregularidades en el manejo de recursos en la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República entre 2021 y 2022 genera un nuevo reto para la democracia y el Estado de Derecho. 

Esta información, suministrada por Nicolás Petro, uno de los hijos del actual Presidente, y su esposa, Daysuris Vásquez, en el contexto del proceso judicial que se adelanta en su contra de la pareja por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, sugiere que la campaña habría recibido dineros de manera irregular, que no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral y que habrían superado los montos permitidos por la ley.  

Dada la gravedad de estos hechos y su trascendencia para la estabilidad nacional, desde Dejusticia consideramos que deben ser investigados con rigurosidad, independencia y con el pleno cumplimiento de las garantías constitucionales. A su vez, es importante que la Fiscalía cumpla con sus funciones de investigar y acusar a los implicados, asegurando que el proceso judicial se lleve a cabo con transparencia e imparcialidad.

El presidente, por su parte, debe mantener el respeto a la independencia judicial y al trabajo de la instituciones que ya manifestó en el comunicado que hizo público este 4 de agosto de 2023 en la mañana. Esto es fundamental para evitar profundizar la actual crisis política y para fortalecer a las instituciones que adelantan la investigación.

Desde Dejusticia haremos seguimiento al avance del caso para vigilar el cumplimiento de las garantías constitucionales y el respeto del Estado de Derecho.