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Hambre y obesidad: las dos caras de la desigualdad

Diana Guarnizo
junio 13, 2016

Publicado en: Global Rights Blog

El hambre y la obesidad son evitables en el mundo de hoy. Son el resultado de las decisiones políticas que los Estados han tomado sobre la producción, procesamiento, comercialización y distribución de los alimentos.

 

En el mundo hay suficiente comida como para alimentar saludablemente a toda la población. Sin embargo, el hambre y la obesidad están presentes en el mundo provocando millones de muertes que serían evitables. De acuerdo a cifras para 2014 de la Organización Mundial de la Salud, 1,900 millones de adultos tenían sobrepeso, y, de ellos, 600 millones eran obesos.  Al mismo tiempo, alrededor de 794 millones  de personas no tienen alimentos suficientes para llevar una vida saludable. Aunque los niveles más altos de obesidad son más frecuente en países de ingreso alto y medio, mientras que los mayores niveles de desnutrición se presentan en países de ingreso baso; no es raro que el hambre y la obesidad se presenten en el mismo país, la misma región o, incluso, el mismo grupo familiar en lo que se ha llamado la doble carga de la desnutrición y malnutrición

Fuente: Flickr Creative Commons.

Esta doble carga ha sido particularmente fuerte en aquellos países de ingreso medio, como en Latinoamérica, India, Norte de África y  Suroeste Asiático. En estas regiones (señaladas en verde en el mapa), el desarrollo económico de los últimos años se tradujo en una reducción efectiva de la desnutrición; sin embargo, los índices en esta materia aún son medio-altos (entre 2,42 y 12,45 muertes por desnutrición por cada 100,000 habitantes al año para el 2015). 

Fuente: World Life Expectancy.

Paralelamente, el aumento del poder adquisitivo en los habitantes de estas regiones, sumado a otras causas como el aumento de la urbanización, el abaratamiento de productos comercializados  a una escala global, entre otras, también condujo a un aumento importante en los niveles de sobrepeso y obesidad particularmente en Latinoamérica. Los países latinoamericanos (en amarillo ocre o naranja), en su mayoría de ingreso medio, tienen una prevalencia a la obesidad y cada vez, con más frecuencia, al sobrepeso. Es decir, son países donde más del  40.0%  de la población tiene un índice de masa corporal (IMC) igual o superior a 25Kg/m2. Se considera que un IMC entre 18,5 y 24,9 es normal, entre 25,0 y 29,9 es  sobrepeso, y mayor a 30 es obesidad. 

Fuente: World Health Organization (2015)

¿Qué pasa con los sistemas de distribución de alimentos de estos países donde la desnutrición, el sobrepreso y la obesidad conviven de la mano? La respuesta depende de cada país y usualmente involucra más de un factor, pero hay uno que es clave en todo este proceso: el político. 

En materia de desnutrición, la pobreza, la deficiente inversión en la agricultura local,  y la falta de planeación para contener los cambios del clima o de los precios internacionales, son todas situaciones creadas por el hombre, en donde los Estados podrían y deben intervenir. 

En materia de sobrepeso y obesidad, la ausencia de controles a la comercialización de alimentos con alto contenido calórico, así como de incentivos para el consumo de alimentos saludables, la rápida urbanización de los países y el acceso a mercados cada vez más globales, ha permitido un rápido incremento en el consumo de estos productos, particularmente en zonas urbanas. 

En ambos casos la inacción del Estado se basa en una fe ciega en los beneficios del “libre mercado.” En el caso de la desnutrición, los Estados que deciden no intervenir, confían en que el mercado es el mejor distribuidor de los alimentos, limitándose a intervenir solo en los casos más graves de hambruna a través de políticas asistencialistas. En el caso de la obesidad, los Estados  confían en que en un mundo con suficiente información, los consumidores (actores racionales) sabrán tomar las mejores decisiones para su propio beneficio. 

Ambos supuestos son equivocados. Con relación al primero, el mercado se ha mostrado ineficiente para suplir las necesidades de aquellos más desaventajados sin acceso a medios de producción. 

Con relación al segundo, la literatura ha mostrado algunas de las deficiencias del mercado. Primero, en aquellos países de ingreso medio y alto que han optado por un sistema de salud general, los costos sociales de la obesidad son altísimos y tienen que ser asumidos por todos. Segundo, dado los problemas regulatorios para el eficiente etiquetado de los productos, los consumidores no disponen de toda la información necesaria para decidir; e incluso, existiendo las etiquetas adecuadas, los consumidores no disponen del entrenamiento adecuado para leerlas e interpretarlas. 

Esta preferencia por la inacción en los países de economías emergentes es una decisión política que tiene consecuencias concretas en materia de equidad. En una investigación de Mendez y Popkin (2004) se mostró como en los países o áreas menos urbanizadas personas de estratos socio-económicos más bajos tienen mayor probabilidad de padecer de hambre y desnutrición. Sin embargo, lo opuesto sucedía en países o áreas más urbanizadas donde las personas pobres tenían una mayor inclinación al sobrepeso y la obesidad. Es decir, dependiendo del nivel de urbanización del área donde viven, las personas pobres tienen mayor probabilidad de sufrir la doble carga de la mala alimentación: o están desnutridas, o tienen sobrepeso.

Un Estado eficiente y comprometido con proteger y garantizar el derecho a la alimentación y la salud de sus ciudadanos debería intervenir para corregir estos problemas que el mercado no logra solucionar. Los Estados pueden y deben hacer mucho por asegurar la disponibilidad, accesibilidad económica y aceptabilidad de los alimentos en todos los escenarios y poblaciones (urbanos y rurales, escuelas y lugares públicos, etc.), así como en concientizar a los ciudadanos para que tomen mejores decisiones. 

El hambre y la obesidad son evitables en el mundo de hoy. Son el resultado de las decisiones políticas que los Estados han tomado sobre la producción, procesamiento, comercialización y distribución de los alimentos. La inacción del Estado solo favorece a los competidores más fuertes (i.e. la industria alimentaria) cuyo interés principal no es la salud y  la alimentación sino, por el contrario, la maximización económica. En un escenario tal, no es de extrañar que los competidores más débiles (campesinos sin los medios de producción para competir en el mercado agroindustrial mundial, niños  en zonas urbanas y personas en condición de pobreza) tengan  que asumir la doble carga de la desnutrición o el sobrepeso.  

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