La acción de tutela es considerada la herramienta más revolucionaria para la defensa de los derechos fundamentales en Colombia. Su uso común ha permitido que la Constitución de 1991 se dé a conocer a partir de la transformación de la vida jurídica orientada a una ciudadanía que sabe y puede exigir siempre que sus derechos fundamentales se vean vulnerados.

La tutela nace en el Artículo 86 de la Constitución de 1991 y de inmediato se convierte en un mecanismo eficaz de acceso a la justicia, con menos formalidades y exigencia probatoria que los mecanismos ordinarios. Se interpone con el fin de amparar derechos tales como la vida, la salud, la educación, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de opinión y religión, entre otros y, como consecuencia, se dicten órdenes expresas a los responsables para proteger a la persona afectada. 

En medio de constantes violaciones a los derechos humanos, la tutela se estipuló para llenar vacíos de protección. La apropiación de la tutela por parte de la ciudadanía ha modernizado al Estado colombiano y ha propiciado un espíritu garantista que ha permitido desarrollar el contenido y alcance de los derechos constitucionales.

Cualquier persona en Colombia puede interponer una tutela, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. Sin embargo, esta acción sólo procederá cuando el/la afectado/a no disponga de otro medio de defensa judicial. La tutela sólo será procedente si no existe otra vía, alternativa o mecanismo ordinario para resolver el asunto.

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Algunas victorias que se han logrado a partir de la tutela han sido:

• Reconocimiento de la salud como derecho fundamental

• Derecho a la salud de personas migrantes

• Derecho a la pensión de superviviente de compañera/o permanente

• Derecho a la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas

• Reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo

• Amparo de derechos laborales a trabajadoras sexuales

• Derechos territoriales de comunidades negras e indígenas

• Derecho a morir con dignidad

La acción de tutela, un logro vigente de la Constitución de 1991 que ha revolucionado la manera en la que ejercemos una ciudadanía activa, digna y autónoma.