A LAS PATADAS. Así fueron expulsados de Venezuela José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, representantes de Human Rights Watch (HRW). Todo por cantarle un par de verdades al gobierno de Hugo Chávez en una conferencia de prensa en la que presentaron un informe sobre la situación de derechos humanos en ese país.

Cómo es la vida: HRW, que lleva años criticando la “guerra contra el terrorismo” y la política migratoria estadounidenses terminó siendo acusada por el gobierno venezolano de defender “intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de los Estados Unidos”.

El incidente es grave. En Venezuela, significa la ruptura de Chávez con la causa de los derechos humanos, ese “artificio burgués” que incomoda a todos los hombres fuertes de izquierda. En Colombia, echa por tierra, una vez más, las acusaciones del gobierno de Uribe contra HRW y las demás ONG de derechos humanos, esos “agentes del comunismo” que son una espina en el costado de los caudillos de derecha.

¿Qué afirma el informe que armó semejante lío? Lo primero que dice clarito es que Chávez arrancó bien al impulsar una constitución democrática en 1999. Y que el peor atropello contra la democracia fue el golpe del que fue víctima el propio Chávez en 2002. Imagino que los matones que echaron a HRW de Caracas se saltaron este pedazo y fueron directo a lo que sigue.

Porque el resto del documento es la crítica más creíble y completa que existe del régimen chavista. Creíble porque, a diferencia de los críticos conservadores que no le perdonan a Chávez haber puesto el dedo en la llaga de la exclusión social, HRW lo condena porque ha utilizado esa causa válida para concentrar poder. Completa porque documenta detalladamente cómo la Revolución Bolivariana ha ido degenerando en una persecución contra sectores de la sociedad civil.

La primera acusación del informe es que el gobierno venezolano se ha convertido en una máquina de discriminación política. HRW repite lo que se oye en las calles de Venezuela: que quien esté en las largas listas negras de opositores puede irse olvidando de tener un puesto oficial o acceder a un programa social. Y que todo el que se atreva a llevarle la contraria al gobierno corre el riesgo de ser tildado de golpista, así como en Colombia el riesgo es ser llamado terrorista.

El segundo cargo viene como anillo al dedo para el debate colombiano. Oigámoslo: “El gobierno del presidente Chávez ha logrado, en la práctica, neutralizar al poder judicial como un poder independiente… El Presidente y sus partidarios en 2004 coparon con sus aliados al Tribunal Supremo de Justicia” y, en gran medida, “ha abdicado su rol como control de las acciones arbitrarias del Estado y garante de las libertades públicas”. Cualquier parecido con lo que pretende hacer el gobierno Uribe con la reforma judicial y la Corte Suprema es pura coincidencia.

La tercera crítica es también contundente: “El gobierno del presidente Chávez ha socavado la libertad de expresión… a través de diversas medidas que buscan alterar el control y el contenido de los medios”, desde leyes que le meten miedo a los periodistas que hablen mal del gobierno hasta la suspensión arbitraria de canales y estaciones de radio.

El informe cierra con un par de capítulos que cuentan cómo el gobierno chavista se dio vuelta para apuntar contra quienes deberían haber sido sus aliados: los sindicatos y las ONG de derechos humanos. A los primeros los ha intentado cooptar para volverlos apéndices del gobierno. A las segundas las ha perseguido con investigaciones penales y acusaciones infundadas.

Bien por HRW y lástima por Venezuela. Imagino que los antichavistas colombianos estarán felices. El problema es que la siguiente escala de HRW es en Bogotá, para presentar el reporte sobre Colombia en las próximas semanas. Ahí se les acabará la dicha.