La política de víctimas de Colombia es ambiciosa y compleja. Busca garantizar asistencia, ayuda humanitaria y reparación para alrededor del 14 % de su población total. | Camila Santafé
Pagar la reparación a todas las víctimas del conflicto armado colombiano: ideas para hacerlo posible
Por: Dejusticia | octubre 24, 2023
Cuando se trata de violaciones masivas a los derechos humanos, es común escuchar que las reparaciones a las víctimas son un mecanismo inviable, debido a que son muy costosas y difíciles de implementar.
Basta ver la dimensión del caso colombiano. En el país hay más de 9.5 millones de víctimas y, aunque cerca de dos millones por diversas razones no son sujetos de atención, hay otros 7.5 millones que sí reclaman una reparación integral y transformadora. Para entender mejor la magnitud de la violencia y la necesidad de reparación, hay una frase contundente que el padre Francisco de Roux, quien fuera presidente de la Comisión de la Verdad, repetía una y otra vez: “Si hiciéramos un minuto de silencio por cada víctima del conflicto armado en Colombia, tendríamos que estar en silencio durante 17 años”.
Entonces, ¿las reparaciones son un mecanismo inviable y financieramente insostenible? Aunque existen estudios sobre el derecho a las reparaciones, estas preguntas sobre la viabilidad financiera de los programas de reparaciones han sido poco desarrolladas. En nuestra publicación, Las reparaciones, ¿es imposible pagarlas?: El caso de la política de reparación a sobrevivientes de violencia sexual y víctimas del conflicto armado en Colombia, el objetivo es entregar elementos para la reflexión y el análisis sobre la economía política de las reparaciones, analizando el caso colombiano desde 2011, cuando se creó la política para las víctimas del conflicto armado a través de la Ley 1448.
La política de víctimas de Colombia es ambiciosa y compleja. Busca garantizar asistencia, ayuda humanitaria y reparación. En cuanto a la reparación, busca proporcionar medidas de compensación, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición desde un enfoque transformador y diferencial para abordar las desigualdades. Por eso hablamos del programa más ambicioso a nivel global, ya que ningún otro país ha intentado reparar un universo tan grande de víctimas: aproximadamente el 14% de la población colombiana.
El hecho de haber logrado crear e implementar una política así en los últimos 12 años demuestra que los programas de reparaciones administrativas son viables. La viabilidad de estos programas, entendida como la posibilidad de contar con los recursos necesarios para llevarlos a cabo de manera efectiva, depende no solo del factor financiero, sino también de aspectos como el respaldo político de los gobiernos en el poder y el apoyo social a las víctimas y sus derechos. Eso ocurrió en el caso colombiano, lo cual permitió que un país con altos niveles de desigualdad y escasez de recursos decidiera poner fin al conflicto armado a través de políticas que garantizan derechos. Sin embargo, los desafíos para la sostenibilidad financiera del programa son grandes.
Desde 2011, el Estado ha invertido cantidades considerables de recursos económicos e institucionales en este proceso, incluidos los necesarios para proporcionar compensación a más de 1.5 millones de víctimas. Estos resultados superan lo logrado por otros programas de reparaciones en países similares. Por ejemplo, en Perú, el universo de víctimas registradas asciende a 182.350 personas y 7.678 comunidades, y en Guatemala asciende a 54.000 víctimas. En Indonesia, aunque no hay un registro de víctimas, se estima que 233.282 personas en 1.724 comunidades han sido beneficiarias directas de reparaciones colectivas y otras 30.000 han sido beneficiarias de pagos en efectivo a través de reparaciones individuales (Harvard Carr Center, 2015).
Dado el gran número de víctimas que aún no han recibido reparaciones completas conforme a lo establecido por la ley, surgen nuevas preocupaciones sobre la sostenibilidad financiera de la política. De hecho, fue necesario ampliar 10 años la vigencia de la Ley 1448 de 2011 para que la política cumpliera con sus objetivos. La respuesta a este problema de sostenibilidad no es simple.
El análisis del caso colombiano nos permite identificar aciertos y desaciertos que pueden ayudar a iluminar los debates en otros países y el futuro de las reparaciones en Colombia. En términos de aciertos, por ejemplo, podemos destacar el reconocimiento de la violencia sexual como una violación de los derechos humanos que debe ser reparada. Además, a través de la vía administrativa, también se ha considerado la necesidad de establecer reparaciones para los hijos que nacieron a raíz de hechos de violencia sexual. A diferencia de otros contextos donde se ha implementado la justicia transicional y en donde se ha excluido o minimizado, en Colombia la violencia sexual debe ser reparada de manera integral y transformadora, en los términos definidos por la Ley 1448, y otorgando todas las garantías procesales y simbólicas a sus sobrevivientes.
Otro acierto relevante es que, una vez que esta política se estableció en la Ley 1448 de 2011, el Gobierno llevó a cabo un proceso de estimación de costos de las reparaciones con criterios amplios, basados en la evidencia disponible en ese momento e incluyendo metodologías transparentes. Se hizo una estimación del universo de víctimas, en ese momento era desconocido, y se estableció el valor aproximado de las medidas a entregar como reparaciones de acuerdo con la ley. Basándose en los resultados de este proceso, el Gobierno planificó el presupuesto necesario para implementar la política. Sin embargo, el ejercicio de estimación fue insuficiente y subestimó el número de víctimas y los recursos necesarios para repararlas. Además, el contexto también ha cambiado porque Colombia tiene abierto el registro durante la vigencia de la política, por lo cual existe un aumento progresivo del universo de víctimas, que está asociado con la persistencia del conflicto armado en el país y decisiones judiciales que han ampliado la definición de ‘víctima’.
Viste nuestra galería: Aciertos y retos para financiar la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia
En este contexto, basándose en fuentes oficiales, entrevistas con funcionarios clave y análisis de estudios y publicaciones previas, en esta publicación presentamos un contexto sobre el proceso de determinación de costos y financiamiento de la política de víctimas en el país desde 2011 hasta la actualidad. A través de nuestra investigación identificamos algunos desafíos y recomendaciones para actualizar y mejorar la forma cómo se financia la reparación a las víctimas del conflicto armado.