A principios de septiembre se discutió y aprobó la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Iván Duque. Aunque son varios los análisis de las ausencias y problemas que deja esta reforma destaca uno en particular: el del impuesto a las bebidas endulzadas.

Desde Dejusticia creemos que esta ausencia es problemática por varias razones:

Primero, hay que destacar la evidencia científica que respalda este impuesto y que muestra que esta iniciativa puede ser útil en la prevención de enfermedades no transmisibles, evitar gastos en el sistema de salud asociado a la atención de estas enfermedades y recaudar recursos que puedan ser usados para bebederos e instalaciones de agua potable. El Gobierno no quiso apoyar esta iniciativa y no la incluyó en la propuesta original. A la postre, esto fue utilizado por varios miembros del Congreso que hicieron un llamado a “mantener el espíritu original del proyecto” y no aceptar las proposiciones que varios congresistas hicieron en el tema. 

Segundo, llama la atención la excesiva rapidez en el trámite de discusión y la ausencia de participación de la sociedad civil. El proyecto fue entregado el lunes en la tarde y ya el martes fue discutido y aprobado. No se permitió la participación de la sociedad que en varias ocasiones solicitó hacer parte de la discusión. 

Tercero, uno de los argumentos que se presentaron es que el impuesto podría afectar los empleos del sector y a los tenderos que las comercializan. Sin embargo, estudios sobre el impacto de  este impuesto en Berkeley, Reino Unido y México muestran que esta medida no redujo los empleos del sector y que, aunque la venta de bebidas azucaradas disminuyó, también aumentó la de otros productos sustitutos como el agua embotellada. Es decir, la industria se adaptó a la política y los tenderos se mantuvieron vendiendo productos más saludables.  

Cuarto, se sostuvo también que el impuesto podría afectar a las familias más pobres y que esto era perjudicial para la reactivación económica. En un informe publicado por Dejusticia mostramos que, las familias más pobres son las más sensibles a los cambios de precio, por lo que, a largo plazo, son ellas quienes se benefician en mayor medida de estas medidas. Al no tratarse de bienes de la canasta básica, las familias buscaran sustitutos en otros productos (el agua por ejemplo). A largo plazo, este cambio les permitirá: prevenir la aparición de enfermedades no transmisibles, evitar gastos de bolsillo derivados de la atención de dichas enfermedades y aumentar su productividad. Incluso, para aquellas familias más vulnerables, que ni siquiera puedan acceder a agua potable, el impuesto brinda una herramienta pues permite recaudar recursos adicionales que, bien usados, podrían ayudar a la instalación de bebederos o redes de acueducto. 

Quinto, llama la atención que congresistas que habían sido financiados en sus campañas por industrias que se oponen al impuesto discutían y votaban sobre la proposición sin declararse impedidos. Aunque suene insólito, eso era posible en nuestro sistema y ha sido una constante en la discusión legislativa de esta y otras iniciativas en salud pública. Por fortuna, un par de días después de aprobarse la reforma, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la norma que permitía esto. Esta decisión tiene el potencial de cambiar las reglas de juego en la discusión legislativa y ojalá permita mayor transparencia en discusiones futuras.

Desde hace cinco años las organizaciones sociales vienen impulsando esta política. Las ganancias son muchas: el debate académico y social se ha ampliado, la gente es más consciente de la necesidad de tener ambientes saludables y acceder a alimentos de calidad y, gracias a la Corte Constitucional, tenemos ahora nuevas reglas de juego que podrán garantizar mayor transparencia en el debate. Aunque, una vez más, el Congreso ignoró estos reclamos, seguiremos aportando a un debate informado y basado en evidencia científica.