La propuesta de reforma tributaria del Gobierno Petro llegó a manos del Congreso el pasado 8 de agosto. Uno de los puntos que más debate público ha generado desde entonces es la idea de implementar un impuesto a las bebidas azucaradas. 

El ministro de Hacienda, Jose Antonio Ocampo, explicó en rueda de prensa que “esto no es para generar plata. El recaudo ideal de estos impuestos es cero, que la gente cambie sus patrones de consumo”. De esta manera, el Gobierno muestra avances en lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud: la necesidad de tomar medidas para frenar los crecientes índices de obesidad y sobrepeso.

Dejusticia y otras organizaciones de la sociedad civil hemos promovido un impuesto a las bebidas endulzadas desde hace varios años. Nuestros argumentos, que reunimos en el documento Impuesto a las bebidas azucaradas: una idea a favor de la salud pública, se basan en la evidencia científica de más de 73 países que lo han implementado. Aquí desarrollamos algunos de ellos con un enfoque de salud pública y lucha por la equidad.

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La malnutrición es un problema creciente en Colombia

Las tasas de obesidad y sobrepeso vienen creciendo en Colombia de manera alarmante. Solo entre 2005 y 2015, pasaron del 4,3 al 24 por ciento en niños de 5 a 12 años, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN). 

Aunque la obesidad puede tener múltiples causas, la academia, médicos y salubristas establecen que la mala alimentación es un factor determinante relacionado con enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Un estudio liderado por investigadoras de la Universidad de Boston y de Toronto encontró que, a medida que aumenta el consumo de bebidas azucaradas, aumentan en un 28% las posibilidades de sufrir diabetes. 

Ese dato se hace más alarmante para Colombia teniendo en cuenta que el 63,6% de los niños y niñas en edad escolar consumen gaseosas por lo menos una vez al día. Esta cifra llega al 66% en colegios oficiales, según la Encuesta Nacional de Salud Escolar (ENSE). 

Una medida a favor de la equidad

La idea del impuesto no es afectar el bolsillo de los sectores más pobres, sino disminuir el consumo de estas bebidas y así prevenir enfermedades asociadas a la obesidad y el sobrepeso.

Los hogares de ingresos bajos son los que más compran bebidas endulzadas -exactamente cuatro veces más que los hogares de ingresos altos, según el IPC del DANE-. Por ende, con el aumento de precios suelen reducir su consumo en mayor medida y es probable que sean quienes más busquen alternativas como el agua o las bebidas caseras. 

Algo similar ocurrió en Brasil, donde un aumento de 10% en el precio de las bebidas azucaradas redujo el consumo en un 10% en las personas pobres y solamente un 6,3% en el resto de la población.

Estimaciones realizadas para Colombia sostienen que un impuesto del 24%, como el que proponemos desde la sociedad civil, tendría el potencial de reducir la obesidad en los hogares de ingresos más bajos entre un 5% a un 10%. 

Destinación específica

Desde Dejusticia, Red Papaz, FIAN Colombia, el Cajar y Tal Cual proponemos que el recaudo de este impuesto se destine a dos tipos de inversiones sociales: intervenciones de salud pública y políticas de agua potable, como la instalación de bebederos en instituciones educativas públicas. Creemos que esa será la mejor manera de garantizar que el impuesto contribuya a la lucha contra la desigualdad.

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Ahorro para el Estado

El impuesto no solo ayudaría a recaudar recursos para la inversión social sino que también llevaría a una disminución de gastos asociados con la atención de enfermedades no transmisibles, tanto para las familias como para el Estado. Según cálculos del Ministerio de Salud en 2016, el Estado gasta más de 740 mil millones de pesos al año solo en la atención de la diabetes atribuible a bebidas azucaradas.

No acabará con los empleos

Se ha demostrado que en lugares que han aplicado el impuesto, como México, Chile, Filadelfia y Berkeley no se han visto afectados los empleos del sector ni caídas en las ventas de las tiendas. La razón es que, a medida que bajan las ventas de las bebidas endulzadas, aumentan las ventas de otras bebidas, como el agua embotellada. 

Eso ocurrió en Berkeley, Estados Unidos, donde existe el impuesto desde 2014: las ventas de bebidas azucaradas disminuyeron 9.6% en un año, mientras que las ventas de agua envasada aumentaron un 15.6%, según un estudio de 2016. 

En Chile, un año y medio después de la creación del impuesto en 2016, no se encontraron efectos sobre el empleo ni los salarios de la industria, a pesar que las ventas de bebidas cayeron un 24%.

 

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