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Incoherencia y fumigaciones

Rodrigo Uprimny Yepes
julio 26, 2015

Publicado en: El Espectador

Sería contradictorio, jurídicamente inaceptable y políticamente inconveniente, que el Gobierno reanudara las fumigaciones con glifosato en el Catatumbo, argumentando que hubo un aumento de los cultivos de coca en esa zona.

 

Hace algunos meses, el Ministerio de Salud alertó sobre los riesgos cancerígenos probables del glifosato, con base en una información de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Esa información llevó entonces al Gobierno a suspender las aspersiones con este producto, dando aplicación al principio de precaución, que es constitucionalmente obligatorio y establece que si hay evidencia de que una actividad puede generar un daño grave e inaceptable, como el cáncer, entonces las autoridades deben suspender la actividad hasta que se pruebe que es inocua. Por ello las aspersiones sólo podrían ser reiniciadas si aparece una prueba razonable de que la fumigación con glifosato no causa cáncer.

El Gobierno no ha mostrado nuevos estudios que prueben la inocuidad del glifosato sino que sostiene que el crecimiento de los cultivos de coca hace necesaria la fumigación. Pero ese argumento es incoherente con la posición gubernamental por cuanto la razón invocada para suspender las aspersiones fue el riesgo para la salud del glifosato. Y mientras ese riesgo subsista, no puede el Gobierno reiniciar las aspersiones sin contradecirse; pero tampoco puede hacerlo jurídicamente pues estaría violando el principio de precaución.

La decisión gubernamental es entonces incoherente y jurídicamente insostenible; pero es además políticamente inconveniente pues la aspersión no es eficaz para combatir los cultivos ilícitos y tiene otros graves costos, fuera de sus inaceptables impactos potenciales sobre la salud.

Muchos estudios serios han mostrado que el impacto de la fumigación para reducir durablemente los cultivos ilícitos es mínimo. Un análisis de WOLA de 2008 mostró que en ciertos años, como 2006, por cada 27 hectáreas asperjadas pudo reportarse sólo la reducción de una. Algunos estudios recientes, como los de Daniel Mejía, muestran una mayor eficacia, pero ésta sigue siendo bajísima.

Los costos de la fumigación son además altos no sólo porque se desperdician importantes recursos económicos en una estrategia casi inútil, sino además porque también tiene impactos ambientales y sociales negativos. Las aspersiones suelen realizarse en ecosistemas ricos y frágiles, que se ven entonces contaminados. Y además erosionan la legitimidad institucional en las poblaciones locales, que pierden respeto a un Estado que contamina sus ecosistemas, afecta su salud y destruye sus fuentes de ingresos, sin ofrecerles claramente desarrollos alternativos.

Ojalá el Gobierno reconsidere la decisión de reiniciar las fumigaciones y opte por otras estrategias menos espectaculares pero mucho más eficaces para enfrentar los cultivos ilícitos, como son el fortalecimiento de la presencia institucional y el incremento de la inversión social en esas zonas.

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