LA VISITA A COLOMBIA DE GABRIELA Knaul de Albuquerque, relatora sobre independencia judicial de Naciones Unidas, es una oportunidad para que reflexionemos sobre este tema, que nos concierne a todos.

El asunto es esencial, pues los estudios constitucionales comparados han mostrado que sin independencia judicial no existe Estado de Derecho, ni libertad, ni democracia. Sólo unos jueces autónomos pueden proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar que estemos en un gobierno de leyes y no de personas, en donde las autoridades no abusan de su poder. Y sólo respetando las reglas constitucionales y los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, es posible que se forme una voluntad democrática libre. Por eso los países que primero consolidaron la independencia judicial, como Inglaterra, han sido también las primeras democracias modernas.

A su vez, ciertas teorías económicas han mostrado que la independencia judicial contribuye a que exista un desarrollo económico sostenido. ¿Serán necesarias más razones para defender la independencia judicial en Colombia?

En esta materia, nuestro país tiene una situación ambigua, pues en términos comparados, al menos en América Latina, Colombia ha gozado de una importante independencia judicial, pero actualmente ésta se encuentra amenazada.

Hoy, gracias a la carrera judicial, la casi totalidad de los jueces y magistrados de tribunales llegaron a su cargo por concurso, con lo cual pueden ejercer sus funciones en forma autónoma y sin deberle favores a nadie. A su vez, las altas cortes, como la Corte Suprema o la Corte Constitucional, han mostrado notable independencia en el control de los abusos gubernamentales. Pocos países en el mundo tienen una Corte Constitucional que haya desarrollado tan profundamente los derechos fundamentales o una Corte Suprema que haya realizado una investigación judicial como la de la parapolítica.

Subsisten, claro está, importantes deficiencias; por ejemplo, el desarrollo de la carrera en la Fiscalía ha sido muy precario. Pero lo grave y específico de la actual coyuntura es que la independencia judicial está en grave peligro.

A veces se trata de la amenaza de organizaciones criminales o actores armados, como las mafias, los ‘paras’ o las guerrillas, que buscan incidir indebidamente en los jueces por medio de la llamada “ley de los dos metales”: plata (sobornos) o plomo (atentados). Un reciente y trágico ejemplo fue el asesinato el pasado viernes del funcionario del CTI Alberto Franja, quien lideraba investigaciones contra paramilitares.

Pero también en los últimos años la independencia se ha visto erosionada por acciones del Gobierno. Ha habido ataques directos, como las interceptaciones de comunicaciones de los magistrados o las acusaciones injustificadas en su contra. Ciertas decisiones gubernamentales, como las extradiciones de los jefes ‘paras’, han además afectado gravemente los esfuerzos judiciales por esclarecer los crímenes de esas organizaciones. Ha habido también tentativas de la coalición gubernamental por controlar, o incluso cooptar, ciertas instancias judiciales, como la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El debate sobre la elección del Fiscal General, que en Colombia es funcionario judicial, es el último episodio de esa confrontación.

En ese contexto, el anuncio por el Ministro del Interior de una reforma estructural a la justicia genera nuevas preocupaciones, no porque la justicia colombiana no deba ser reformada, sino porque las anteriores propuestas de este gobierno buscaron ante todo recortar las facultades actuales de los jueces.

La visita de la relatora no podía ser más oportuna, pues la independencia judicial colombiana está amenazada.