Los medios se apresuraron a decir que la Corte exigía la retirada militar de los territorios indígenas del país. En seguida salió Álvaro Uribe a calificar el hecho de “golpe de Estado” que justificaría su anhelada constituyente.
El problema es que nadie leyó la decisión de la Corte: ni los periodistas, ni mucho menos el puro, centrista y demócrata. Por eso no informaron lo que dijo la Corte y terminaron contando lo que no dijo.
Lo de la base militar es una nota al margen de un completo diagnóstico y un conjunto de órdenes que ratifican lo que vienen diciendo los nasa en el Cauca: que los pueblos indígenas “están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente”, como concluye la Corte en la decisión que armó la controversia (el auto 173), sobre los indígenas jiw y nukak.
Semejante conclusión se les escapó a los comunicadores, aunque encabece el texto de las órdenes. En procura de una chiva que prolongue el reality Uribe vs. Santos, pasaron de largo que el fallo era el corte de cuentas a tres años de incumplimiento de ambos gobiernos de las medidas elementales que la misma Corte había exigido para intentar salvar al 65% de los pueblos indígenas colombianos, que están en una situación similar.
Lo que dijo la Corte es que no existe un programa nacional serio para manejar la situación, no hay cronogramas ni presupuestos concretos, pero sí una profunda descoordinación entre las entidades gubernamentales. Desde 2009, cuando la Corte hizo el diagnóstico anterior (el auto 04), se han hecho apenas dos de los 34 planes de protección que ordenó para los pueblos más afectados por la violencia.
Para la muestra está lo que encontró la Corte en diciembre pasado en los territorios jiw y nukak. El 60% de los jiw han sido desplazados. Los nómadas nukak están tan debilitados por su confinamiento forzado en San José del Guaviare que no hay ni siquiera una autoridad del pueblo con quién concertar. Si los afanados periodistas hubieran reparado un momento en las fotos del informe de la visita, habrían visto que la noticia es que los indígenas se están muriendo de hambre en campos de refugiados indigentes. Y de las consecuencias del fuego cruzado en que se encuentran.
Lo cual nos lleva al tema de la base militar. Si se lee el texto, en ninguna parte dice que las Fuerzas Armadas tienen que salir de esa zona del país. Se trata de un asunto de linderos entre el resguardo indígena y el terreno de 250 hectáreas que tienen las Fuerzas Armadas, donde van a seguir presentes y van a trasladar las construcciones que habían hecho ilegalmente en las 6 hectáreas del resguardo que deben devolver. Como aclaró la Corte en un comunicado, “la seguridad nacional no se verá comprometida con la reubicación de ninguna de estas construcciones, pero su permanencia sí compromete la existencia misma del pueblo indígena jiw”.
Tampoco dijo la Corte que los militares deben salir de los demás territorios indígenas. Pero sí que deben cumplir los requisitos del derecho internacional humanitario y el Convenio 169 de la OIT, que implican que la ubicación de las instalaciones militares en territorios indígenas debe ser consultada previamente con los afectados, precaver daños y ser estrictamente necesaria.
Es cierto que la prosa de la Corte es ampulosa, que sus fallos serían doblemente útiles si tuvieran la mitad de páginas y que su estrategia de comunicaciones deja mucho que desear. Pero harían bien los periodistas (y los negociadores del Gobierno en el Cauca) en tomarse unos minutos más para entender lo que está diciendo. Puede ser un asunto de vida o muerte para los indígenas.