Para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (koguis, wiwas, arhuacos y kankuamos), la Línea Negra es la delimitación de su territorio ancestral. | Manuel Dueñas - EFE

Indígenas y organizaciones civiles esperan el pronunciamiento de la Corte sobre el futuro de la minería en la Sierra Nevada

Desde Dejusticia creemos que el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, que habitan territorios complejos, como Línea Negra, debería garantizarse mediante espacios de diálogos interculturales entre las comunidades ancestrales y el Estado. La Sala Plena de la Corte Costitucional se pronunciaría este 15 de agosto sobre el tema.

Este 15 de agosto, se espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre uno de los temas más importantes para los pueblos indígenas de Colombia, en materia de participación. Los magistrados entregarán su concepto sobre cómo se deberían organizar los procesos de consulta previa con las comunidades indígenas, teniendo como referencia el caso de los Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa, quienes le han solicitado a la Corte que proteja su territorio ancestral, la Línea Negra, de la llegada de proyectos mineros y a la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Sobre la Línea Negra, entendida por los pueblos originarios como “el corazón del mundo”, hay dibujados casi 400 títulos mineros vigentes y en trámite que pueden poner en peligro uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país, pues provee el agua de 1.5 millones de personas, es refugio de una amplia variedad de especies de flora y fauna, tanto que fue declarada reserva de la Biosfera por la UNESCO.

La lucha de los pueblos indígenas por la protección de éste territorio y por ser tenidos en cuenta en las decisiones que se tomen frente él tiene varios antecedentes. En 2014, la Corte ordenó la suspensión de un título minero que se había sido otorgado dentro de la Línea Negra sin haber llevado a cabo la consulta previa. En su sentencia (T-849 de 2014) la Corte marcó un hito al afirmar que los derechos de los pueblos Kogui, Arhuaco, Kankuamo y Wiwa, como habitantes de ese territorio, deben ser protegidos, aunque Línea Negra no esté constituida como resguardo.

Al conocer esta decisión, el Gobierno decidió citar a los pueblos para la consulta de centenares de proyectos mineros, pero las comunidades de la Sierra consideraron que atender casi 400 procesos de consulta previa era desgastante y contraproducente para la protección del territorio, así que en febrero de 2016, decidieron no participar de las consultas hasta que no se cree un protocolo que ordene este proceso.

A esta petición, el Ministerio del Interior respondió diciendo que las consultas previas tenían que continuar, lo que generó un malestar en las comunidades que las llevó a presentar una tutela en la que exigían la garantía del derecho a la consulta previa, libre e informada, así como la creación del protocolo de consulta previa y la realización de evaluaciones de impacto ambiental que dieran cuenta de los impactos acumulados de 400 proyectos mineros en la Sierra Nevada.

Si bien la tutela se presentó a mediados del 2016, solo hasta ahora, en agosto de 2019, la Corte estudiará el caso. La razón, es porque tanto en 2016 y 2017 la Corte Constitucional anuló todas las actuaciones de los jueces de instancia frente al caso por no cumplir con ciertos requisitos de forma, como haber notificado a los titulares mineros que podrían verse afectados por la decisión. Finalmente, en julio de 2018, la Corte seleccionó el caso por tercera vez, para estudiarlo, al considerar que los requisitos de forma habían sido subsanados. 

El 6 de agosto de 2018, después de un diálogo y una construcción conjunta con los pueblos indígenas, fue expedido el Decreto 1500, que redefinió el territorio de la Línea Negra y creo instancias de planeación integral de dicho territorio. Posteriormente, en septiembre pasado, la Corte consideró que debido a la relevancia del tema, la Sala Plena sería quien estudiaría la tutela y tomaría una decisión de fondo, por lo que se suspendieron los términos ordinarios para tomar la decisión y es por eso que hoy, 15 de agosto de 2019, se entregará ese pronunciamiento.

Nuestros argumentos frente a la protección de La Línea Negra

El más reciente aporte de Dejusticia a este debate se dió en diciembre de 2018, cuando intervenimos, ante la Corte Constitucional, en favor del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Allí, defendimos que la Sierra Nevada de Santa Marta es un “territorio complejo” por la confluencia de factores ecológicos, biológicos, económicos, culturales, político-administrativos y sociales que reúne. 

De un lado, la Sierra es un territorio que alberga una gran variedad de climas, ecosistemas, recursos hídricos, recursos naturales no renovables, fauna y flora, que ejecutan diversas funciones ecológicas y prestan múltiples servicios ambientales vitales para todas las especies, incluyendo los grupos humanos que habitan el territorio. Y de otro lado, la Sierra presenta una geografía administrativa compleja que: se extiende sobre tres departamentos (Guajira, Magdanena y Cesar) y 17 municipios; sobre ella operan tres autoridades ambientales distintas; hay tre resguardos indígenas, cuatro áreas protegidas y un parque arqueológico. 

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La multiplicidad de autoridades, competencias e instrumentos que operan sobre la Sierra exige que para una adecuada gestión y manejo del territorio es fundamental la existencia de canales efectivos de coordinación entre entidades. También, resulta relevante crear y conservar los espacios en los que las comunidades puedan participar activa y eficazmente de la decisión sobre el modelo de desarrollo, la planeación del territorio y la utilización y protección de los recursos naturales. En este escenario, el derecho a la consulta previa surge precisamente para garantizar que los pueblos indígenas puedan participar en las decisiones que pueden tener una injerencia importante en su autodeterminación y pervivencia física y cultural. 

No obstante, consideramos que, a pesar de los avances de la Corte Constitucional hacia la garantía de este derecho, en la práctica, la manera en la que este mecanismo se ha venido aplicando en territorios complejos como la Sierra Nevada, ha resultado insuficiente para salvaguardar los derechos bioculturales de los pueblos indígenas.

Como alternativa, argumentamos que la forma más adecuada de garantizar de forma eficaz el derecho a la consulta previa en el caso de intervenciones en territorios complejos, como la Sierra, es mediante espacios de planeación integral y estratégica del territorio. Esto es, escenarios de coordinación en los que se armonicen las distintas visiones del territorio, mediante la participación activa y eficaz de las instituciones del Estado y los pueblos indígenas bajo el marco de un diálogo intercultural. Estos espacios, a diferencia del procedimiento actual de consulta previa, limitados al estudio y aprobación de proyectos específicos, deben ser un escenario para discutir el modelo de desarrollo a implementar en el territorio y planear estratégicamente la utilización y conservación de los recursos naturales presentes en él. 

Finalmente, argumentamos que este espacio de planeación integral y estratégica de la Sierra puede concretarse en la Mesa de seguimiento y coordinación para la protección del territorio tradicional y ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM demarcado por la Línea Negra, creada por el artículo 10 del Decreto 1500 de 2018. De esta manera no habría que crear un nuevo espacio sino poner un instancia que ya está creada legalmente. Así mismo, propusimos a la Corte una serie de lineamientos generales para que la puesta en marcha de la Mesa de coordinación y seguimiento garantice de forma eficaz el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas.

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