Por sus aportes a la transparencia y a la lucha anticorrupción, presentar la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas es un paso obligado para cualquier funcionario que asume un cargo público. (Ver por qué en la infografía al final de este texto)

Salvo algunas excepciones, toda la información que está en poder del Estado es pública. En esa medida, estos documentos, que aclaran qué bienes y rentas poseen los servidores; su participación en juntas, consejos y organizaciones, y su actividad económica alterna, pueden y deben ser conocidos por la ciudadanía.

Ahora bien, si por ejemplo nuestros congresistas no divulgan proactivamente esta información, cualquier ciudadano podría pedirla a través de una solicitud de acceso a información pública, que deberá ser respondida en no más de 10 días hábiles.

A este último recurso acudimos Dejusticia y el medio Cuestión Pública. Para fines académicos y de divulgación periodística, y estando en vísperas de las elecciones legislativas de 2018, quisimos conocer la Declaración Juramentada de Bienes y Renta de 20 congresistas que no la habían publicado.

Nueve de ellos respondieron a nuestra petición, pero 11 no lo hicieron, negaron el acceso a la información o su divulgación argumentando la protección de sus derechos a la intimidad y a la seguridad personal, hicieron una entrega incompleta o en la práctica impidieron el acceso a los documentos. (Entérese quiénes en la infografía al final de este texto)

Contra ellos radicamos una acción de tutela para proteger nuestros derechos fundamentales de petición, libertad de información, acceso a información pública, participación ciudadana y control social de los representantes elegidos popularmente. Sin embargo, esta demanda no prosperó ni en el Juzgado 58 Administrativo de Bogotá ni en Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuyos jueces sostuvieron, esencialmente, que la tutela no era la acción judicial indicada para este caso.

Lea aquí: Presentamos tutela para pedirles a 11 congresistas que divulguen sus ingresos y sus eventuales conflictos de interés

Así las cosas, le pedimos a la Corte Constitucional que seleccionara nuestro caso para revisión. Consideramos que se necesita un pronunciamiento sobre la procedencia de la tutela a la hora de proteger la libertad de información y el acceso a la información pública, y sobre el alcance de los derechos a la intimidad y a la seguridad personal de los servidores públicos.

También creemos que la Corte debe pronunciarse sobre los beneficios del acceso a la información personal, de carácter financiero, de los altos funcionarios, para la lucha contra la corrupción: un asunto primordial para el país.

La Corte Constitucional tomó en cuenta nuestras consideraciones, y en octubre del año pasado decidió seleccionar el caso para su revisión.

Varios aliados en la lucha por la transparencia nos han apoyado y han enviado intervenciones ante la Corte respecto a este. Así lo han hecho Congreso Visible, la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

Estamos a la expectativa del fallo judicial, que podríamos conocer durante los próximos días. Porque queremos que nadie se quede sin entender este caso, y porque todos tenemos derecho a conocer la información financiera de quienes están en el poder, les compartimos estas piezas infográficas que puede ampliar con solo un click.